Repsol no aceptará cualquier acuerdo con Argentina por YPF. La petrolera que preside Antonio Brufau no está dispuesta a retirarse de la batalla judicial por menos de 7.000 millones de dólares (5.200 millones de euros).

Fuentes de la compañía explicaron que en caso de aceptar una oferta menor, como la que Cristina Kirchner puso encima de la mesa recientemente y que no superaba los 3.800 millones de euros, supondría tener que apuntarse pérdidas en su balance, ya que de momento el grupo está contabilizando que el Estado argentino la compensará.

Repsol sostiene que el gobierno argentino debe lanzar una ofreta pública de acciones (OPA) por el cien por ciento de YPF y a juicio de la petrolera hispana esto no vale menos de 18.300 millones de dólares (13.864 millones de euros), calculados con el tipo de cambio de cierre de 31 de diciembre de 2012, y de 8.361 millones de dólares (6.334 millones de euros) por el 45,69 por ciento objeto de expropiación -sin contar con el 5,07 por ciento de participación remanente-, según consta en el informe de auditoría.

El Gobierno de Cristina Fernández arrebató a la petrolera el 51 por ciento del capital, pero Repsol aún mantiene un 12 por ciento de YPF (6 por ciento que no se incluyó en el paquete de expropiación y otro 6 por ciento tras ejecutar el crédito al empresario Enrique Eskenazi por impago).

Según El Economista, tras la expropiación, Repsol aumentó el valor en libros de YPF y contabilizó el 51 por ciento en más de 5.300 millones. También apuntó otros 280 millones por otras acciones, con lo que el valor considerado en su balance asciende a 5.623 millones de euros.

Por otro lado, la petrolera registró una pérdida neta de 38 millones por la expropiación que incluye el mencionado efecto de elevar el valor en libros, así como la bajada de activos, pasivos e intereses minoritarios de YPF y Repsol YPF Gas por importe de 4.174 millones de euros.

Asimismo, se incluyen las diferencias de conversión correspondientes a las sociedades objeto de expropiación por importe de 605 millones de euros.

La compañía también provisionó los préstamos y garantías relacionados con la financiación al grupo Petersen (de Enrique Eskenazi) por un importe de 1.456 millones de euros y registró un activo por impuesto diferido por importe de 524 millones de euros.

En el documento de auditoría, la petrolera resalta que hay que tener presente que la estimación del valor recuperable conlleva incertidumbres tanto sobre su cuantía como sobre la fecha y la forma en que se hará efectiva.

Por ello añade que cualquier modificación en las hipótesis consideradas como razonables, tanto en los procesos jurisdiccionales como en la valoración de los derechos expropiados, podría generar cambios positivos y negativos en el importe por el que se ha registrado la participación en YPF y tener efecto en los estados financieros de la sociedad.

Deloitte es la encargada de auditar las cuentas de la petrolera y en el último balance anual incluyó párrafos de énfasis para advertir a los inversores ante estas incertidumbres de la compañía.

Repsol mantiene el arbitraje con Argentina en el Ciadi, dependiente del Banco Mundial y que se encarga de dirimir conflictos entre gobiernos y empresas privadas cuando se alteran los protocolos de inversión.

No obstante, una solución por parte de este tribunal puede prolongarse durante años, con lo que algunos accionistas de la petrolera han mostrado su interés en que se llegue a una solución negociada.

Por ello, La Caixa primero y Pemex después se embarcaron en la búsqueda de una solución, aunque sus intentos hasta ahora fueron infructuosos, ya que la oferta que se presentó fue considerada por el consejo de administración de Repsol como "insatisfactoria". La petrolera ha reiterado su disposición a negociar, pero "por los canales corporativos adecuados".

En el informe de resultados del primer semestre, Repsol considera que la oferta formulada por los nuevos gestores de YPF por un valor nominal de 5.000 millones de dólares no responde en su cuantía a la pérdida sufrida por la petrolera.

A su juicio, esta oferta está "construida sobre activos sobrevalorados, alejados de valores de mercado, según transacciones similares en Argentina y EEUU, y que tiene una estructura que dista mucho de representar los intereses declarados de Repsol para un acuerdo".

La compañía critica que esta solución ofrecida por YPF "carece de compensación monetaria disponible o realizable, no cuenta con las garantías jurídicas y económicas necesarias, y requiere de obligadas y cuantiosas inversiones".