La reunión se levantó a último momento cuando ya estaban presentes en el Ministerio de Economía representantes de las empresas, consultores y legisladores que habían sido citados, y a los cuales se les dijo que la suspensión se debía a que la conferencia que dieron las presidentes Cristina de Kirchner y Michelle Bachelet había tardado más de lo previsto y obligado a la postergación.

Entre los directivos de las empresas circularon varias versiones sobre los anuncios que va a hacer el Gobierno, pero no hubo precisiones de parte de los funcionarios. Las compañías de telefonía celular vienen negociando con el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el de Comunicaciones, Norberto Berner, un anuncio sobre "precios cuidados" para la telefonía móvil, pero desde el sector empresarial se cree que ése no sería el anuncio porque las conversaciones están "encaminadas", según afirman, pero "todavía no cerradas" como para hacer pública la decisión.

Voceros de las prestadoras de telefonía móvil consideraron que una posibilidad es que el Gobierno llame a una licitación para la tecnología 4G, y dijeron que si una medida de esa naturaleza se concreta, el Gobierno podría recaudar como mínimo u$s1.000 millones por la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Pero en 2012 ya se licitaron las frecuencias que habían quedado disponibles luego de que se unificaron Movicom y Unifón, y el Ejecutivo declaró desierta la licitación porque sólo se presentaron las prestadoras actuales y el criterio fue que Movistar, Personal y Claro no podían seguir aumentando su participación, y que Nextel tenía problemas a nivel de su casa matriz que podían llevarla a abandonar el mercado argentino, indicó el diario Clarín.

Esas frecuencias del espectro fueron asignadas a la empresa estatal Ar-Sat que iba a desarrollar Libre.Ar, una empresa de telefonía móvil junto a cooperativas de telecomunicaciones del interior. El proyecto no avanzó, por eso vuelve a hablarse de una nueva compulsa.

Desde esa época, el Gobierno viene discutiendo con las prestadoras porque éstas dicen que los "apagones" que afectan a los usuarios y la demora en proveer 4G en la Argentina se debe a que necesitan más frecuencias. Los funcionarios, por el contrario, afirman que las empresas quieren más frecuencias para atender a la "crema" del mercado, los usuarios del área metropolitana que tienen teléfonos inteligentes, en detrimento de los de todo el país que tienen un servicio mínimo deficiente.

No obstante, la difusión de los "smartphones" puede haber hecho cambiar esa posición. Además, el ingreso de más de u$s 1.000 millones por una licitación sería por lo menos interesante para el Gobierno en un momento en que trata de sostener las reservas del Banco Central, agregó el matutino. 

También es cierto que la mayoría de los países de Latinoamérica tiene tecnología 4G o está por tenerla, y que la Argentina viene retrasada en el proceso. Esa tecnología está basada en el protocolo IP, dicho en otros términos, los teléfonos funcionan en internet, lo que alivia las redes y permite llegar a alta velocidad en la transmisión de datos, aun estando en tránsito, lo que permite ver videos mientras se viaja o hacer videoconferencias con alta fidelidad de imagen y sonido. 

Según otras versiones, el Gobierno podría sumar un proyecto propio de ley para la telefonía celular, luego de que la semana pasada comenzaron a debatirse en comisiones del Senado cinco iniciativas para que la prestación sea declarada servicio público y tenga regulaciones, mientras hasta ahora las tarifas están desreguladas y todavía no se terminó el nuevo reglamento que redefine la calidad a cumplirse, según fue anunciado por Berner y De Vido el año pasado.

Entre los proyectos de ley se sumó en las últimas semanas uno elaborado por el senador Juan Manuel Irrazábal del Frente para la Victoria. Las otras iniciativas que se presentaron corresponden a legisladores del PJ, la UCR y el socialismo, por ahora todos separados.