Carlos Tomada defendió la reforma laboral que impulsa con el objetivo de blanquear a empleados, pero aceptó hacer algunos cambios para que sea aprobada.

El ministro de Trabajo participó del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto y Hacienda, a cargo de la pampeana María Higonet y Aníbal Fernández, respectivamente.

Conciso, hizo una breve descripción del proyecto de ley que propone reducir cargas patronales, fortalecer la fiscalización y crear un registro de infractores laborales para endurecer las sanciones.

La iniciativa tiene como punto más polémico la reducción de cargas patronales, porque si bien favorece a micropyme (15 empleados) y Pyme (entre 16 y 80), con hasta 100% y el 50% respectivamente, para el resto mantiene la reducción del 25 por ciento.

“Las grandes empresas tienen una baja del 25% pero antes tenían más y los hemos retirado”, le dijo a LPO Tomada. Este punto del proyecto fue elogiado por Domingo Cavallo.

Sólo el socialista Rubén Giustiniani se lo planteó a Tomada. "Con este proyecto la pregunta está respondida", se escapó el ministro.

El radicalismo prefirió llevar la voz de los empresarios de las provincias, jaqueados por problemas de competitividad.

Pero Tomada no se salió de cauce y aclaró todo el tiempo que se trata de un plan de blanqueo laboral que no ataca a las Pyme.

“El primer responsable del trabajo en negro es el empleador, después el Estado y también los sindicatos”, fue su latiguillo preferido. “El único trabajo posible, es el registrado”.

Su primer cruce lo tuvo con el radical Gerardo Morales, quien le cuestionó el carácter “sancionatorio” del proyecto. "La mejor manera de combatir el trabajo no registrado es con un régimen de promoción", sostuvo el jujeño.

Tomada le aclaró que el registro tomará las infracciones laborales y sólo impedirá que alguien quiera acceder a los beneficios reduciendo el personal.

"No queremos que desde el día de hoy, los empleadores empiecen a despedir trabajadores para meterse dentro del régimen", explicó.

“No sabe la creatividad que hay en el país”, siguió y le recordó que el Estado “nunca puede sancionar a una empresa que echa gente”.

La radical Laura Montero definió el proyecto como “una caja negra” en la que identifican las pyme “y le caen con la AFIP”.

“A las Pyme les estamos dando un año de eximición de aportes patronales”, exclamó Tomada, pero la senadora no se conformó.

La misionera Sandra Giménez, del gobernante Frente Renovador, aceptó el proyecto pero le pidió que deje en claro la jurisdicción de la provincia bajo el compromiso de “articular” con los gobernadores.

Tomada aceptó gustoso. Tampoco tuvo problema cuando Pichetto le solicitó contemplar la condición de emergencia climática que hay sobre algunas zonas que complican a las empresas.

“Eso no es problema, porque cuando se hace un decreto de emergencia se puede incluir”, respondió. El oficialismo firmó el dictamen y el miércoles 30 lo enviará a Diputados.