Además del proyecto del Frente Renovador (FR) para prohibir los piquetes y limitar las movilizaciones sociales a espacios exclusivos, en la Cámara de Diputados existen otras dos iniciativas de sectores muy cercanos al massismo para imponer otro tipo de límites en las manifestaciones.

El primero de ellos es del diputado Alberto Asseff. Su propuesta,  presentada en agosto del año pasado, propone la prohibición de participar de marchas “con el rostro cubierto” o que “de cualquier otra manera, oculte su identidad”. También quedaría prohibido “el uso de capuchas” y “máscaras”.

Las críticas se basan en que dejaría la  puerta abierta para la represión, porque la iniciativa aclara que los participantes de una movilización “no podrán aproximarse a una distancia menor de tres metros” del “cerco” dispuesto o de la “fila policial”. También aclara que, en caso de alguna de estas violaciones, “los infractores de esta ley serán detenidos por la autoridad policial”, con penas de 2 a 6 años de prisión, señaló el diario BAE.

En julio de 2013, el entonces diputado macrista Julián Obiglio presentó una propuesta para prohibir la “concurrencia, presencia y/o permanencia de menores de 16 años de edad, en protestas sociales, manifestaciones o marchas de índole partidario, sindical, social o político”. El proyecto habilita también a la policía a detener a los menores que participen de una marcha, planteando la obligación de “ponerlos a resguardo” hasta que sus padres los retiren.

Lo más llamativo del proyecto es que los padres de menores detectados en una movilización deberán “asistir a un curso dictado por quien designe la autoridad de aplicación, referido a los derechos y a la educación de los menores de edad”.

En este contexto, el FR se disponía a presentar un proyecto atento al pedido que hizo la presidenta Cristina Fernández en la Asamblea Legislativa. Es decir, impedir piquetes como medida de fuerza y trasladar las movilizaciones a puntos específicos.

El proyecto prevé 120 días para que el Poder Ejecutivo determine cuatro espacios públicos para realizar movilizaciones. Lo mismo deberán hacer los gobiernos provinciales y municipales. Quien infrinja la ley, será sancionado con trabajos comunitarios o multas de 1 y 3 salarios mínimos, si la vía bloqueada era una calle, y entre 3 y 5 si el corte se ejecutó en avenidas y autopistas.