La Cámara de Diputados retomará su actividad plenaria luego de que concluyera el calendario electoral. El 20 de noviembre realizará una sesión en la que los principales temas serán los proyectos para regular el sistema de alquileres y la denominada "ley sobre góndolas". Ambos cuentan con dictamen de comisión y existe un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobarlos.

En este último tema, en el que se busca regular la competencia de marcas en las góndolas de los supermercados para frenar las conductas monopólicas, se sancionará un texto. El debate será por determinar su contenido, en el que Juntos por el Cambio y el peronismo unido -FpV-PJ, Frente Renovador y bloque Justicialista, entre otros- tienen diferencias.

El peronismo corre con la ventaja de que su propuesta es la que tiene dictamen de mayoría y las negociaciones, con algunas intermitencias, se llevan adelante desde mayo. Y fue también, durante la campaña, reclamada por el ahora presidente electo, Alberto Fernández.

El diputado Sergio Massa, quien fue artífice de la unión del Frente de Todos, afirmó que es necesario sancionar este tipo de leyes porque la competencia y la moderación de los monopolios alimenticios es una parte clave del "acuerdo económico y social" que impulsa el espacio al que pertenece.

En este contexto, apuntó directamente contra la alimenticia Molinos Río de la Plata y los supermercados por ejercer una posición dominante en el mercado.

"Acá hay dos grandes empresas alimenticias que monopolizan el 70% de las góndolas", enfatizó.

Y al respecto explicó que, a veces, la gente cree que compra un producto de distintas marcas cuando, en realidad, son del mismo fabricante.

"La ley de góndolas lo que representa es competencia. En la Argentina de empresarios que hablan de mercado libre y competencia, vamos a poder tener una ley que genera más competencia", justificó.

Por último, lanzó una severa crítica al gobierno de Mauricio Macri: "En estos cuatro años pusieron al zorro a cuidar el gallinero, porque el secretario de Comercio era dueño de una cadena de supermercados, pariente además del jefe de Gabinete".

El proyecto con dictamen de mayoría establece que una misma marca no podrá acaparar más del 30% de la góndola, mientras que la propuesta en minoría de Juntos por el Cambio no establece porcentaje; sólo ordena asegurar la participación de "al menos tres proveedores diferentes" en la misma categoría de productos de la canasta básica.

El dictamen de la actual oposición establece también que las pymes tendrán destinado un 25% de la góndola, mientras que los productos originados por "la agricultura familiar, campesina o indígena" tendrán un espacio del 5% adicional.

Asimismo, los productos producidos por pymes tendrán que ser exhibidos en las denominadas "islas" y en los espacios contiguos a las cajas, que son privilegiados para la vista del consumidor.

La propuesta busca además ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro/pequeñas y medianas empresas y fomentar, a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la economía popular.

En tanto que el dictamen del macrismo establece un ordenamiento vertical de la góndola, de modo que los productos de segundas marcas no queden relegados a espacios incómodos o de difícil acceso.

Protestas de los supermercados

Los ejecutivos hipermercadistas y los fabricantes de alimentos se muestran indignados con la iniciativa. a la que ya califican como "abusiva" y "arbitraria".

Advierten además que, de convertirse en ley, tendrá preocupantes consecuencias para los supermercados que podrían derivar en despidos masivos de personal y el cierre de varias de sus sucursales. Y anticipan la posibilidad de "judicializar" la batalla contra el proyecto si es que finalmente tiene el visto bueno en el Congreso de la Nación.

Por lo pronto, tendrá media sanción este año y el Senado podría tratarla en sesiones extraordinarias durante diciembre o en febrero de 2020. Para Fernández es clave porque, desde su punto de vista, le permitirá avanzar con el denominado "Pacto Social" entre empresas, sindicatos y otros sectores fundamentales de la economía.

Hace unos meses, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) acusó a quienes impulsan la ley de góndolas de querer "romper las normas del libre mercado" y de fomentar "la intromisión del Estado en un negocio privado".

Según su visión, "ninguno de los objetivos que se pretenden cumplir con esta ley se van a obtener mediante su ejecución tal como la plantean los diputados".

Para la cámara empresaria, que agrupa a las grandes marcas de supermercados del país como Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima, la norma es "inconstitucional" y podría profundizar la crisis que estas cadenas ya sufren como consecuencia de la recesión, la caída del consumo, la suba de la inflación y la volatilidad del dólar.

"La ley parte del mito de creer que la ubicación de un producto en una góndola asegura la creación de una marca, cuando no es cierto", detallan desde la asociación, que pone como ejemplo los productos propios de los supermercados "que, a pesar de tener un lugar privilegiado y un abastecimiento asegurado, avanzan a paso de tortuga y no tienen el peso que logran en otros países".

Con la misma visión, desde otro híper cuestionan que el proyecto deja afuera a otros importantes jugadores del mercado como los chinos, los supermercados de barrio y los de proximidad que no pertenezcan a una de las grandes cadenas. "Nos sancionan a nosotros, que somos competitivos entre sí, que solamente tenemos una porción menor del negocio y todo en regla", agregan.

También señalan que la regulación sobre la ubicación de los artículos no necesariamente reflejará la demanda de los consumidores. "Por más que un artículo tenga la mejor ubicación, si la gente no lo compra no hay forma de que la ley se aplique", explica el CEO de una de las empresas alimenticias más grandes del país y con una gran cantidad de productos ubicados de manera preferencial en las góndolas de los híper.

En cambio, quien considera que esta norma es favorable es Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, porque "en los supermercados hay más del 30% de sobreprecios por las empresas con poder dominante" y que ayudará a las empresas de menor envergadura.