No fue de la manera que Cristina Kirchner lo había soñado, pero finalmente hubo un 7D.

Se dio con una semana de retraso, y con un clima político y social muy distante al festejo épico que se había preparado en la Plaza de Mayo. Llegó en un viernes demasiado chato para su gusto. Pero llegó.

El fallo del juez Horacio Alfonso, que reconoció la constitucionalidad de la ley de medios, implica una nueva vuelta de tuerca en un debate que tiene algo confundida a la opinión pública, todavía no del todo segura sobre quién está ganando en este partido.

Lo cierto es que, tras el duro revés del 7D frustrado, ahora sí el Gobierno puede festejar.

Desde el punto de vista oficialista, el fallo implica un reconocimiento sobre un punto en el que se venía machacando con insistencia: que la aceptación de la posición de Clarín (sobre la inconstitucionalidad de una ley que obligue a desinvertir) equivaldría a una invasión de la Justicia sobre un área privativa del Poder Legislativo.

Eso sea tal vez lo que explique la amplia sonrisa que lucía Martín Sabatella, titular del Afsca, al enterarse de la sentencia.

"Estamos contentos, se hizo justicia. Hoy es un buen día para la democracia y la libertad", dijo el mismo funcionario que, exactamente una semana antes, había señalado que "la Justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

Y ese drástico cambio de discurso deja planteada una de las preguntas clave del momento: ¿puede interpretarse que la estrategia confrontativa elegida por la Presidenta, incluyendo el anuncio de una reforma para "democratizar la Justicia" influyó en la causa contra Clarín?

Hay analistas de opinión pública que no tienen dudas al respecto. Como Ricardo Rouvier, quien cree que "el impacto de los discursos de Cristina fue evidente; en términos políticos el Gobierno ganó una batalla".

Su interpretación es que la celeridad con la que el juez tomó una decisión es atribuible a la presión transmitida desde la Corte Suprema.

"Si no hubiera sido así, se podría argumentar la existencia de la denegación de justicia; y sin dudas el juez leyó el escenario político al momento de tomar la decisión", señaló Rouvier.

En tanto, para Julio Burdman, director de la consultora Analytica, hay una sensación de que el juez "se sintió en una situación de mucha presión y, evidentemente, quiso sacarse el hierro caliente de las manos, sabiendo que de todas formas esa causa no terminaría en su fallo porque luego Clarín podría apelar".

En todo caso, la sensación que se impone es que, si bien el fallo del juez Alfonso pudo haber sorprendido por su celeridad, no implicó algo tan inesperado respecto de cuál fue el sentido de su decisión.

Según los expertos en cuestiones judiciales, había motivos para pensar que este round sería para el Ejecutivo y le daría nuevo oxígeno en su pulseada contra el multimedios Clarín.

"Era totalmente esperable que el fallo en primera instancia saliera a favor del Gobierno. Como también lo era la apelación de Clarín, que ya se había preparado para esa situación", apunta Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas.

En tanto, Rouvier cree que "más allá de si el juez sintió o no la presión de los últimos días, era la única decisión posible".

"No daba para más la situación. El magistrado no podía declarar inconstitucional una ley surgida del Poder Legislativo. Tal vez Alfonso pudo estar apurado por el contexto político, pero de todas formas era una decisión que ya tenía tomada".

La larga pelea por delante

Ahora, claro, vendrá el momento de las especulaciones sobre cómo va a continuar la batalla judicial. Y ahí hay varias posibilidades.

Por lo pronto, hay cierto consenso respecto de que el Gobierno no podrá avanzar en la licitación de los medios de Clarín mientras la cuestión de fondo no reciba un fallo de la Corte Suprema. Y nadie sabe si esto implicará esperar pocos días o varios meses.

Para Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía, no está tan claro que el Gobierno pueda utilizar el recurso del "per saltum" para acelerar los tiempos.

"Tengo la sensación de que los plazos pueden alargarse, porque la Corte no tiene premura por resolver esto, ya que no rige un deadline que indique que sí o sí esté obligada a dar un fallo. En todo caso, lo que queda claro es que el Ejecutivo encontró un límite, más allá de que ahora haya tenido una sentencia a favor", indica Berensztein.

Por su parte, Burdman arriesga que una posibilidad es que la Corte pueda devolver el tema al Congreso, para pedir una nueva aclaración sobre el artículo 161 de la ley (el que obliga a "desinvertir").

"Es algo parecido a lo que, en su momento, había sucedido con la pesificación. En aquella oportunidad el máximo tribunal había mandado a los legisladores la revisión de una cuestión que había tomado mucha notoriedad política", argumenta el director de Analytica.

Estrategia de doble filo

Pero mientras la Justicia se toma sus tiempos, lo que resulta evidente es que, en términos políticos, la Presidenta se anotó una victoria. 

Especialmente ante su base de apoyo político, a la que luego del traspié del 7D le había pedido paciencia para esperar un objetivo que se dilataba más de lo previsto.

"La puja por la ley de medios es algo que le interesa sólo a los grupos más duros, tanto del oficialismo como de la oposición. Desde ese punto de vista, el fallo a favor del Gobierno puede verse como una victoria política, aunque me animo a afirmar que no es algo que pueda cambiar el panorama en el sentido electoral", observa la politóloga Graciela Römer.

Y recomienda tener prudencia a la hora de analizar cambios en la opinión pública. "La estrategia utilizada de aprovechar el caso Marita Verón para confrontar con la Justicia no es algo que necesariamente le llegue al sector mayoritario de la sociedad", afirma.

Y para apoyar su argumento, destaca que, a pesar de la gran repercusión mediática de lo ocurrido en Tucumán, fue bajo el rating televisivo de los programas donde se vinculaba ese tema con una eventual reforma política del sistema judicial.

En la misma línea, Berensztein señala que si bien la Presidenta podrá ahora "recuperar la ofensiva", su estrategia no está exenta de riesgos.

"Ella había tenido éxito en manejar el discurso ante su público, en el sentido de interpretar el 7D como una muestra del poder de las corporaciones".

Pero, apunta el director de Poliarquía, "eso también la expone a una contradicción, porque si ahora la Justicia empieza a fallar de manera favorable al Gobierno en casos sensibles, como Clarín, o en el de funcionarios sospechados de corrupción, ¿qué va a decir, que la Justicia súbitamente se volvió democrática y ya no es necesaria una reforma?"

Berensztein agrega otro peligro para Cristina: en su afán por volcar la opinión pública en contra del "partido judicial", no dudó en tomar ciertas reivindicaciones clásicas de la derecha, como el cuestionamiento a la "mano blanda" de los jueces para excarcelar a presos que luego vuelven a delinquir.

"Estuvo hábil al advertir que con ese cambio de discurso podía reivindicar un pedido de la gente preocupada por la inseguridad, pero le puede traer problemas con un sector de su base política, porque va absolutamente en contra del discurso garantista. De hecho, ya se están viendo sectores a los que no les cayó bien este cambio", apunta Berensztein.

La otra batalla que el kirchnerismo no ganó

Mientras el kirchnerismo festeja su round ganado a Clarín en el ámbito judicial, queda, sin embargo, otro interrogante de fondo: ¿ganó la batalla de la opinión pública?

Son dos temas que no necesariamente evolucionan en el mismo sentido, y para un Gobierno que ha basado su gestión en la elaboración de un "relato" que justifica sus políticas, seguro que no resulta un tema menor.

Para Novaro, de Cipol, el Gobierno tuvo un daño político del que no se va a poder recuperar ni siquiera con una victoria judicial.

"Es probable que Clarín, como empresa, no salga indemne. Pero eso no significa que el Gobierno vaya a ganar, porque se ha fortalecido la idea de que hay una necesidad social de que existan empresas periodísticas independientes del Gobierno y autónomas económicamente", señala el analista.

Su visión es que, como producto de su estrategia ante el caso Clarín, el Gobierno se ha autoinflingido un daño de credibilidad.

"La gran premisa que justificó la ley de medios, que era la necesidad de una mayor pluralidad de voces, es a esta altura un argumento que no se lo cree nadie", sostiene Novaro.

Queda planteada la duda sobre si esta situación supone, desde el punto de vista del Gobierno, la percepción de un límite a la hora de avanzar sobre los medios.

En otras palabras, si las demostraciones de protesta han persuadido al kirchnerismo sobre la imposibilidad de una ofensiva de "estilo chavista".

"No estamos seguros de hasta dónde la opinión pública podría aceptar o rechazar una política de ese tipo. Lo que sí creemos es que es positivo el debate que hubo en las últimas semanas porque pone sobre el tapete la cuestión de qué tipo de sociedad queremos tener", aporta Berensztein.

"Se está hablando sobre si nuestras aspiraciones son compatibles o no con una sociedad tutelada por el Estado, donde se pone en juego la independencia de la Justicia y la libertad de expresión. Y el solo hecho de que estos temas se estén debatiendo expone ciertas tendencias autoritarias existentes en el seno del Gobierno", agrega el director de Poliarquía.

Será, entonces, el nuevo desafío para el kirchnerismo, que por ahora festeja un round a su favor. Para Cristina es un bálsamo en el corto plazo, que le permite terminar con optimismo un año plagado de reveses políticos.

Luego vendrá el 2013 con su clima electoral en el que se demostrará quién ganó la batalla de fondo.

Por lo pronto, ahora la Presidenta festeja su "7D con delay".