Vecinos de los partidos de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, San Martín y La Matanza pidieron a la Justicia el cierre definitivo y permanente de la Base Militar El Palomar, que actualmente es utilizada como terminal aérea por la "low cost" Flybondi.

El reclamo vecinal subraya que existe un peligro cierto de que se produzca un accidente fatal a causa de las operaciones aéreas.

Los denunciantes reclaman la urgente intervención de la justicia “antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”. Además, afirman que la presentación se realiza con aporte de documentación y pruebas.

La denuncia fue realizada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Lucas Marisi del colectivo Stop Flybondi oficial, ante el fiscal Jorge Di Lello. Este es el mismo funcionario judicial que días atrás solicitó que se contemple la posibilidad de ordenar la suspensión de los vuelos de Flybondi hasta tanto se evalúe si la empresa está en condiciones de garantizar la seguridad de los pasajeros.

La documentación aportada por los vecinos demostraría, según los denunciantes, que “El Palomar nunca debió ser utilizado como aeropuerto comercial, ya que es imposible garantizar las condiciones mínimas de seguridad”.

La denuncia también advierte sobre el "riesgo mortal” que corren más de 15.000 alumnos que asisten a escuelas ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto. Se destaca el colegio Emaús, con más de 3.000 chicos ubicados en la línea recta a 650 metros del final de la pista.

Los vecinos reclaman la urgente intervención del fiscal Di Lello y lo hicieron “responsable en forma directa en caso de que suceda una tragedia ante la inacción de la justicia”.

En la presentación se enumeran distintos problemas que se sucedieron en la base de El Palomar: aterrizajes fallidos, cortes de luz, suspensión de vuelos, despegues abortados, entre otros, detalla MinutoUno.

La presentación se realizó en el marco del expediente que lleva adelante el juez federal Sergio Torres a cargo de una causa caratulada “Macri Mauricio, De Andreis Fernando, y otros S/ asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública” en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de rutas aéreas a compañías low cost.