El juez neoyorquino Thomas Griesa recibirá este martes a los bancos e intermediarios financieros que, por decisión de ese magistrado, tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron en el canje de la deuda defaulteada de la Argentina, que se realizó en 2005 y 2010.

Será en el marco de versiones que indican que el juez podría reponer, por un tiempo acotado, el "stay" (medida cautelar que frena los embargos) para permitir esos pagos y facilitar las negociaciones entre la Argentina y los holdouts.

El encuentro se realizará mañana, a las 11.30 hora de la Argentina, a pedido del Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan, entidades que le solicitaron al juez que "clarifique" su determinación de impedir el pago a los bonistas, ya que eso podría ocasionarles reclamos judiciales a esas entidades financieras.

En esa audiencia -en la que además participarán los letrados de las dos partes, tanto de la Argentina como de los denominados fondos buitre- fueron convocados también representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders.

Por otra parte, también se tratará la "moción de reconsideración parcial" introducida por el principal litigante contra la Argentina, el fondo NML Capital, que sostiene que la Argentina "se niega a tratar de llegar a una solución".

Entre las versiones que circularon en los últimos días, se destaca la que indica que, a solicitud de los propios Fondos Buitre, Griesa podría reponer el "stay", por un plazo acotado, para que los bancos puedan pagarle a los bonistas que entraron en el canje la plata que les depositó la Argentina y que se reabra la instancia de negociación entre el Gobierno y los holdouts.

Si eso sucede, la Argentina no caería en default, como podría ocurrir el 30 de julio, más allá de que el Gobierno insiste en que no hay ninguna posibilidad, cuando se cumpla un mes de la fecha en que se debía pagar, ni los bancos y agentes financieros serían susceptibles de reclamos de parte de la Argentina y de los bonistas por retención indebida de fondos.

El 26 de junio la Argentina depositó 539 millones de dólares en la cuenta que el BoNY tiene en el Banco Central de la Argentina (BCRA) para que se le pague a los bonistas, pero esos fondos fueron bloqueados por orden de Griesa, lo que dejó a la entidad, que tampoco pudo restituir esa plata a la Argentina, en una situación compleja.

Si se repusiera el "stay" y se cumplieran con los pagos, habría un tramo de por lo menos dos meses para avanzar en las negociaciones, ya que para setiembre está previsto el siguiente pago a los bonistas que entraron al canje.

Respecto de las negociaciones, Griesa nombró al abogado Daniel Pollack como mediador entre la Argentina y los Fondos Buitre para lograr un acuerdo que permita cumplir con la sentencia del magistrado -ratificada en instancias superiores- que obliga a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares.

"El juez metió a todos en este embrollo y ahora tiene que encontrar soluciones, porque la Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables", afirmó este lunes el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, en declaraciones a Radio América.

El punto clave de la negociación -si es que se puede avanzar en ella- es evitar que entre en vigencia la cláusula RUFO, que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

Esa cláusula establece que la Argentina no puede hacer una mejor oferta que la que le hizo a los que entraron al canje -el 92,4 por ciento de los tenedores de los títulos defaulteados- a los otros acreedores que no ingresaron en esa negociación, que son el 7,6 por ciento.

De ese porcentaje, alrededor del uno por ciento -los fondos buitre- son los que litigaron y le ganaron a la Argentina una indemnización del 100 por ciento del valor nominal de los bonos defaulteados, según informó DyN.

Este lunes por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que de activarse la cláusula RUFO "se dispararía un pasivo enorme", que supondría un "acrecentamiento de la deuda externa de entre 120 mil millones a más de 500 mil millones" de dólares.

"Es un acuerdo de partes que un juez no puede vulnerar. Nosotros consideramos que esta es una cuestión emblemática y debe ser respetada", planteó el funcionario frente a la reunión que mañana tendrá el juez Griesa con las partes.