Recién el miércoles se hizo público el borrador que el lunes se llevaron de la mano de Cristina Kirchner los diez gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y el presidente de la estatizada YPF, Miguel Galuccio, y que sirve como antesala del proyecto que pretende establecer una nueva ley petrolera con el objetivo de atraer más inversiones al país ante un creciente déficit energético.

Si bien los principales alcances del marco legal que busca imponer la Nación para regular la actividad ya habían trascendido, en el borrador hay un punto que encendió la luz de alerta en el seno sindical petrolero.

El texto, que establece 6 puntos centrales, explica para el cuarto –sobre programas fiscales y tributarios provinciales y municipales, homogéneos y estables– la siguiente iniciativa: “se propenderá asimismo a que los representantes de los trabajadores y de la comunidad establezcan, conjuntamente con las empresas del sector, las nuevas modalidades laborales dada la naturaleza de los nuevos proyectos”.

El concepto es amplio y aunque no hay especificaciones al respecto, muchos dentro del sector gremial leyeron en esa aclaración una aspiración a regular la actividad sindical.

El gremialista y senador por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Guillermo Pereyra, explicó a El Cronista que "“de ninguna manera el texto puede hacer mención a cambios en las modalidades con las que los trabajadores vienen trabajando hasta el momento”".

El ex director de YPF, acérrimo opositor a la nueva ley, aseguró que va a rechazar “de lleno la mención en el texto” y que si bien no hay especificaciones, confió que fue tema de conversación en una reunión que el líder mantuvo por otros asuntos con el camionero Hugo Moyano.

"“Todo lo relacionado con los trabajadores se realiza a través del convenio colectivo de trabajo"”, manifestó.

A su vez, también adelantó que tratará el punto en la reunión que tendrá con el ministro de Energía de la provincia, Guillermo Coco, y el gobernador Jorge Sapag para elaborar una propuesta conjunta que presentarán a las autoridades nacionales el lunes.

Otra fuente del sector, que prefirió anonimato, sentenció que "“la referencia a la actividad sindical es otra de las barbaridades del proyecto”. “Aunque todos son conceptos muy vagos en el borrador está claro que la idea de que los sindicatos se deban adaptar a las nuevas modalidades apunta a que hoy en los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, hay que bajar costos salariales y laborales"”.

Por otra parte, otro de los puntos que no había trascendido hasta el momento es el rol de los municipios sobre la actividad.

La iniciativa oficial establece que “se procurará que los municipios no graven a la industria hidrocarburífera y/o adopten normas que interfieran con dicha actividad”.

Al mismo tiempo, respecto a la eliminación de las reservas de áreas, que suprime el esquema de carry o acarreo, en el punto 3 impulsa la renegociación de los contratos ya existentes bajo este sistema.

Como contrapartida, el Gobierno concederá beneficios fiscales e impositivos para las empresas que inviertan en estos proyectos, dándole rango de ley a los decretos 929 y 927 que se crearon para el contrato que YPF firmo con Chevron en Vaca Muerta.

Un ejemplo: la reducción desde u$s1.000 millones a u$s250 millones en el requisito de inversión para que las compañías puedan acceder a menores retenciones y giro de divisas.

Y aunque a las provincias se les congelará las regalías e ingresos brutos en sus niveles actuales (12% y 3%), se estima que podrán recaudar más a través de mayores desembolsos que atraerían estos incentivos.