La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos, que lo tipifica como delito autónomo,y permitirá que la Argentina no sea sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su próximo reunión en México el 20 de junio.

El Senado tomó la decisión en una votación de 61 legisladores que lo hicieron por la positiva, contra dos por la negativa, a cargo de los justicialistas disidentes Adolfo Rodríguez Saa y Roberto Basualdo. En particular hubo 57 votos a favor, cuatro en contra y una abstención de la formoseña Adriana Bortolozzi en la consideración en particular e idénticos guarismos arrojó el tratamiento del proyecto de "ley correctiva" que introdujo cambios en varias artículos de la nueva legislación.

La votación del Senado concluye el ciclo parlamentario de una ley reclamada por el Poder Ejecutivo ante la advertencia realizada por el organismo internacional de control de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción.

La presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, argumentó a favor de la aprobación, aunque dijo que le molestaba que "estemos siempre legislando con el apuro de términos que se vencen: La verdad es que el GAFI comenzó a pedir estos ajustes desde 2004, qué estuvimos haciendo desde entonces para tener que aprobar esas modificaciones contra reloj", preguntó.

Agregó que "en la última revisión, se determinó que la Argentina cumple parcialmente o incumple 46 de las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional" y que "los riesgos de una sanción, podrían tener consecuencias serias para todo el sector productivo y financiero argentino".

El senador radical Ernesto Sanz destacó que la legislación da a la UIF "inmensas facultades, con atribuciones de investigación y avances sobre derechos individuales y colectivos como no tiene ningún otro organismo del Estado. Me atrevo a  decir que tendrá más atribuciones que la propia AFIP", dijo y opinó que el organismo debería ser "extrapoder, alejado del ejecutivo".

Una opinión que desestimó el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, quien expresó que "la UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo, porque no es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del Gobierno frente a temas externos e internos y colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz".

María Eugenia Estenssoro introdujo una alusión a Sergio Schoklender en lo que consideró una presunta operación de lavado de activo la compra de bienes realizada durante su gestión en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

"Hubiera sido mucho mejor que la investigación que reclamaron mis colegas de la Coalición Cívica hace un año hubiera sido afrontada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y entonces hubiera mostrado una vocación real de perseguir los delitos", dijo la legisladora mientras se dirigía al titular de la UIF, José Sbatella, que se encontraba en un palco siguiendo el debate.

El socialista Rubén Giustiniani afirmó que "el lavado promueve la corrupción y esa corrupción adquiere niveles muchísimo más preocupantes cuando se transforma en impunidad" y opinó que "es fundamental esta decisión política de dotar transparencia a nuestras instituciones, aunque hoy actuemos de apuro".

Por otra parte, Rodríguez Saa rechazó la idea de sancionar la ley y después corregirla con una correctiva y anunció su voto contrario a la norma, en tanto su coprovinciana Liliana Negre objetó una serie de artículos, que luego votó en contra.

La ley tipifica la acción del lavado de activos como delito autónomo, por lo que su sanción no requerirá que la persona sancionada haya cometido otro delito. La norma elimina la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".

Para conocer más sobre las implicancias de la nueva norma, lea: "Claves para entender cuándo una persona puede ser acusada de "autolavado" de dinero".