Viernes, 24/05/2013
Buenos Aires, Argentina.
Actualizado 09:54 hs.
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Luego de la finalización del año legislativo y sin haber sido tratadas, decenas de iniciativas de ley perdieron estado parlamentario.
Algunos de estos proyectos anticipaban un importante impacto social y otros resultaban relevantes para las relaciones entre empresas y empleados.
Es decir, volverán a "foja cero" lo que implica que estas propuestas tendrán que ser analizadas nuevamente en sus respectivas comisiones y luego ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso si la intención es que se transformen en ley.
Si bien es cierto que podrían ser incluidas en sesiones extraordinarias, es difícil imaginar que la presidenta Cristina Kirchner así lo decida.
No obstante, ya crearon expectativas entre quienes se hubieran beneficiado o perjudicado con su aprobación.
Pero esto no quiere decir que no vuelvan a ingresar al Congreso el año entrante, pero reformuladas, con la intención de generar mayores adhesiones entre los legisladores.
Y esto no es tan difícil de que ocurra si se considera que hay algunas que hasta lograron media sanción oportunamente.
Entre las más importantes se destacan las propuestas sobre:
También se destaca el paquete impulsado por la oposición -antes del cambio de mayorías en 2011- sobre:
Acceso a la información pública
Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Gerardo Milman (Gen), entre otros, criticaron "la falta de voluntad del kirchnerismo en la transparencia de la gestión pública" y en avanzar en una ley en este sentido.
"La `imposibilidad´ de acceder a la información pública, marcada por el `maltrato´ y la `desidia institucional´, la `falta de transparencia´ y el `incumplimiento´ de las pautas fijadas en el decreto 1172/2003 -firmado por el expresidente Néstor Kirchner-" fueron el denominador común de las denuncias y las quejas de periodistas, especialistas y miembros de ONGs dedicados a la materia.
Residuos sólidos y basura electrónica
El proyecto de ley sobre residuos electrónicos es otro de las grandes reclamos de varios sectores, entre los que se destaca Greenpeace.
Luego de que finalmente la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados firmara un dictamen a favor del proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, éste no fue analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del diputado oficialista Roberto Felleti. De esta manera, deberá comenzar otra vez con el debate.
Los legisladores Ricardo Gil Lavedra, Enrique Thomas, Daniel Germano, Victoria Donda, Carlos Carranza y María Luisa Storani se manifestaron preocupados por la crisis de los residuos sólidos urbanos en general, y de los electrónicos en particular.
La propuesta disponía la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación y obligaba a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión, es decir la reutilización y reciclado, de los residuos de sus aparatos.
En la Argentina, cada año se descartan 400 millones de pilas y se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta problemática.
Además de contener sustancias tóxicas, dichos residuos contienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que en la actualidad se están tirando a la basura. Como ejemplo, se puede mencionar que más del 95% de un celular puede ser recuperado.
"Solicitamos al Gobierno nacional que afirma que las organizaciones ambientalistas no nos ocupamos del problema de la basura, que deje de frenar la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que lleva casi 5 años en el Congreso de la Nación", expuso Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.
Nuevo régimen para teleoperadores
El proyecto de ley para regular la tarea de los telemarketers no encontró recepción favorable en la Cámara baja, a pesar de que vino sancionado casi por unanimidad por el Senado.
Se trataba de establecer un estatuto para dar marco a las relaciones laborales que se dan entre los teleoperadores y sus empleadores dentro de los llamados call centers.
Obligaba a las empresas a otorgar dos fines de semana al mes al trabajador y a un máximo de 6 horas, entre otras medidas.
La jornada laboral debía ser equivalente en cuanto a condiciones, escala salarial y demás condiciones a la de la Ley 11.544 de jornada legal de trabajo establecida por convenio colectivo.
También otorgaba una disminución del tiempo de trabajo para los teleoperadores que se desempeñen en el turno noche y fijaba que los descansos diarios tuvieran más pausas entre cada una de las llamadas.
En tanto, se indicaba que no se podía trabajar más de 6 horas por día y durante cinco días a la semana.
Y señalaba que si la prestación de tareas se desarrollaba en horario nocturno, es decir, entre las 21 y las 6, no podía exceder de 5 horas y media.
Por otro lado, los dependientes tenían que gozar de un descanso visual de 15 minutos cada dos horas laboradas, que no se compensará con el otorgado diariamente.
La propuesta también indicaba que si un empleado tenía que prestar servicios durante un feriado nacional percibiría por esa razón un incremento del 100% y un franco compensatorio.
Compre argentino
El proyecto de la denominada Ley de Compre Argentino, estaba destinado a dar preferencia a empresas locales en licitaciones públicas.
La iniciativa había logrado la aprobación del Senado.
Apuntaba a dar ventajas para las empresas domésticas que participen de licitaciones del Estado o de empresas de servicios públicos y estipulaba la modificación de la Ley 25.551.
Pero no se trató en las comisiones de Obras Públicas, Industria y Comercio de la Cámara baja, presididas por los diputados Edgardo Depetri, Daniel Germano y Alex Ziegler, respectivamente.
Países como Estados Unidos y México privilegian la compra por parte del Estado de bienes y servicios locales con hasta un 25% y 15% respectivamente, por sobre el precio importado.
En el caso de Brasil, el Plan Brasil Maior, contempla preferencias a fabricantes nacionales en las compras gubernamentales de hasta el 25%.
En cambio, la normativa argentina hoy establece sólo una preferencia del 5% para grandes empresas y del 7% para las Pyme.
De haber sido probada la propuesta, se aumentaría ese margen de 7 al 10% para las Pyme con un mínimo del 60% de integración nacional, y al 12% para aquellos que superen el 70%.
"Esta propuesta indica que al usarse recursos del Estado, es decir de toda la comunidad, los organismos contratantes deben facilitar la compra de productos nacionales teniéndolos en cuenta al momento de gestar sus proyectos, siempre que estos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias", explicó Jorge Cavanna, Presidente de CADIEEL.
De aplicarse plenamente este régimen, habría un importante impacto en la generación de empleo.
Según un estudio elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), si se sustituye el 50% de las importaciones que realiza el Estado con compras a la industria nacional, se generarían mínimamente 427.000 nuevos puestos de trabajo mientras que cuando se adquieren productos en el extranjero se subsidia a la industria foránea con recursos de los ciudadanos.
Trata de personas
En este caso, la propuesta dividió a los propios bloques y no encontró consenso.
Por un lado, aumentaba el castigo a los implicados en el delito y erradicaba como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima. Esto implicaba también modificar la promoción de la prostitución, indicó Parlamentario.com.
Por otra parte, para ampliar la protección de las víctimas, el proyecto procedente del Senado creaba un Consejo Federal destinado al tema de la trata, que podría tornar "más burocrática" la cuestión para las víctimas.
En la Comisión de Legislación Penal no hubo unanimidad de criterios y la Comisión de Familia nunca convocó a debatir la iniciativa.
