Luego del papelón de la semana pasada, cuando reconoció que no sabía a quién pertenecía la ex Ciccone Calcográfica cuando votó por su estatización, la diputada kirchnerista Adela Segarra, insistió que "cuando se expropia no siempre se sabe cuáles son los dueños" y afirmó que en el caso de la empresa que imprime billetes "la están reclamando tanto (la familia) Ciccone como (Raúl) Moneta".

Se trata de la compañía por la cual hoy el vicepresidente, Amado Boudou, está procesado por la Justicia. Según el juez Ariel Lijo el funcionario de la Casa Rosada aceptó como soborno el 70% de las acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar su quiebra.

Para el magistrado, el segundo de Cristina Kirchner cometió los los delitos de "cohecho pasivo" (que implica recibir coimas) y "negociaciones incompatibles con su función", delitos que se castigan con una pena de seis años de cárcel como máximo.

Segarra, que preside la comisión de Juicio Político y que frenó junto al resto de los legisadores del Frente para la Victoria los pedidos de la oposición para comenzar con el proceso de destitución Boudou, se había puesto muy nerviosa e incómoda durante una entrevista con Marcelo Longobardi, en la que se le preguntó si sabía quién era el dueño de Ciccone a la hora de votar a favor de su estatización. Con silencios y evasivas, terminó dando por finalizada la charla en Radio Mitre.

"No quería contestar esa pregunta porque estábamos hablando de otra cuestión y porque sobre esa empresa hay varios actores que están reclamando", explicó días más tarde Segarra en diálogo con FM Milenium y agregó: "Cuando expropiás no siempre sabés cuales son los dueños".

En esta línea, la diputada sostuvo que se trata de "una empresa que tiene un proceso complejo en cuanto a su situación económica".

Por otra parte, justificó el rechazo "in limine" de los pedidos de juicio político contra el vicepresidente por parte del oficialismo en la comisión que ella preside al señalar que es "central defender la institucionalidad democrática".

Para la dirigente kirchnerista, "avanzar en esa instancia es debilitar la institucionalidad" y por ello en la comisión el oficialismo presentó un informe basado "en los principios republicanos y en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario".