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Última actualización 17.37 hs
Buenos Aires, 7 de febrero de 2006

Obligan a indexar por inflación un juicio laboral Guardar nota   

La decisión judicial causa conmoción entre los empresarios. Se teme que haya una avalancha de sentencias en la misma línea. Es el primer caso en el cual se declara inconstitucional la "no indexación" de una deuda y obliga a la empresa a ajustar la condena según el índice de inflación

La Sala VI de la cámara laboral ordenó ajustar una condena, aplicando el Indice de Precios al Consumidor junto con la tasa activa del Banco Nación. Para los laboralistas es un antecedente peligroso.

En un fallo controvertido que ya causa alarma en las cúpulas empresarias, la Sala VI de la cámara laboral ordenó ajustar los intereses de una condena laboral aplicando el índice de precios al consumidor junto con la tasa activa del Banco Nación.

Es decir, ordenó reindexar una condena laboral, una postura que no reconoce precedentes en las otras salas del fuero.

Para llegar a esa decisión, los magistrados declararon de oficio la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25.561, de emergencia económica, que en enero de 2002 ratificó la prohibición de las cláusulas de indexación a las obligaciones pendientes de pago.

El pronunciamiento aparece como un nuevo foco de preocupación para los empleadores, ya que podría potenciarse el impacto económico de las condenas laborales, teniendo en cuenta que la prohibición de establecer cláusulas de indexación es común para todas las actividades económicas.

Plenario
El fallo de la Sala VI contradice la línea jurisprudencial que adoptó el resto de las salas a partir de un Plenario de Cámara que en mayo del 2002 dispuso que, dada la prohibición de indexar, los intereses de una condena laboral serían ajustados desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo pago, aplicando la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.

De hecho, las otras nueve salas laborales vienen pronunciándose en ese sentido y ordenan ajustar las condenas laborales exclusivamente con la tasa del Banco Nación.

Inconstitucional
En el fallo que permite la actualización por CER, el voto de la mayoría correspondió a los magistrados Rodolfo Capón Filas y Néstor Rodríguez Brunengo.

Los camaristas confirmaron la decisión de la jueza de grado que declaró la inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 25.561, al entender que "la desvalorización del crédito del actor por la inflación es un hecho notorio y negarlo perjudicaría el patrimonio del actor, vulnerando los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional".

El voto de la minoría correspondió a Juan Carlos Fernández Madrid que adhirió al precedente de la Corte Suprema en Dugan Trocello, por el que se prohibió realizar ajustes de balances por inflación. En esa línea, Fernández Madrid entendió que "la indexación no era procedente".

Para los especialistas, el fallo es una muestra más de un criterio judicial cada vez más amplio del principio general de protección de los intereses del trabajador. Así, para Federico Basile, de M&M Bomchil, la Justicia laboral impone sentencias "cada vez más onerosas" a los empleadores, criterio generalizado que se mantuvo en los últimos dos años.

También cuestionan la declaración de inconstitucionalidad de oficio, a la que catalogan como "una clara extralimitación de atribuciones, al margen de resultar totalmente contraproducente como precedente, en cuanto implica un encarecimiento injustificado de la condena", según Juan Larrouy, del estudio Rattagan.

La Corte Suprema de Justicia es pacífica y reiterada en el sentido que excluyen la posibilidad de que los jueces ejerzan el control de constitucionalidad a influjo de su propia iniciativa.

Así, para Larrouy, al evaluarse la inconstitucionalidad de una ley "no debe pensarse cuál es la ley mejor que los jueces habrían dictado si en lugar de jueces hubiesen sido legisladores, sino que deberá averiguarse si la norma sancionada por el Poder Legislativo se conforma o no con la Constitución, independientemente de si es la ley "ideal" o la más feliz que pudiera haberse establecido".


Emergencia
En enero de 2002, la ley de emergencia económica, N° 25.561, modificó la ley de convertibilidad 23.928, disponiendo que no se admitiría ningún tipo de "actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor".

Frente a la prohibición legal de los mecanismos de indexación, la cámara laboral resolvió que "la tasa activa del Banco de la Nación Argentina es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales ya que equivale al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo".

A la luz de este nuevo pronunciamiento judicial, ese criterio adoptado en Plenario hoy bien podría considerarse letra muerta para la Sala VI.

Leer más: Análisis desde Funes de Rioja & Asociados: Indexación en juicios laborales: un incentivo a la litigiosidad
                  "Permitir mayores ajustes es otro avance contra la seguridad jurídica"

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María Bourdin
mbourdin@infobae.com



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