El juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, rechazó a última hora de este miércoles la petición de la Argentina de no cancelar los bonos soberanos impagos a los inversores que no aceptaron la reestructuración de la deuda.

Al mismo tiempo, el magistrado exigió el cobro de la totalidad de sus acreencias más intereses y penalidades. A la hora de justificar su decisión, señaló que varios funcionarios nacionales de alto rango habían dicho que el país no pagaría a los llamados "fondos buitre".

En ese sentido -aclaró Griesa- "es la opinión de la Corte de Distrito que estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto, y que se requiere una acción".

El juez instruyó a la Argentina a que haga los pagos en una cuenta de garantía para los tenedores de bonos en default el 15 de diciembre, el mismo día que el país tiene fijado cancelar u$s3.000 millones en intereses a los bonistas que participaron en los dos canjes de deuda.

"Para poder cumplir con la orden judicial, Argentina tiene que abonarle a los demandantes el 100% de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", afirma Griesa en su escrito.

El fallo ordenando el pago total de lo adeudado se basa en el incumplimiento de la cláusula "Pari passu" y en la negativa del Gobierno argentino de cumplir las eventuales sentencias si estas fueran contrarias.

La interpretación de dicha cláusula va en sentido inverso a la postura del Ejecutivo.

Además, el juez neoyorquino rechazó el pedido de la Argentina para que se suspendieran las medidas judiciales hasta tanto se haya terminado el proceso de apelaciones, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El magistrado ordenó así que incluso el 15 de diciembre, la Argentina deberá depositar los pagos para todos los acreedores, aun si la Cámara de Apelaciones o el máximo tribunal no se haya pronunciado todavía sobre la cuestión de fondo.

Y el fallo remarca: "La República Argentina tiene permanentemente prohibido realizar acciones que evadan las directivas de esta orden".

El magistrado también advirtió a quienes intenten "ayudar" al Gobierno nacional y sólo dispongan los fondos para los acreedores reestructurados que "podrán ser objeto de un juicio".

En otro punto de la sentencia, rechazó los argumentos de Bank of New York Mellon señalando que "es una entidad financiera de EE.UU. y, por lo tanto, está sujeta a la Justicia de Nueva York, independientemente del lugar donde reciben los pagos (Argentina o EE.UU.)"

Asimismo, rechazó los planteos de los tenedores de bonos que ingresaron a los dos canjes, quienes manifestaron su queja ya que ellos aceptaron una quita de 70% y, con esta sentencia, el resto de los acreedores cobrarán el 100% de la deuda.

"Los tenedores de bonos reestructurados hicieron su elección de no seguir el mismo camino que los demandantes", agregó Griesa para sostener su fallo.

Las primeras repercusiones

Este jueves, el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, manifestó estar "shockeado" por la decisión del juez estadounidense.

"Para el Juez, lo que el Gobierno tiene que hacer es cumplir con el fallo y acelerar los pagos. El Gobierno consiguió enojar al juez", opinó.

"El juez Griesa se enojó ante declaraciones de funcionarios argentinos de que no iban a abonar si así lo determinaba el fallo", resumió Sturzenegger. 

"De permanecer firme la sentencia podrá optar entre pagar o entrar en default", afirmó. 

El Presidente del Ciudad analizó que es probable que el Gobierno presente un recurso administrativo ante la Corte de Nueva York y que busque cambiar el lugar de cancelación para que, en vez de en esa ciudad, se abone a los bonistas en la Argentina.

"Veremos que hace el Gobierno. Según se dice, apelará la sentencia", vaticinó el titular del Banco Ciudad.

Por su parte, el economista Luis Palma Cané destacó que la condena podría dar lugar a que otros inversores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 exijan el pago del 100% de los títulos que habían entrado en default

"Esto es un bombazo. Porque la Argentina deberá pagarle a los que no ingresaron en el canje el 100% de sus bonos más los intereses. Además, si se calcula esto para quienes no entraron al canje, que seguro se van a subir, esto podría significar más de u$s10.000 millones".

Para explicarlo en una forma más gráfica, Palma Cané ejemplificó:

• El tenedor de bonos argentinos en default que entró en canje cobrará en un futuro el 35% de lo que tenía.
• En cambio, los fondos que no ingresaron en el proceso de reestructuración podrían exigir la percepción del 100% de sus títulos más los intereses de los últimos 10 años.

El economista Daniel Artana consideró que "todavía hay una esperanza" para no pagarle a los holdouts el próximo 15 de diciembre, porque Argentina aún puede recurrir el fallo ante la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

"La Cámara de Apelaciones le había devuelto el caso a Griesa para que estableciera la fórmula, éste la estableció. A partir de ahí, lo que uno tiene que ver es que si la Cámara entiende que este criterio es razonable", indicó Artana.

"Podría llegarse al extremo de que el canje se termine cayendo, porque recordemos que Argentina se comprometió a que, si había una oferta mejor para los que no habían entrado al canje, se la tenía que extender también a los que entraron", advirtió.

Indicó que "ahí hay también una discusión: si ésta es una oferta que hace Argentina o sería impuesta por el juez".

"Si la Cámara avala esto, Argentina tiene la posibilidad de apelar, entiendo yo, hasta la Corte Suprema del estado de Nueva York o a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y en el ínterin puede buscar un mecanismo alternativo de pago", agregó.

Para Artana, "todavía falta camino por recorrer. La Argentina debería haber sido más enfática en decir 'yo le ofrezco a esta gente que me está litigando los mismos términos que le ofrecí a los que entraron al canje'. Eso quizá mejoraría las posibilidades delante la Cámara de Apelaciones".

En tanto, el economista Enrique Szewach advirtió que "la Argentina puede caer en default técnico si desconoce el fallo". 

"Por ahora nos pone en el borde de la necesidad de depositar la fianza, o desconocer el fallo y entrar en default técnico y atenernos a las consecuencias", dijo el analista.

Szewach explicó además que "hace muchos años que Griesa viene diciendo que la Argentina tiene que pagar a los bonistas "rebeldes", pero no encontraba la manera de hacer efectivo su fallo y obligar al país a cumplir".

"Esta vez puso una cláusula que dice que el país no puede discriminar. Es decir, no puede abonarle a los que tienen los títulos y no a los que no los tienen. Griesa encontró la forma de hacerle pagar", evaluó el economista.

Según el diputado nacional Claudio Lozano, se plantea un problema. El fondo que lleva adelante el juicio ya ha participado de los dos canjes de deuda de la Argentina.

"Si nosotros aceptáramos lo que dice el juez, tendríamos que reabrir la discusión con los acreedores que ingresaron al mismo, lo cual sería un verdadero disparate. Tanto este caso como el de la fragata Libertad, se trata de la misma cuestión", recalcó.

La reacción oficial

Desde el oficialismo se consideró "absolutamente criticable y repudiable" la resolución tomada por el juez Thomas Griesa.

"Ha actuado permanentemente en contra de las recomendaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, sosteniendo las demandas de los fondos buitres", apuntó el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi.

En ese sentido, el legislador de la provincia de Santa Fe cuestionó la "política de especulación financiera" de los acreedores y consideró que "merecen la crítica no solo nuestra sino de la comunidad internacional".

El impacto en la prensa internacional

La prensa mundial también se hizo eco del fallo

Además, el medio español El economista tituló "Un tribunal de Nueva York deja Argentina al borde de un default".

También, la agencia de noticias económicas Bloomberg se hizo eco de la información bajo el título "Argentina debe pagar 1.33 billones de dólares a los dueños de bonos".

El País de España, por su parte, afirmó que "Argentina deberá pagar 1.330 millones de dólares a los fondos de alto riesgo que se negaron a participar en la reestructuración de deuda soberana argentina tras la quiebra del país en 2001".

"Según la sentencia de un juez de Estados Unidos, el Gobierno argentino tendrá que depositar estos fondos en una cuenta especial a modo de garantía mientras concluye el proceso de apelaciones pese a la petición de la presidenta Cristina Fernández y de su gabinete de aplazar el pago. La decisión del juez, por otra parte, pone en riesgo de un nuevo impago al país", concluyó El País.

Qué puede ocurrir de ahora en más

El miércoles, antes que se conociera la sentencia, el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, había asegurado que en "caso de ser necesario" la Argentina apelará ante la Corte, pero aclaró que aún existen "varias instancias judiciales previas".

Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron, en efecto, que en las próximas horas dicho Ministerio presentará una apelación para evitar pagarle a los fondos buitre los 1300 millones de dólares que ordenó pagar Griesa.

No obstante este anuncio, Palma Cané adelantó que dicho tribunal interviene sólo en casos federales, donde está en peligro la estabilidad política y social, por lo que estimó improbable la posibilidad.

La sentencia pasa automáticamente a la Cámara de Apelaciones para que ésta la confirme o rectifique. Pero debe tenerse en cuenta que ésta ya había avalado la sentencia y luego le había pedido a Griesa que determine la fórmula de pago.

Ante esta circunstancia, el Gobierno tendría la opción de apelar a dicha Cámara y en paralelo a la Corte Suprema.

Pero según los especialistas, mientras tanto, la medida de no innovar queda sin efecto, salvo que alguna decisión de la Cámara la reinstale o que la Corte Suprema ordene ello. Son escenarios difíciles pero no imposibles que puedan darse.

En el caso de que el Ejecutivo argentino no abonara la cantidad adeudada a los inversores que rechazaron la reesctructuración, no se le permitiría desembolsar los pagos a los acreedores que sí la aceptaron, incrementando el riesgo de incurrir en una nueva suspensión de pagos del país.

Todo empezó con el default y continuó con el canje de deuda

El canje de deuda fue anunciado el 3 de marzo de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguraron que el 75% de los acreedores aceptaba cambiar sus títulos, resignando un 65% del valor de esos papeles.

Sin embargo, un grupo de fondos de inversión que no aceptó el acuerdo compró títulos e inició reclamos judiciales.

Entre ellos se encuentra NML, uno de los llamados "fondos buitre" más visible, que concretó 11 demandas ante el juez Griesa y, a causa de un recurso, hizo que la fragata Libertad esté retenida en el puerto de Tema, Ghana, desde el 2 de octubre.

El Gobierno reabrió el canje en 2009 y se llegó a un 92% de aceptación

Los analistas esperan que la decisión tenga su efecto en los mercados financieros aunque Wall Street permanecerá cerrada este jueves por el feriado del Día de Acción de Gracias. 

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