GAFI: el Gobierno buscará salir de la lista gris en octubre

El ministro de Justicia, Julio Alak, pedirá hoy en Roma al plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) una visita de alto nivel al país.

Ese es el paso previo para que la Argentina salga de la lista de países con serias deficiencias en políticas antilavado, o lista gris. El Gobierno apuesta a que eso ocurra en octubre, adelantaron fuentes oficiales.

Alak se sumará, como cabeza política, a la delegación técnica que encabeza José Sbattella, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Sbattella participó el lunes de conversaciones técnicas sobre los avances de la Argentina en la legislación contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, como parte del grupo revisor de políticas.

El Gobierno considera que ya cumplió con el plan de acción que había presentado al GAFI en febrero de 2011. Para ello, sancionó una nueva ley antilavado, una cuestionada ley antiterrorismo y dio facultades a la UIF para actuar como querellante en las causas que involucren lavado de activos, entre otras cosas. Según trascendió, todo esto fue reconocido en las tratativas técnicas del lunes.

Sin embargo, el GAFI reclamó más eficacia en la aplicación de medidas, algo que el propio Gobierno reconoce como un déficit y que es el principal escollo para salir de la revisión intensiva a la que el organismo internacional somete al país. “En mi opinión, el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del GAFI va a evaluar en qué medida se cumple el criterio de eficacia de las distintas normas que impulsó la Argentina.

En definitiva, eso es lo que va a pesar a la hora de considerar la remoción del país de la lista de países con deficiencias estructurales”, consideró Juan Félix Marteau, experto en políticas de control de lavado de dinero que participó como consultor externo del FMI en el Plan Estratégico Antilavado que presentó el lunes el gobierno uruguayo.

De concretarse la visita de alto nivel en los próximos meses, enviados del GAFI se entrevistarán con jueces, sujetos obligados y demás actores encargados del control del lavado de activos. Luego de esa evaluación in situ, definirán si Argentina avanzó lo suficiente como para del grupo de vigilancia estricta.