A YPF se le abrió un nuevo frente judicial en Estados Unidos que involucra a la firma Maxus, una petrolera que la empresa compró en 1995, y un conflicto por daños ambientales que data de hace 60 años.

Según Clarín, la compañía informó que dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings, fueron notificadas de una demanda judicial promovida por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation, que reclama supuestos daños por un monto de hasta u$s14.000 millones.

Los reclamos están relacionados, dice YPF, con "supuestas operaciones corporativas de reestructuración que la sociedad habría celebrado años atrás".

Hace dos años, YPF mandó a concurso de acreedores a Maxus. El objetivo era que esa firma, a la que transfirió unos u$s200 millones para que haga frente a pagos por remediaciones ambientales, cerrara y que YPF se liberase de potenciales demandas en su contra. La demanda parece estar haciendo referencia a esa reestructuración societaria.

La demanda del Fideicomiso también se dirige contra YPF, YPF International y otras compañías no afiliadas a YPF, pero no fueron notificadas.

El estado de Nueva Jersey acusó a Maxus de contaminar el río Passaic durante los años 50 y 60. Se le marcó que habría vertido Dioxin, uno de los productos más contaminantes del mundo.

La aludida contaminación ocurrió varios años antes de la adquisición (de Maxus por YPF). En caso de ser notificada válidamente, YPF se defenderá firmemente de cualquier acusación de que las operaciones corporativas referidas en el reclamo, las cuales se realizaron de acuerdo a las normas de gobierno corporativo y demás normativa aplicable, hagan responsable a YPF ante Maxus o sus acreedores.

El reclamo del Fideicomiso fue iniciado ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware de los Estados Unidos.

YPF también es objeto de demandas por parte del fondo buitre Burford, que reclama al país unos u$s3.000 millones por la expropiación de la petrolera. A principios de julio, un tribunal de Nueva York falló en contra de la Argentina y resolvió que la demanda debe continuar su proceso en Estados Unidos y no trasladarse a Buenos Aires, como reclamaba el gobierno nacional.

El fondo Burford Capita se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

El fallo puede ser apelado aún por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos.