El Senado convirtió en ley el proyecto que le cambia el nombre a la estación de trenes de Avellaneda, del ferrocarril Roca, por el de "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki".

El proyecto ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, y el año pasado el Senado pospuso su tratamiento hasta este miércoles, en que fue aprobado por 46 votos a favor y 2 en contra.

"Desígnase con el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a la estación de Avellaneda del ferrocarril línea General Roca", establece el único artículo de la ley que fue presentada en 2005 por el diputado Eduardo Macaluse y vuelto a presentar en 2010 por la diputada Liliana Parada.

De esta manera, se rinde homenaje a los dos manifestantes que fueron asesinados durante la represión policial en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002, en un hecho al que popularmente se le conoce como la "Masacre de Avellaneda" y que aceleró la convocatoria a elecciones presidenciales.

El padre de Darío, Alberto Santillán, señaló a la agencia Noticias Argentinas que "es un paso importante", pero que aún no se tiene "dimensión del hecho".

"Bajamos el nombre de un genocida como Nicolás Avellaneda, para poner el de dos luchadores como Darío y Maxi", manifestó el padre del militante asesinado, aunque subrayó que la nueva denominación "debe ser un impulso para continuar la búsqueda de Justicia, porque hay responsables que siguen estando en el Gobierno".

Acerca del cambio de nombre, Santillán estimó que se hará "en unos dos meses" y sostuvo: "No queremos a ninguna autoridad oficial en la inauguración, todo lo contrario, los queremos bien lejos".

"Cristina y Néstor Kirchner apañaron a (el expresidente Eduardo) Duhalde", afirmó el padre del militante, en referencia a que, de acuerdo al reclamo que sostienen desde hace años, "los responsables políticos no están condenados".

En el mismo sentido se expresó la hermana de Maximiliano, Vanina Kosteki, quien consideró un acto de "caradurismo" que "los mismos responsables políticos del asesinato voten a favor, cuando el asesinato sigue impune".

"El Gobierno tiene que abrir los archivos de la SIDE y poner a disposición a los funcionarios que son parte del Frente para la Victoria para que sean juzgados y no premiados como lo son ahora", agregó a NA.

"La justicia por los asesinatos de Maxi y Darío llegar cuando el Gobierno realmente se ponga la camiseta de los derechos humanos", concluyó.

El episodio tuvo lugar en 2002 cuando el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) cortó el Puente Pueyrredón para reclamar aumento salarial general y de los subsidios para desocupados y más alimentos para comedores populares, entre otros pedidos. Durante el desalojo del piquete, la Policía Federal y Bonaerense disparó contra los manifestantes y resultaron muertos Kosteki, de 21 años, y Santillán, de 22.

Por el hecho, fueron condenados a cadena perpetua el comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, y los familiares insisten en que los responsables políticos también deben ser juzgados.

Desde hace varios años, los militantes pintan en el cartel principal de la estación de Avellaneda los nombres de sus compañeros muertos, algo que ahora deber ser obligatorio.