La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó este viernes un pedido del gobierno de Cristina Kirchner en la causa que los holdouts iniciaron contra el país.

De esta manera continúa vigente un fallo de primera instancia que le requiere al Estado argentino pagar u$s1.330 millones a los acreedores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, informaron las agencias Reuters y Bloomberg.

Aunque ahora resta una definición de la Corte Suprema.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York supone una victoria para los llamados "holdouts", o bonistas pendientes de pago, que encabezan NML Capital Ltd, una unidad de Elliot Management Corp de Paul Singer, y Aurelius Capital Management.

La autoridad legal dijo que el cumplimiento del mandato judicial se mantiene pendiente de que la Corte Suprema de EE.UU. resuelva una apelación de una decisión anterior.

Al respecto, el juez de circuito estadounidense Barrington Parker explicó que su fuero cree que "es justo que un acreedor reciba lo que negoció y, por lo tanto, tiene derecho, aún si otros acreedores cuando reciben lo que negociaron no obtienen lo mismo".

A raíz de ello, agregó que como la decisión de la Corte de Apelaciones no hace otra cosa que "obligar a la Argentina a mantener su obligación contractual de igual trato, no vemos abuso de discreción".

En cuanto a la Corte Suprema de ese país -que ahora debe resolver si intercederá o no en el juicio- sólo toma unos 80 casos sobre 10 mil pedidos que recibe al año. Por lo tanto, las probabilidades de que el máximo tribunal acepte el caso argentino son bajas, si bien podría hacer una excepción por las consecuencias de un desenlace negativo para el país.

En conclusión, la suprema justicia de EE.UU. podría llegar a decidir en octubre si toma el pedido o recién en abril de 2014. Es decir, la definición del caso podría resolverse, incluso, dentro de un año.

Aunque, si lo llegase a rechazar, dejaría firme la sentencia de pagar 100% a los acreedores.

La estrategia oficial

La estrategia oficial de la Casa Rosada era ir por los dos caminos en forma simultánea, tanto a la Cámara de Apelaciones como a la Corte. Ya terminadas las chances en una de las instancias, en el Gobierno esperan que la Corte Suprema tome el caso para su revisión.

Esto le daría más aire a la gestión kirchnerista, y hasta que haya una resolución, Argentina podría seguir pagando la deuda tanto emitida localmente -excluida de este pleito con los fondos buitre- como la que está bajo legislación Nueva York (la más comprometida), afirmó Infobae.

"Este es un caso especial y no hay antecedentes. Por lo tanto no se pueden tomar esas estadísticas como parámetros. Acá se está jugando no sólo el pago a los acreedores de la Argentina, sino todo un sistema de pagos de los mercados de capitales a nivel internacional", afirmaban desde el Gobierno cuando se les preguntaba por el desenlace del juicio.

La misma sensación es la que tienen varios abogados que trabajan con otros bonistas del país, quienes creen que tarde o temprano la Corte de EE.UU. tomará el caso por la "sensibilidad" del tema.

Los holdouts ya habían rechazado la alternativa de pago a mediados de abril de este año, que era muy similar a la que aceptaron los bonistas que ingresaron a los dos canjes anteriores. 

Desde NML, habían dicho que "la propuesta argentina fracasa por completo en cumplir con el tratamiento igualitario de sus obligaciones". Así, insistieron en reclamar los u$s1.300 millones.

En ese momento, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, había dicho que la negativa de algunos grupos que poseen bonos argentinos de aceptar la propuesta es porque "quieren privilegios frente al resto de los acreedores".

"Se trata de otro intento más desde una posición netamente especulativa que pretende un tratamiento de total privilegio a costa del 93% de los acreedores que confió en Argentina" en los canjes de 2005 y 2010, había dicho el funcionario.

Las primeras reaccionesTras el fallo del tribunal estadounidense, se generó una serie de reacciones entre los analistas económicos y jurídicos:

-Eugenio Bruno, abogado especialista en deuda, aclaró ante todo que "no es un fallo final ni definitivo hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre una apelación que había presentado la Argentina".

El experto precisó que de confirmarse la sentencia "no hay más apelaciones" y alertó que si la Argentina decide no pagar podría ingresar "en un nuevo default". Además, cuestionó al estudio que asesora al Gobierno al considerar que "quizás no le transmitió bien los riesgos" que puede afrontar el país.

-Stuart Culverhouse, jefe de investigación de Exotix en Londres, mencionó: "La decisión del tribunal en contra de Argentina es lo que hemos estado esperando. La decepción del mercado puede ser moderada por la continuación de la suspensión a través de la apelación a la Corte Suprema. Aún así, es negativo para los bonos argentinos, en consonancia con nuestra visión".

-Kevin Daly, administrador en Aberdeen Asset Management en Londres, dijo: "Creo que esto no es del todo inesperado, así que no veo cómo el mercado se sorprendería con esto. La buena noticia es que la suspensión (stay) esté ahí todavía. Si la suspensión se hubiera retirado se habría registrado un fuerte descenso de los precios. En segundo lugar, no se sabe cuánto tiempo tomará que la Corte Suprema de Justicia se ocupe de esto".

-Jorge Todesca, ex viceministro de Economía local y titular de la consultora Finsoport, opinó: "Nadie esperaba un fallo positivo para Argentina, por eso esto es visto como bueno porque da tiempo. La especulación es que la Corte Suprema no tome el caso".

-Daniel Marx, ex secretario de Finanzas y experto en temas de deuda, dijo que para los jueces, Argentina prometió pagar sus obligaciones sin importar que los acreedores fuesen "un fondo buitre, una viuda o un huérfano". 

Por lo tanto, según este economista los magistrados sostienen que "aplicar un descuento a la deuda no estaba en el contrato y la Corte debe garantizar el cumplimiento de los compromisos".

Desde su consultora, Quantum, remarcaron que si bien el fallo rechaza la propuesta de pago presentada, "dispone que continúe el stay (que no entre en vigencia la orden del Juez Griesa), hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre si toma o no el caso".

-Rodolfo Rossi, economista y ex presidente del Banco Central de Argentina, analizó: "Esto ya se insinuaba. Es nada más que seguir con el antagonismo y extenderlo hasta el año próximo. Aunque sea una noticia de postergación siempre se toma como alivio. Es una buena noticia de corto plazo".

-Roberto Drimer, analista de la consultora Vatnet en Buenos Aires, explicó: "En principio, a largo plazo, es difícil que destruyan el mecanismo de reestructuración de deuda de los países y que atenten contra la posibilidad de utilizar la plaza de Nueva York como centro financiero internacional. No creo que haya un fallo catastrófico en contra de Argentina y la posibilidad de usar los flujos de fondos".

Por último, desde la asesora financiera Bulltick afirmaron que "la decisión crea un precedente terrible para los mercados de deuda soberana, incluso en un mundo que se ha adaptado a vivir con cláusulas de acción colectiva".

Y aclaron: "Es injusto que los holdouts puedan recibir la parte que el 93% de los tenedores de deuda en default acordó reestructurar sus tenencias".

El fallo completo

Pasos previos

La anterior resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fue a principios de julio, donde emitió un fallo respecto al reclamo de pago de la deuda externa argentina convertida a bonos, en mano de fondos buitre, en el que rechazó las apelaciones y presentaciones realizadas por el Gobierno argentino contra el fallo del 26 de octubre del 2012, emitido por el juez Thomas Griesa.

En su resolución, el magistrado estadounidense exhortaba a Argentina a pagar el 100% de las acreencias a quienes hubieran rechazado los canjes de 2005 y 2010.

Así, el máximo tribunal neoyorquino resolvió rechazar todas las apelaciones presentadas contra su fallo, en el cual condenó a la Argentina a pagar u$s1.300 millones a un grupo de holdouts y delegó en el juez de primera instancia Thomas Griesa, la determinación de la forma del pago, que luego fue apelada por el gobierno argentino.

Cuánto suma la deuda total

Según distintos analistas, las sentencias pendientes por la deuda en default podrían llegar a los u$s20.000 millones, al sumar el monto pendiente de pago en sentencias en el exterior, incluyendo intereses punitorios y daños.

De acuerdo a un informe del estudio jurídico Cabanellas Etchebarne Kelly, al contabilizar todas las cifras de los litigios en contra de la Argentina, la sentencia que reclaman los fondos buitre NML-Elliot, Aurelius, Blue Angel y 13 minoristas argentinos podría llegar a u$s1.500 millones con los intereses acumulados desde el inicio de la demanda.

"Al auditar todos los juicios iniciados en el estado de Nueva York, incluyendo algunos en otras jurisdicciones, y relevar información pública disponible en diversos medios, estimamos que, a la fecha, el monto adeudado sobre la base de sentencias, incluyendo intereses punitorios y daños, podría llegar a u$s20.000 millones", especificó el estudio.

El informe sustenta esta cifra en que también existen bonos emitidos por el Gobierno por un valor nominal de u$s6.607 millones que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Y el monto de intereses acumulados sería equivalente a u$s4.868 millones, que no incluye la deuda de los años 70 y 80, que fue reprogramada en el canje de los bonos Brady a comienzos de los 90, cuyo colateral fue embargado por el juez Thomas Griesa y no pudieron ingresar al canje.

Las contingencias en Estados Unidos incluyen casos cerrados (aunque pendientes de cobro, en valores nominales) por u$s1.400 millones y hay otros u$s1.400 millones sin sentencia definitiva, agregó Cabanellas Etchebarne Kelly.

Se estima que habría reclamos fuera de Estados Unidos por otros u$s1.000 millones, mientras que es probable que existan alrededor de u$s800 millones por los que no se hayan iniciado demandas, pero que pueden hacerlo antes de que opere el período de prescripción. El plazo para iniciar acciones en el estado de Nueva York es de 6 años para el capital, y en la Argentina es de 10 años.

Finalmente, se estima que a nivel local hay sentencias por unos u$s200 millones, entre los que se cuentan expedientes con fallos en Estados Unidos que trataron de ejecutarse en los tribunales locales.