Funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Oficina Anticorrupción (OA) se presentaron en el juzgado de Claudio Bonadio para ofrecer colaboración en la causa que investiga los cuadernos de las coimas.

El propio titular de la AFIP Leandro Cuccioli se reunió en el despacho de Bonadio a primera hora de la mañana. El funcionario se acercó al juzgado para evaluar qué datos puede aportar la AFIP a la investigación.

El organismo recaudador podría facilitar información contable sobre los empresarios que están involucrados en las anotaciones que realizó el chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.

¿Viola el secreto fiscal?

Respecto a si la decisión de la AFIP viola el secreto fiscal, Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ explicó a iProfesional que "la Ley de Procedimiento Tributario en su artículo 101 regula todo lo atinente al secreto fiscal y al deber de sigilo que se aplica para los empleados de la AFIP y para todos aquellos funcionarios, magistrados o terceros que por su función -o particulares circunstancias- tienen acceso a información tributaria (sensible y protegida)".

"También esa misma ley establece excepciones para el deber de sigilo (cuya violación está reprimida por el Código Penal). Dentro de tales excepciones al secreto fiscal existe una muy puntual para el caso de procesos criminales por delitos comunes cuando la prueba se halle directamente relacionada con los hechos que se investigan", detalló Fraga.

"La norma se refiere a delitos comunes, que serían los delitos no vinculados con temas tributarios (también hay una excepción puntual para ese tipo de delitos). Quien se encontrará habilitado para determinar si la prueba se encuentra directamente relacionada con los hechos investigados (uno de los requisitos impuestos por la ley para la dispensa) será el propio juez interviniente. En el caso analizado, Claudio Bonadío", agregó el experto.

"La propia AFIP ha dictado desde hace un tiempo una disposición interna (98/2009) en la que sistematiza los diversos casos e hipótesis de excepción al secreto fiscal, que se encuentran previstos en las diferentes leyes, reglamentaciones e interpretaciones administrativas de ese organismo. En dicha disposición se establece que "Corresponde suministrar la información únicamente cuando la misma sea requerida mediante un oficio judicial como prueba en los siguientes procesos:...3.2.2.2. Procesos criminales por delitos comunes (cuando haya una directa relación con los hechos que se investiguen)", reseñó Fraga.

"Es decir, el juez Bonadíao debería pedir a la AFIP la información protegida por el secreto fiscal, mediante un oficio. Y la AFIP, como existe una excepción legal, estaría habilitada para suministrarle todos aquellos datos que resulten pertinentes para la investigación en curso", concluyó Fraga.