El día que se escriba la antología del "relato kirchnerista", entre las frases más representativas debe obligatoriamente figurar esta: "En los diez años de administración kirchnerista, el Gobierno no aumentó ni ha generado nuevos impuestos". 

La pronunció Cristina Kirchner en julio pasado y luego fue repetida por sus funcionarios durante la campaña electoral.

Es, en sí misma, toda una definición sobre el "modelo K": el país tiene en este momento una presión tributaria récord, que los economistas estiman en más del 40% del PBI.

Es decir, a pesar de que la economía del país creció a "tasas chinas" entre 2004 y 2011, aun así no alcanzó para costear el gran aumento del gasto público y hubo que hacer más fuerte la carga tributaria.

Según el IERAL de la Fundación Mediterránea, cada argentino pagará $26.515 por impuestos cuando, en 2001, expresado a valores del 2013, abonaban $11.330.

Al respecto, el último informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destaca que en este 2013 un asalariado formal "debió trabajar entre 172 y 205 días para cumplir con sus obligaciones tributarias", dependiendo de su nivel de ingresos.

Y establece "el día de la liberación de impuestos entre el 21 de junio y el 24 de julio".

La cifra impresiona aun más si se considera el corrimiento de esa fecha a lo largo de la década:

• En 2002, esa "liberación" ocurría el 27 de febrero.
• En 2008 pasó al 5 de abril.
• En 2009, al 4 de mayo.

Entonces, ¿cómo se hace para incrementar la presión tributaria sin haber ideado ni aumentado ningún tributo?

La creatividad argentina hace que, aun cuando la frase de Cristina sea correcta en términos formales y no haya nuevos, sí existan variadas formas de generar impuestos "camuflados", indirectos o invisibles.Para el Gobierno, esta situación tiene algunas ventajas. Principalmente el hecho de que no debe depender de la aprobación del Congreso para introducir o aumentar estos impuestos disfrazados.

La segunda es que le permite al kirchnerismo mantener su relato de redistribución de la riqueza. Al menos eso ocurrió, hasta que se llegó a un punto en el que las distorsiones resultan imposibles de disimular, como fue el caso de Ganancias.

La siguiente es una síntesis de las vías no formales de la mayor carga tributaria de la década K, según el análisis de expertos consultados por iProfesional. "Impuesto inflacionario", nacional y popular

La inflación aparece como el gran flagelo de la década K y la principal causa de la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos.

Para los economistas no hay dudas: la permanente suba de precios es un impuesto, ya que implica una extracción del dinero de los asalariados que, en definitiva, va a engrosar las arcas fiscales.

 "Cuando alguien cobra un billete de $100 y automáticamente el mismo pierde valor, alguien se está quedando con esa pérdida: es el Estado que lo emitió", argumenta Fausto Spotorno, economista jefe del Estudio Ferreres.

En esta línea, Capello, del IERAL, explica que "el Estado se apropia de un mayor poder de compra a través de diversos mecanismos, como la emisión que el Banco Central realiza para darle adelantos al Tesoro".

Este mecanismo "oscuro e indirecto" resulta injusto para la población en general y castiga en mayor proporción a los asalariados de menores ingresos.

"El Gobierno parece asumir una actitud de ‘financiemos el gasto público entre todos'. Pero es un error usar el impuesto inflacionario como forma de hacerlo", asegura Eric Ritondale, economista jefe de Econviews.Balances distorsionados, beneficio para el Estado

Cada vez que un contador o un auditor debe cerrar un balance, sabe que esto le depara un inevitable dolor de cabeza. Esto es así porque debe enfrentarse al problema de la "falta de ajuste por inflación".

En otros tiempos, se les permitía a las empresas presentar un número final que considere el impacto inflacionario, para que así el resultado reflejara las variaciones del negocio en términos reales y no nominales.

Para Capello, este desajuste se trata de la "frutilla del postre" producida por esta distorsión, ya que esta prohibición "aumenta artificialmente el peso del impuesto a las Ganancias sobre empresas y familias, que terminan pagando tributos sobre subas ficticias de sus ingresos".

De esta manera, las instituciones privadas abonan impuestos en base a escalas superiores, pero con un activo constante. En otras palabras, se aporta a las arcas fiscales por una cifra mayor a la que correspondería si se permitiera este ajuste contable.

"Puede considerarse como un impuesto nuevo sin legislación", define Spotorno.

La reinstauración del ajuste por inflación viene siendo reclamada sin éxito desde hace una década.

La consecuencia es que "hoy te hacen presentar un activo contable superior al real y aplicar la alícuota a un resultado que es mayor. La falta de ajuste beneficia únicamente al Estado", señala Guillermo Giussi, analista de la consultora Economía & Regiones.Un "derecho" a retener

Entre el 2012 y 2013, el 35% que se le cobra al sector agropecuario en concepto de retención por derechos de exportación le otorgó al fisco unos u$s10.000 millones, según datos publicados por la Sociedad Rural Argentina. En cualquier país del mundo, sería considerado un "impuesto".

Sin embargo, el Gobierno nacional lo cobra como un "derecho de exportación", lo que le posibilita aplicarlo y modificarlo por decreto, sin anuencia parlamentaria.

Además de la actividad agropecuaria, están alcanzadas por este tipo de retenciones las industrias petrolera y minera, con niveles que, en algunos momentos, han superado el 60% del valor exportable.

Desde el punto de vista técnico-legal no es un impuesto propiamente dicho, ya que la Constitución Nacional discrimina este ingreso aduanero de las contribuciones directas o indirectas.

Sin embargo, pocos rubros tributarios han sido más relevantes a lo largo de la década kirchnerista para financiar gasto público.

Esta presión generada sobre un sector que depende de cotizaciones internacionales y eventualidades climáticas, en términos reales, funciona como una carga tributaria pesada para los productores, especialmente para los de estructura más pequeña.

La importancia que han tomado las retenciones agrícolas para las arcas estatales ha llegado a tal punto que ni siquiera los políticos de la oposición se animan a prometer que sea posible su reducción rápida.

"La recaudación por retenciones al sector agropecuario equivale al gasto que el Gobierno realiza sobre subsidios a los servicios públicos. Es decir que, a esta altura, constituyen la caja de una política económica", afirma Ritondale, de Econviews.Recargo turístico con "olor" a impuesto

Desde que se implementaron los recargos a los servicios turísticos y compras con tarjetas en el exterior que, según el sistema, deben ser deducidos del impuesto a las ganancias, la AFIP lleva recaudados unos $4.500 millones.Técnicamente dicho recargo no es un impuesto, sino un adelanto de Ganancias o Bienes Personales. Y, en teoría, su aplicación debería ser neutra desde el punto de vista fiscal. Pero, en la práctica, ocurre que la mayoría de quienes son alcanzados por esa tasa del 20% desisten de hacer el trámite para recuperar su pago.

"El recargo sobre el turismo, funciona como un impuesto, ya que en varios casos no está tan claro cómo es el pago a cuenta y el Gobierno estaría recaudando más plata", indica Spotorno.

Los expertos creen que quienes están en condiciones de solicitar la deducción prefieren no hacerlo por temor a la autoridad impositiva.

Además, el dinero es devuelto al "año fiscal siguiente". Este atraso en la devolución genera, inevitablemente, un perjuicio financiero para los contribuyentes a causa de la inflación.

De esta manera, el Gobierno toma como ingreso fiscal y suma en sus cuentas un dinero que, según su propia reglamentación, no le corresponde.

Que los impuestos los cobren las provincias

En el aumento de la presión fiscal "sin creación de impuestos" hay un ingrediente fundamental: la "tercerización" de tributos desde el Gobierno central hacia las provincias.

Es decir, si no hubo más impuestos formalmente creados, como se jacta la Presidenta, ha sido, en buena medida, porque en los momentos de urgencia fiscal la Nación incrementó el monto que se autoasigna a la hora del reparto de los ingresos y disminuyó las transferencias a las distintas jurisdicciones.

De manera que los nuevos tributos provinciales terminan siendo, ni más ni menos, la consecuencia natural de ese mayor "apriete" fiscal.

Y aunque el Gobierno pueda eludir el costo político de asumir la "paternidad" por estos tributos, es su creador de hecho.

A pesar de que el artículo 7 de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (Ley N° 23.548) indica que el monto distribuido no puede ser inferior al 34% de la recaudación tributaria de la Administración Central, en la actualidad este número no llega el mínimo contemplado.

Esto genera una inevitable relación de dependencia de las provincias para con el Gobierno.

"Las provincias se tendrían que quedar con el 58,7% de lo coparticipable. Sin embargo, hay muchas extracciones que, cuando se les envía, no llegan ni al 34% que determina la ley", denuncia Barraud. 

Esto es así porque, año a año, las provincias fueron "perdiendo participación en aquellos impuestos que estos años crecieron mucho, como IVA y Ganancias, y así fueron resignando fondos", señala. 

Por ejemplo, el impuesto al cheque "se hizo coparticipable en un 30%, pero la Nación se queda con la mitad. Lo mismo pasa con las retenciones a los sojeros, de las cuales a las provincias también les llega menos del 15% de lo recaudado".

Además, el economista indica que el Tesoro Nacional, a través de la ANSES, fue ganando participación sobre impuestos que, en principio, no eran coparticipables.

Los argentinos saben que la carga tributaria ha ido en aumento, lo sienten en sus bolsillos. Muchos conocen de cerca estos "impuestos invisibles" y se ven afectados por ellos.

Pese a ello, el Gobierno no muestra ningún tipo de reparo en decir abiertamente que en esta "década ganada" no ha generado ningún impuesto.

Sin duda, una de las mayores creaciones del relato kirchnerista.