Complicada en la provincia de Buenos Aires, en especial por razones políticas derivadas de la causa Ciccone, la empresa Boldt se hizo fuerte en Capital Federal, donde las relaciones con el gobierno del PRO parecen transitar por un camino diferente al de la gestión de Daniel Scioli.

Según El Cronista, acaba de firmar un acuerdo para la renovación de su participación en el negocio de las fotomultas porteño por cuatro años más.

Se trata de un contrato por $209 millones que la compañía que preside Antonio Tabanelli se volvió a adjudicar tras ganar la licitación convocada por el gobierno porteño en la cual también compitieron otras empresas como Octomind, la francesa Athos y el grupo postal OCA.

En concreto, Boldt continuará manejando el ‘Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones’.

Es decir, la provisión y operación de un sistema de captura, digitalización y procesamiento de las actas de infracciones de tránsito que se labran en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Algo así como la trazabilidad de las fotomultas.

Se trata de un negocio del cual la empresa también dueña de la mitad del Casino de Tigre en sociedad con Cristóbal López, tiene antecedentes de sobra y es considerada líder por analistas del sector. Los últimos casos fueron el procesamiento del censo de 2010, o de las elecciones nacionales.

Boldt es la actual adjudicataria de este contrato porteño cuya licitación ganó en 2009 mediante una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que formó junto a Octomind y que también abarca la digitalización de las actas de infracciones, expedición de certificados de libre deuda y registro de antecedentes.

En aquel momento su oferta había superado a la de otras importantes empresas referentes del mundo tecnológico como Siemens, Telecom, Prominente, Indra y Meller.

Luego, en 2012 y con dos años de contrato aun vigente, Octomind le vendió a Boldt su parte en la sociedad. Y ayer, la administración Macri publicó el decreto 2014-144-AJG mediante el cual valida los resultados de la licitación a favor de Boldt por un período de 48 meses.

Según fuentes oficiales, se trata de un negocio que factura alrededor de $3 millones mensuales.

Boldt también manejó el mismo sistema en la provincia de Buenos Aires hasta 2012, cuando venció su contrato y no le fue renovado por la administración de Daniel Scioli. Las relaciones con el gobierno bonaerense no son óptimas.

De hecho, el desembarco de Cristóbal López en Trilenium, la sociedad que controla el Casino del Tigre, deriva de ese estado de situación. Incluso, se habló de la posibilidad de que el dueño del grupo Indalo también se quedara con las acciones de Boldt en esta sala de juegos, lo cual finalmente no ocurrió.

Boldt es una empresa fundada en 1933 que, además de liderar el negocio del juego en el ámbito bonaerense, participa en otras actividades tan variadas que van desde la tecnología al procesamiento de datos, sistemas de control de slots, entretenimiento, salas de juego, hotelería, gastronomía, turismo y real estate.

Sin embargo, tomó estado público a partir del llamado caso Ciccone que vincula al vicepresidente, Amado Boudou, con supuestas maniobras para favorecer al fondo The Old Fund, propiedad del monotributista Alejandro Vanderbroele, con jugosos contratos con el Estado para imprimir billetes.

Como contraataque, Boudou acusó a Boldt de formar “una banda” para desprestigiarlo y desguazar la Casa de la Moneda. Este caso aún continúa generando polémicas y se mantiene vigente en los tribunales, donde figuran varias denuncias en contra del vicepresidente que todavía la Justicia debe dilucidar.