Los sindicalistas de la CGT oficialista pondrán en común hoy su principal temor, más cerca que nunca de hacerse realidad: la intervención de sus obras sociales.

Los dirigentes se reunirán esta tarde para analizar una resolución que obliga a las prestadoras de salud a informar de cada contratación a una dependencia estatal. La normativa de la Superintendencia de Salud (SSS) agravó un clima belicoso con Cristina de Kirchner, que todavía no dio señales de acceder al pedido sindical de incrementar en $2.000 millones los fondos para las obras sociales.

La central de Antonio Caló reunirá esta tarde su Consejo Directivo en el gremio de los taxistas, de Omar Viviani. Allí repasará el cierre de sus principales paritarias con aumentos inferiores al 30%, como había pedido el Ejecutivo, así como la falta de respuesta ante tres planteos: modificación urgente en Ganancias; suba de asignaciones familiares, y refuerzo en los haberes de los jubilados, señala Ámbito Financiero. 

También los gremialistas podrán debatir el resultado del paro de actividades dispuesto por sus rivales Hugo Moyano y Luis Barrionuevo el 10 de abril, así como el llamado de ambos a una movilización para el 14 de mayo a la Plaza de Mayo en demanda de mayor seguridad. En reserva, cada vez más dirigentes alineados con Caló prefieren darles la razón a Moyano y a Barrionuevo en sus planteos y hasta en sus métodos de protesta. 

El motivo de semejante malestar tiene que ver con la indiferencia de Cristina de Kirchner a su propio pliego de reclamos, pero en particular respecto del financiamiento de las obras sociales. A pesar de los recurrentes encuentros entre José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, los refuerzos de fondos exigidos por la CGT siguen sin aparecer. 

Y el fastidio se transformó en máxima preocupación cuando la SSS emitió días atrás la resolución 601/2014, que genera nuevas pautas para la declaración y registro de todos los contratos firmados por las obras sociales con sus prestadores. Según la norma, las organizaciones de salud quedan obligadas a declarar ante la Superintendencia "las altas, modificaciones y bajas contractuales que se produzcan para su debida autorización y registración", bajo apercibimiento de multas y sanciones.

En los gremios de todas las vertientes de la CGT se agigantó en los últimos años el fantasma de una posible intervención oficial sobre sus obras sociales. Aunque no la estipula en esos términos, la resolución 601 consagra un avance estatal hasta ahora inédito en un terreno reservado históricamente al mayor de los secretos por parte de los sindicalistas.

Los técnicos de las obras sociales se reunieron este lunes y coincidieron en que avalar la normativa dejará las puertas abiertas a la influencia discrecional del Gobierno en sus decisiones. Para hoy se prevé una respuesta de los dirigentes luego del encuentro del Consejo Directivo.