El ex secretario de Obras Públicas José López declaró este viernes en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido" en la causa por los cuadernos de las coimas y, por cuestiones de seguridad, fue modificado su lugar de detención y trasladado a un "domicilio reservado" tras ingresar al Sistema de Protección de Testigos e Imputados.

Según indicaron fuentes judiciales, el ex funcionario firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en imputado colaborador en la causa, el que deberá ser homologado ahora por el juez federal Claudio Bonadio.

López pasó ayer más de cinco horas junto a su abogado Gustavo Kollmann frente al fiscal Stornelli. Después de las 20, distintos funcionarios judiciales y del Gobierno realizaron gestiones frenéticas para acelerar el ingreso al programa de protección a testigos.

El primer beneficio que recibirá será una mejora en sus condiciones de detención, aunque no será excarcelado.

El exfuncionario está acusado de ser partícipe de una asociación ilícita liderada por Julio De Vido y Cristina Kirchner.  Admitió su participación en el esquema de pagos ilegales, una confesión que podría también involucrar a los interlocutores con los que solía tratar el exfuncionario, como intendentes y gobernadores, personajes que hasta ahora no habían sido involucrados en la investigación derivada de los cuadernos de las coimas.

Similar es el caso del financista Ernesto Clarens, cercano al matrimonio Kirchner y quien también hizo este viernes su descargo como "arrepentido" tras haber sido mencionado por algunos de los empresarios como el receptor de las coimas, por lo que Bonadio decidirá si acepta su solicitud.

Clarens es hombre clave en las causas donde se investiga si los Kirchner lavaron dinero: de hecho su financiera, Invernes S.A., es foco de diversas investigaciones y acusada de haberle garantizado al empresario Lázaro Báez la es estructura necesaria para llevar millones de dólares al exterior.

A través de él, Stornelli y Bonadio buscan desentrañar el destino del dinero de las coimas trasladadas en los bolsos, según surge de los escritos del ex chofer del ex secretario Roberto Baratta, número dos del ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

López, en tanto, fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, tras haber manifestado que tenía temor por su seguridad y la de su familia por haber declarado finalmente en la causa que involucra a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo.

Por ese motivo, no regresará al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde aquella madrugada de junio de 2016 cuando fue detectado con bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez: será alojado transitoriamente en un "domicilio reservado", indicaron fuentes judiciales.

El sistema, de hecho, se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un "aporte trascendente" a una investigación judicial de competencia federal y que, como consecuencia de ello, se encuentren en una situación de riesgo.

Precisamente, esta semana el penal de Ezeiza fue noticia luego de que los empresarios José María Núñez Carmona, Fabián De Sousa y el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina se agredieran con golpes de puño este lunes por la noche en un salón común, donde se encuentran detenidos.

La declaración de López se produjo luego de que la semana pasada se negara a dar su testimonio en el marco esta causa: en los hechos, fue involucrado a partir de la declaración de quien fuera su segundo en la cartera de Obras Públicas, Germán Nivello, quien brindó detalles de los pagos ilegales por la concesión de obra pública.

Puntualmente, Nivello declaró que -por orden de López- le llevó al ex secretario Roberto Baratta dos bolsos con $1,2 millones que estaban destinados a la campaña electoral de Tucumán, donde López se quería postular a gobernador en 2015.

Su giro se debió a que hubo varios arrepentidos en la causa de los cuadernos. Algunos exfuncionarios, como Claudio Uberti, y otros empresarios explicaron cómo funcionaban los pagos ilegales para la obra pública durante el kirchnerismo, un área que López manejaba directamente.

López se convirtió así en el funcionario de mayor rango que se sumó al régimen del arrepentido. La ley no permite que una escala jerárquica superior a la suya, como por ejemplo la de un ministro, tenga el beneficio de transformarse en arrepentido. El otro funcionario que había sido imputado colaborador con la Justicia durante esta semana fue Uberti, que relató los sobornos en las concesiones viales.

El pasado viernes, el exsecretario de Obras Públicas también había declarado en el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito: aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no era de él, sino de "personas vinculadas a la política" y que lo obligaron a trasladarlo.