Sábado, 18/05/2013
Buenos Aires, Argentina.
Actualizado 23:12 hs.
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Tras la estatización de YPF, el próximo paso del Gobierno es retener para el Estado el 25% de las acciones que el Grupo Petersen (Eskenazi) tiene aún en la petrolera, y por el cual esos empresarios deben todavía unos 2900 millones de dólares.
En los planes de la Casa Rosada figura la idea de ofrecer después ese paquete a una o varias empresas extranjeras para asegurar inversiones y producción de hidrocarburos, según consigna el diario La Nación.
La Presidenta buscará dirigir el reparto de las acciones entre las diez provincias petroleras agrupadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En conjunto, éstas tendrán casi el 25% del paquete de YPF cuando se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que dispone la expropiación, el miércoles próximo.
El Ejecutivo controlaría todo el negocio y la estrategia de la empresa, pese a que el Estado nacional sólo se reservó el 26% de las acciones para completar el 51% que tendrá el sector público (Nación más provincias), según la ley.
Las fuentes oficiales no descartan que el 25% de las acciones del Grupo Petersen terminen en forma indefinida en manos del Estado nacional. Todo esto lo decidirán la Presidenta y los interventores en YPF: el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Según La Nación, el Gobierno descuenta que no deberá pagar un solo peso por indemnizar a Repsol por la toma compulsiva del del 51% de su paquete accionario. En tanto, Repsol estima un resarcimiento de 10.500 millones de dólares.
También por supuestas irregularidades, la Casa Rosada estima que podrá absorber las acciones de Petersen sin aportar recursos. "No están todos los papeles en orden", sugieren fuentes de Balcarce 50.
La empresa esperará a que se complete el proceso de ingreso del Estado en YPF, cuando se apruebe la ley de expropiación. Sólo entonces se definirá con los bancos los pasos a seguir.
En Petersen se respira una clara resignación: el 25% de las acciones es un paquete tentador para que el Gobierno lo tome con la idea de ofrecerlo a otros empresarios.
Por otra parte, si bien la Nación tendrá el 26% de las acciones y las provincias el 25%, ese 51% debe votar en el directorio de manera unificada en los asuntos administrativos debido al pacto de sindicalización de acciones que fijará la ley. De este modo, la voluntad de Olivos será la clave.
Además ese 25% se dividirá entre diez provincias y cada una quedaría con poder fraccionado frente al Estado nacional, que retendrá el 26%.
Más allá de reuniones en la Ophepi, todos los gobernadores (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) están expectantes de los próximos pasos del Gobierno. De poco valen las negociaciones entre ellos, sino más bien el poder de lobby que construyan ante Cristina, De Vido y Kicillof.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, adelantó que acatará a la Casa Rosada. Pasó estas dos semanas en Buenos Aires, donde vio a De Vido y a Kicillof. Y por pedido de aquél, retiró el decreto de reversión de tres áreas retiradas a YPF.
El mendocino Francisco Perez quiere construir la segunda refinería en su distrito para ganar en el reparto. Pero De Vido la dejaría afuera del directorio que tendrá 17 lugares: nueve para sector público. El Gobierno nombrará cinco, las provincias, tres: Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Mendoza quedaría afuera y De Vido confirmaría a un delegado sindical.
