El control que ejerce el gobierno de Venezuela sobre los derechos de los ciudadanos y empresarios es cada vez más preocupante, y los defensores de los derechos humanos dan cuenta de ello.

"En Venezuela tenemos un presidente civil con delirio de militar. Por eso el país está cada vez más militarizado", dijo Marino Alvarado, luchador de derechos humanos que lleva meses alertando al país ante la insistente presencia de militares en la vida pública.

El último salto del llamado chavismo-madurismo, liderado por el presidente Nicolás Maduro, va directo a las primeras necesidades de la gente: la milicia ha hecho acto de presencia en los supermercados, se hace cargo de las cajas libres y además fiscaliza a empresas y empresarios.

"Estamos preocupados, se establece una estructura militarizada alrededor de todos los productos de primera necesidad", reveló un empresario de forma anónima al diario El Universal.

La creación del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, a cargo del general Hebert García Plaza, lleva la vanguardia de la lucha contra la "guerra económica de los sectores empresariales" a militares, a la Guardia Nacional Revolucionaria, a los milicianos y al Frente Francisco de Miranda.

La primera decisión ejecutiva fue trasladar a la milicia dentro de los supermercados, precisamente cuando se viven días de alta tensión ante la falta de alimentos y productos básicos.

Según el general Plaza, un 40% de las cajas están vacías. Para la confederación de empresarios, un 20% se debe a ausencias laborales y el otro 20% es producto de la nueva ley laboral, que obliga a tomar dos días libres seguidos. Las primeras intervenciones se realizaron en las tiendas Bicentenario, que forman parte de la cadena alimentaria del Estado.

En principio, porque también se ha previsto su extensión a supermercados privados, negocios como un pequeño automercado localizado en el barrio Los Chaguaramos, de Caracas, que vivió las peleas entre usuarios que querían comprar, como fuera, los paquetes de harina y las botellas de aceite de maíz llegados a primera hora de la mañana.

Las redes personales y el boca en boca corrieron a tal velocidad que incluso los vecinos de sectores alejados acudieron para llevarse productos tan básicos en la canasta familiar venezolana.

El gobierno no aclaró cuál será la función de los milicianos ante situaciones que se suceden por todo el país. Pero entre las prerrogativas del equipo del general se prevé la verificación de la mercancía, la capacidad de transporte, la frecuencia de la distribución y que las estanterías estén llenas. Las imágenes de las colas gigantescas y de los anaqueles vacíos han recorrido el mundo.

"La milicia evaluará la disposición del empresariado a contribuir con el buen desarrollo y estabilidad política del país", ironizó ayer Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas.

Maduro acusó en las últimas horas a las organizaciones de empresarios de participar de la guerra económica contra su gobierno. Éstas, a su vez, se defienden aireando la situación: "La lista de problemas actuales en las empresas incluyen falta de materias primas, productos terminados, empaques, así como dificultades con transporte, vías y seguridad", hizo público Elías Aponte, primer vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios.

Los empresarios reclaman al gobierno la flexibilidad del llamado "esquema cambiario", para que las divisas sean más accesibles.

Pero las quejas contra el gobierno no sólo parten del empresariado privado. Los trabajadores de la nacionalizada planta Lácteos del Alba pararon en demanda de mejores condiciones para producir.

Los problemas en las empresas administradas por el Estado son múltiples y otro de los motivos de la bajísima producción nacional, tal como informa La Nación. En las últimas horas se conoció la intervención de Industrias Diana y sus tres filiales, que fueran expropiadas en 2008 por orden del comandante Hugo Chávez.

La emblemática fábrica aceitera sobrevive a duras penas tras cinco años de irregularidades administrativas, corrupción e ineficacia productora. Al frente de la intervención, otro general, Dester Bryan Rodríguez, que tendrá que buscar respuestas a cómo se pudo vender margarina ya caducada o por qué se benefició a "clientes ficticios", en lo que debería haber sido un ejemplo para la revolución.