La Argentina insiste ante el Club de París: acepta fiscalizar sus datos económicos, pero a través de un organismo financiero independiente que no sea el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además propone un plan de pagos de no más de seis años (en lo posible cinco), con la entrega de bonos a los Estados acreedores por el total de la deuda (que superaría los u$s 10.000 millones), con un pago al contado durante el primer año de vigencia del acuerdo y luego liquidaciones decrecientes.

Por ejemplo, si el acuerdo se firmara en el segundo semestre del año, la Argentina debería pagar en algún momento de los 12 meses posteriores entre u$s 500 y 1.500 millones y luego pagos anuales que irían de los u$s 2.000 en 2016 hasta aproximadamente u$s 1.500 hasta 2020 o 2021 (según cuándo cierre el plan negociado con el organismo).

Éstos son los principales lineamientos sobre la estrategia que el Gobierno de Cristina de Kirchner está preparando para presentar ante las autoridades del Club de París, el 28 de mayo próximo cuando comiencen formalmente las discusiones para cerrar uno de los capítulos que aún quedan abiertos del default de 2001.

Fuentes oficiales afirman que desde la oficina del titular del organismo, el francés Ramón Fernández, se le aseguró que los acreedores "esperan de buena fe a los negociadores argentinos" y que saben que "también desde la Argentina hay buena fe". Las fuentes aseguraron además que las negociaciones previas "vienen bien" y que "hay optimismo".

Lo primero en lo que la Argentina y los 19 Estados a los que se les debe dinero deberán ponerse de acuerdo es en el monto de la deuda. Originalmente se trataba de unos u$s 6.350 millones caídos en default en diciembre de 2001. Una vez que Adolfo Rodríguez Saá declaró el default, inmediatamente la Argentina paró de contabilizar internamente los intereses.

Luego, en 2010, durante una gestión del exministro de Economía Amado Boudou, hubo contactos con el organismo desde donde se deslizó que la deuda llegaba a los u$s 9.000 millones. Siguiendo esa lógica, lo más probable es que los acreedores reclamen unos u$s 10.000 millones en el encuentro del 28 de mayo próximo. La Argentina discutirá este punto, pero no será donde más vehemencia pondrá.

Lo importante para los negociadores que llegarán a París desde Buenos Aires, es intentar hasta el último instante evitar que el FMI participe de las discusiones. Hace unas semanas, tal como informó este diario, desde la capital francesa se le envió información a la Argentina sobre que los dos principales acreedores, Alemania y Japón (a los que se les deben unos u$s 5.500 millones aproximadamente), rechazaron la idea de una intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial.

Desde el Ministerio de Economía de Axel Kicillof se preparan ahora diferentes alternativas de otros organismos que podrían ejercer el rol de fiscalizadores, siempre evitando al organismo que dirige Christine Lagarde.

La visión desde Buenos Aires es que la presión que empresas alemanas puedan hacer sobre los negociadores del Gobierno de Angela Merkel para cerrar un acuerdo, podría dar resultado para flexibilizar la posición germana. Se habla de una compañía automotriz, una química y una proveedora de tecnología para inversiones públicas, que estarían en esta posición. En el caso de Japón todo es más difícil, ya que casi no hay multinacionales de ese origen interesadas en proyectos locales.

Sobre el plan de pagos, la intención oficial es que a este Gobierno sólo le quede la necesidad de pagar la primera cuota, a menos de 12 meses de firmado el acuerdo. Obviamente, la idea es que esta liquidación sea del menor nivel posible. La primera oferta que llegó a París, de u$s 250 millones, fue obviamente rechazada.

Ahora se habla de entre u$s 500 y 1.000 millones como tope, y todo dependiendo de la flexibilidad del organismo para no exigir al FMI. Sobre el plan de pagos, la idea local habla de un programa de pagos descendientes, de u$s 2.000 a 1.500 en el último año.

Un punto donde los negociadores argentinos no están dispuestos a ceder es en la necesidad de exigir por cada dólar que se pague el compromiso por escrito de inversiones directas en el país por un monto similar. La alternativa sería posible en cuanto a los países europeos, ya que hay planes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de facilitar la salida de créditos subsidiados para empresas de ese origen que quieran invertir en el país.

El problema, nuevamente, sería en el caso de Japón, donde no hay planes importantes de inversión. Hay que recordar que para que el Club de París cierre un acuerdo se necesita que haya coincidencia plena entre los acreedores, ya que los pactos no son individuales sino en conjunto, según apunta Ambito.

Ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que el 28 de mayo próximo comenzarán los encuentros formales y que "en el proceso de negociación implica distintas exploraciones de variantes y modalidades de pago".