Mientras espera ser indagado por el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos K el martes de la semana próxima, Aldo Benito Roggio negó haber pagado sobornos en otro caso diferente pero que lo involucra junto a varios de los mismos empresarios mencionados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Se trata de una investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que busca probar la pata local del Lava Jato, el caso de corrupción más importante en la historia de Brasil que tiene al grupo Odebrecht del país vecino haciendo negocios irregulares en la Argentina.

Casanello investiga presuntos sobreprecios en la construcción de dos plantas de AySA: una en Paraná de las Palmas, Tigre, y la otra en Berazategui que le fueron otorgadas por el gobierno kirchnerista a una Unidad Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, José Cartellone Construcciones Civiles y Supercemento. La otra, la llevaron adelante Esuco y la brasileña Camargo Correa.

En mayo pasado, el magistrado dispuso un total de 19 procesamientos, entre los que se destacan también los del ex titular de AySA Carlos Ben.

En ese marco, Roggio estuvo este miércoles pasado en Comodoro Py, sede de los tribunales federales, para declarar sobre esta causa. Fue el mismo día en que en el juzgado de Bonadío desfilaron varios de los indagados por el caso de los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Una causa en la cual los hombres de negocios están admitiendo haber entregado dinero en bolsos y en efectivo para financiar campañas políticas de Cristina Kirchner y de su esposo, Néstor Kirchner. Roggio deberá concurrir el próximo martes a declarar ante Bonadío. Y, según su entorno, está dispuesto a colaborar con el magistrado.

Si bien no se sabe de qué manera, es probable que siga la misma línea argumental que la inaugurada por Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, quien fue el primero en reconocer que el dinero se usó para proselitismo K. En este caso, el nombre de Roggio aparecería en el cuaderno del 2008, en una reunión en la que participó junto a ex funcionarios en un restaurante. Y las restantes son menciones a visitas de Centeno al edificio de la Avenida Alem al 1100, sede de las oficinas del grupo Roggio que la semana pasada fueron allanadas.

En su entorno se asegura que está dispuesto a colaborar con la investigación de Bonadío, aunque no se sabe si lo hará como arrepentido o imputado colaborador. Si lo hace, su línea argumental será diametralmente opuesta a la que expuso para defenderse en el caso Odebrecht en donde negó el pago de coimas y pidió su sobreseimiento.

Según un escrito que presentó ante el juez Casanello y al que pudo acceder iProfesional, el empresario rechazó haber pagado sobornos de ningún tipo ni participado de cualquier modo en su eventual pago o decisión de pago. Para Roggio las acusaciones se basan “exclusivamente, en una suposición carente del más mínimo fundamento”.

Considera que no es cierto que las empresas locales necesariamente debieron haber participado de los pagos que habría hecho Odebrecht porque no parece lógico que solamente el grupo brasileño haya cargado con el costo de la actividad ilegal cuando el beneficio lo habrían obtenido todas las socias en la UTE según la posición de la querella, la Oficina Anticorrupción.

La denuncia está basada en una delación premiada desarrollada en Brasil por Luiz Antonio Mameri, un ex director de Odebrecht para América latina, quien dijo que los socios argentinos de la obra Aguas del Paraná habrían participado en supuestos pagos indebidos para ganar la licitación.

Qué dijo en su presentación 

En su presentación, Roggio cuestiona cada punto de la declaración de Mameri y argumenta que se trata de meras suposiciones y hasta menitras.

“La fuerza valorativa de la afirmación del Sr. Mameri, resulta sumamente frágil y genera más dudas que certezas”, agrega en su escrito. “Estos argumentos no son válidos ni suficientes como para servir de apoyo a un eventual procesamiento”, reclama Roggio a Casanello, quien lo acusa del delito de administración fraudulenta contra la administración pública.

Según su visión, en el testimonio de Mameri nada se dice con relación a su persona; en ningún momento se lo menciona como autor o partícipe de cohecho. “Y más allá de las imprecisiones que presenta, tampoco se refiere al contexto en el que habría ocurrido, ni de tiempo, modo ni lugar”, aclara. Tambiém argumenta que “asignarme responsabilidad penal en esta causa por el solo hecho de revestir la condición de presidente del directorio de Benito Roggio e Hijos S.A., respondiendo a una necesidad funcional de un ente jurídico incapaz de manifestarse por sí mismo, constituye un verdadero desatino”.

Agrega que su única intervención en la obra de Paraná de las Palmas (o Aguas del Paraná) fue presidir la reunión de directorio de su grupo en la que se resolvió formular una oferta junto a Odebretch, Supercemento y José Cartellone en la licitación pública internacional convocada por AySA, “BRH ajustó su proceder a la irreprochable consecución del objeto de la sociedad, interviniendo en una licitación internacional vinculada a una de las empresas más importantes de Brasil y a dos compañías argentinas de reconocido prestigio nacional”, argumenta.

Roggio señala además que no tuvo la participación que se le quiere endilgar, además de desconocer a la mayoría de los investigados, como a las firmas y cuentas sospechadas. “De la causa no surge ni un solo elemento probatorio que me vincule con las entidades bancarias involucradas, con las que nunca he operado”, sostiene.

En este párrafo de su escrito, Roggio se refiere a Banca Privada De Andorra (Bpa); Meinl Bank de Antigua y Barbuda; Credicorp Bank S.A. de Panamá; Wells Fargo Bank de US; Bank of America, Swift bofaus3n; ni Deutsche Bank AG swift deutdeff y el Banco Itaú (sucursal Montevideo). Todas entidades que aparecen en la causa del Lava Jato.

También niega haber tenido relaciones con otras empresas usadas por Odebrecht para canalizar las coimas como Innovation Research Engineering And Development Ltd (Iread); Klienfeld Services Ltd; Trident Inter Trading Ltd; Constructora Internacional Del Sur S.A. entre otras.  Asegura no conocer a Andrés Norberto Sanguinetti Barros (alias “Betingo”); Marcelo Odebrecht; Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez; Alberto Youseff, Leonardo Meirelles y otros apellidos que figuran en el expediente.

“No obra, en la causa, ningún elemento probatorio que demuestre mínimamente que yo haya participado en reuniones con funcionarios públicos en que se hubieran tratado pagos o actividades ilegales”, sentencia Roggio. De hecho, vuelve a rechazar “enfáticamente”, su participación con el Lava Jato o con el pago de sobornos atribuido a empresas brasileñas.

Dice no haber tenido conocimiento del esquema de corrupción ensamblado por esas compañías, que tuvo proyección a distintos países de Latinoamérica.  Pero agrega que la presencia de Odebrecht en la UTE, “favoreció la oferta del conjunto, desde que pudo ofrecer, a través de Odebrecht Brasil, la financiación de parte de tan importante obra, sumada –desde ya-, su experiencia indiscutible en el ámbito internacional”.

En todo su escrito, Roggio y sus abogados critican la instrucción de la causa llevada a cabo por el fiscal Federico Delgado a quien acusan de haberles negado a las defensas el derecho a controlar la prueba de cargo.

“Me pregunto qué medida probatoria concreta o circunstancia me vincula (a mí o a la UTE) con los supuestos giros o desvíos económicos. Y en el caso de que se determine un giro o desvío económico, que hasta ahora no ha ocurrido, cómo se sabe que está relacionado con esta licitación y no con cualquiera de las otras que está en curso de investigación en la Justicia Federal, que también involucra a la empresa brasileña a la que pertenecía Luiz Mameri”, argumenta.

Y si bien admite que se puede sospechar de la existencia del esquema de corrupción internacional montado por Odebrecht, agrega que “no hay ninguna prueba seria que pueda involucrarme”.

Dice encontrarse en un callejón difícil de salir porque se le imputó responsabilidad en la licitación y construc¬ción de la obra Aguas del Paraná y se lo llamó a prestar indagatoria convencido de que había dado todas las explicaciones al juez y que realmente lo había convencido de que se había aclarado sobre la base de todas las pruebas que se fueron produciendo.

Sin embargo, acusa a Casanello de haberlo igualmente procesado “sin haber ordenado el peritaje técnico que realmente pudo haberle permitido disipar las dudas que le pudieron haber quedado”.

Por eso se pregunta si el nuevo llamado a indagatoria no busca afianzar el procesamiento anterior que, “tratando de verlo lo más objetivamente posible, es desmesurado o, al menos, apresurado. Y frente a esto, estoy absolutamente intranquilo.” Por todas estas razones Roggio le pide al juez Casanello que le dicte el auto de sobreseimiento sobre la base de que es ajeno a los hechos investigados.