Un día después de la reunión de la Presidenta y los gobernadores de las provincias petroleras, empiezan a salir a la luz algunos detalles de la ley que impulsa el Gobierno con el objetivo de darle mayores beneficios a las empresas y así atraer inversiones en hidrocarburos.

Según Clarín, los mandatarios se llevaron los lineamientos y prometieron volver el próximo lunes con sus aportes.

Entre los principales cambios que se introducirían sobresale la extensión de los plazos de las concesiones en los yacimientos no convencionales; ventajas impositivas a las petroleras a cambio de inversiones; y el desplazamiento de las empresas provinciales en las próximas licitaciones, contrariando la postura que adoptó Mendoza hace unas semanas y que venía proclamanado el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.

En la actualidad, las concesiones petroleras son por 25 años, con una opción a 10 adicionales a voluntad de las provincias. La nueva regla que propone el Ejecutivo es que las concesiones duren 35 años para los yacimientos no convencionales y 30 años para los offshore. Las provincias seguirían conservando la posibilidad de prolongar los contratos por una década.

Los yacimientos convencionales en operación no sufrirían modificaciones. La extensión del plazo (por 10 años) está en el borrador que recibieron los gobernadores. Allí no se menciona la década adicional que las provincias ya pueden sumar, pero habría quedado implícito en el diálogo entre los gobernadores y el Ejecutivo.

La extensión en los plazos evitaría que las empresas tengan que buscar aprobación de las legislaturas provinciales. Para la unión entre YPF y Chevron, Neuquén tuvo que votar una extensión de ese contrato por 15 años (vencía en 2027, se estiró a 2042). La nueva ley haría que todas las concesiones de Vaca Muerta -por ser "no convencionales"- caduquen en 2037.

El decreto 929/2013 -que abrió las puertas a la unión entre Chevron e YPF- autorizaba a las firmas que invertían US$ 1.000 millones durante 5 años a exportar hasta 20% de su producción sin pagar retenciones y disponer de esos fondos.

El Gobierno está bajando ese parámetro a u$s250 millones.

El rol de las empresas provinciales -el "acarreo" (carry) o que puedan participar de proyectos sin invertir- también quedó bajo fuego. Y ayer hubo revuelo. "El Gobierno quiere debilitar a las provincias", criticó el intendente neuquino, Horacio Quiroga. Cerca del senador Guillermo Pereyra habría decepción por el rol de Sapag. Y cerca del gobernador cambiaron de opinión.

"Parece que está resignando cosas pero la verdad es que la propuesta del Gobierno e YPF no era tan dura. Lo del carry no es necesariamente clave", afirmaban. Sapag se pasó las semanas anteriores diciendo que "Exxon y Shell aceptan el acarreo provincial".