"Lo único que falta es que ahora, en pleno corte, a alguien se le ocurra decir que hay que bajar los subsidios y subir las tarifas de luz", afirmó Marcelo Bonelli, periodista estrella de TN, en la semana de los cortes eléctricos.

Lo decía con el tono de quien se considera portador de la indignación popular. Su entrevistado, Martín Redrado, ex titular del Banco Central y actual asesor de Sergio Massa, asentía con gesto grave.

Y tal vez no haya una escena que pueda sintetizar de manera más clara y contundente la situación nacional: ante el colapso energético, el tema de la suba de tarifas se transforma en tabú.

¿Qué habrá pensado el televidente de Córdoba, que paga una factura ocho veces (¡ocho veces!) más alta que la que recibe el porteño abonado a Edesur? ¿Qué habrá pensado el usuario chaqueño, ese que, como reconoció Jorge Capitanich en su primer día de gestión, paga mucho más por la electricidad que lo que se abona en Buenos Aires, pese a que -según datos del Indec- el salario en Capital es 53 por ciento más alto que en Chaco.

Lo cierto es que lo que en otro país sería "sentido común", aquí es políticamente incorrecto. Si un sistema energético entra en colapso por una década de tarifas congeladas mientras la inflación se ubica encima del 25 por ciento, en cualquier lugar podría considerarse que ese, justamente ese, es el momento de explicarle a la población que ya no es posible seguir gozando del subsidio. Que no es ni normal ni natural que la factura de la luz sea 10 veces menor en los hogares porteños que lo que se paga en Uruguay.

Que aunque sea más lindo destinar a compras en el shopping esa porción del ingreso familiar que en otros lados se destina a pagar la luz y el gas, no puede extenderse esa situación indefinidamente porque el resultado es que, tarde o temprano, llega el apagón.

Pero no. Y no es que únicamente el gobierno, en afán de eludir un costo político, ponga a Edenor y Edesur en el lugar del villano del pueblo. Por el contrario, casi toda la oposición política se muestra incluso más intransigente que el kirchnerismo.

En la última campaña electoral por las legislativas, no sólo no hubo reclamos por un sinceramiento tarifario -ni siquiera con el argumento de la justicia para las regiones del país que pagan más- sino que, en muchos casos, hubo denuncias sobre el ajuste que preparaba el gobierno para luego de las elecciones.

"Claro, no se le puede poner música a un jingle que diga te voy a subir la electricidad y el gas", comentaba un economista ante un auditorio de empresarios, resignado a que las distorsiones de la economía quedaran fuera de la agenda nacional.

Es por eso que, más bien, la gran bandera de la oposición fue aliviar el peso del Impuesto a las Ganancias para los bolsillos de la clase media. Un reclamo que, una vez aceptado por el gobierno, implicó mayor presión impositiva, más costo fiscal y más diferencia de ingreso respecto del sector más pobre de la población.

Pero de pagar más por la luz y el gas, nada.

"Es muy difícil persuadir en la Argentina de que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios", había advertido el economista Ricardo López Murphy unos meses antes del colapso eléctrico. Y pronosticaba que "volver a cobrar lo que las cosas cuestan va a ser traumático".Ese es, tal vez, el mayor desafío político del momento: cómo explicar que la fiesta terminó. Que lo que parecía barato en realidad estaba subsidiado, pagado por un Estado que se quedó sin dinero.

No será fácil, y muchos creen que la manera en que se maneje este tema determinará si el clima político y social pasa de "enrarecido" a "grave".

Pero claro, implicará una capacidad de persuasión que no parece disponible en el actual contexto.

"Si querés garpar 200 pesos de luz cada dos meses no podés pretender que funcione siempre, decía un tuit hace unos días sobre los apagones aleatorios. La premisa, en principio, aplicaría también a trenes y celulares. Si pagás barato no podés pretender, es la premisa. Pero ¿hasta qué punto es cierto? Nadie avisó que la tarifa subsidiada daba para 20 días de luz en verano, o que el abono telefónico incluía sólo dos hora de internet por día, o que el boleto barato venía con una ruleta rusa", afirma el economista Eduardo Levy Yeyati.

Y plantea el gran desafío de este momento: "¿Cómo explicar ahora la letra chica del contrato populista, después de años de fiesta autocelebratoria y con 35 grados a la sombra?".Pero es probable que estos análisis, aun siendo pesimistas, se queden cortos respecto de la gravedad de la situación de fondo. Porque el tema no es que ahora, como la gente está enojada por los cortes, no quiera ni oir hablar de un aumento. El tema es que considera que tiene un derecho adquirido de pagar barato. Porque son argentinos.

A fin de cuentas, ya hubo varios intentos de quitar los subsidios. El primero fue a fines de 2008, cuando se comunicó el recorte, pero el gobierno dio marcha atrás, asustado por la reacción popular y por la ola de protestas y acciones legales de asociaciones de usuarios. Así, en 2009, se anunció que Cristina Kirchner, "en defensa del interés de la gente" había decidido reponer los subsidios en el invierno de 2009.

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Luego, a fines de 2011, tras dos años de crecimiento a tasas chinas y en un boom consumista que hacía batir récords de ventas de autos, televisores LCD y aparatos de aire acondicionado, se volvió a anunciar recortes de subsidios. Esta vez, se eligió una estrategia gradualista: primero los countries del conurbano, luego Puerto Madero y Recoleta, luego Belgrano... hasta que llegó el accidente ferroviario de Once. Temeroso por el malhumor social, otra vez los subsidios cumplieron el consuelo de que los servicios eran malos pero baratos.

En cada una de esas situaciones, quienes más se quejaron de la iniciativa gubernamental fueron los anti-kirchneristas más furibundos. La queja típica del indignado de clase media era que debía aportar con sus impuestos a los planes de asistencia social, mientras el gobierno le aplicaba un "tarifazo". Nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, se tomó la molestia de responder que en el interior el 70 por ciento de la gente no tiene gas por cañería. Que la clase media está subsidada por la clase baja, que los que viven en el conurbano y dependen de la garrafa de gas -que se vende a precio de mercado- le pagan el subsidio a quienes tienen suministro de red y pagan una tarifa a un sexto de su valor real.

Nadie explicó que el monto que el Estado gasta en subsidarle el gas al sector de mayores ingresos es dos veces más alto que el que se destina a la Asignación Universal por Hijo.Lo que esta crisis tarifaria deja al descubierto es, finalmente, el egoísmo de la clase media argentina, esa que golpea cacerolas y se considera antiperonista pero que, inconcientemente, adhiere al populismo con más fervor que nadie.

Mientras se indigna frente a la pantalla del televisor y envía sus fotos haciendo el gesto "fuck you" para que Lanata los muestre en su programa, los clasemedieros argentinos se niegan a perder sus "conquistas".

No hay que tocar los subsidios a los servicios públicos, porque "la gente", como les gusta decir a los informativistas de TN, tiene derecho a pagar la electricidad y el gas menos de lo que vale. No hay que llevar al dólar a su nivel de equilibrio porque eso no permite hacer turismo en el exterior ni comprar autos baratos.

Es, en definitiva, la actitud de quien está convencido de que la Argentina es un país rico, y que por consiguiente el mayor problema no es tanto aumentar la productividad sino repartir mejor.

Y lo curioso es que quienes más critican al populismo kirchnerista son, de manera involuntaria, quienes con más fervor adhieren a esta filosofía de considerar que, por el mero hecho de ser argentinos, tienen derecho a un nivel de vida que está por encima de sus posibilidades.

Que los brasileños, uruguayos, paraguayos y chilenos paguen la factura sin subsidio, que por eso viven en países pobres. Pero aquí no.

El problema, lo comprobamos nuevamente, no es tanto económico sino cultural.

Como bien observa el economista Tomás Bulat: "Los gobernantes dicen, y quizás lo creen, que la Argentina está destinada a un gran futuro. Cada vez que tenemos cerca un fin de ciclo económico de los que estamos acostumbrados, la frase preferida es ‘con este país que tenemos, tan rico, que nos esté pasando esto...'

Y argumenta: "Lo cierto es que este país no es rico, y si lo quiere ser algún día, deberá cambiar su actitud.

Este supuesto derecho ganado que tenemos los argentinos a ser ricos, hace que cuando podemos aprovechar alguna situación, lo hagamos al extremo. Si nos podemos endeudar, nos superendeudamos para vivir por encima de nuestras posibilidades. Queremos tener plata para todos, imprimimos billetes más allá de lo razonable. Solo hacemos aquello que nos otorgue la satisfacción en el corto plazo de la expectativa de riqueza que no somos capaces de producir".El problema para el gobierno es que ahora no puede quejarse de sus críticos, porque el kirchnerismo ha sido el principal impulsor de la visión según la cual el problema no es producir sino repartir.

Es bien elocuente esta frase de Cristina Kirchner, que en la campaña electoral, cuando se sentía abrumada por la ola de reclamos sectoriales, dijo : "Quiero que me expliquen cómo hago para sacar plata de un lado y no sacársela al otro o que la tenga que poner el otro, porque en economía cuando vos le das uno es porque le dejaste de dar a otro, no hay ninguna otra posibilidad".

Analizando esa frase, Gustavo Lazzari, economista de la Fundación Libertad y Progreso, lo que deja al descubierto esa frase es la visión de que la riqueza ya está creada.

"El Estado viene a cumplir ese rol de ‘extractor de riquezas ajenas benevolente', por cuanto le sacaría recursos a los más ricos para distribuirlos entre lo más pobres. Esta generosidad estatal entra en conflicto con sectores favorecidos y concentrados que ‘reacciona'". Nace el conflicto de intereses que se resuelve en los cuerpos legislativos y en las urnas mediante las mayorías. Pero esta suerte de biblia kirchnerista adolece de un defecto fundamental: no se condice con la realidad", argumenta Lazzari.

Los datos parecen darle la razón: tras la década de crecimiento a tasas chinas y la redistribución de la riqueza, un 27 por ciento de la población sigue viviendo bajo la línea de pobreza y la infraestructura está colapsada.

En el país donde impera la ideología del reparto, la única perspectiva posible para los momentos de vacas flacas es que se agudice lo que los economistas llaman "puja distributiva". Es decir, esa negativa de cada miembro de la sociedad a resignar la porción de la torta que ha conquistado.

No es difícil imaginar el panorama que espera en 2014: un gran tironeo nacional, en el cual todos creen estar siendo expoliados de sus derechos y estar manteniendo la ineficiencia, la angurria y la vagancia ajenas.

Todos convencidos de que si alguien plantea que hay que pagar la luz lo que realmente vale, es un insensible o algo peor.

Todos convencidos de que merecen más, por el solo hecho de haber nacido en un país rico. La argentinidad, al palo.