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Se recalienta la pelea: Griesa no accedió al stay y buitres acusan al Gobierno de "jugar con el sustento de argentinos"

El juez no reactivó cautelar para que el país pague a bonistas sin que el dinero sea embargado. En la previa, abogados de holdout lanzaron duras críticas
22/07/2014 - 18:50hs
Se recalienta la pelea: Griesa no accedió al stay y buitres acusan al Gobierno de "jugar con el sustento de argentinos"

El juez neoyorquino Thomas Griesa no colocó el stay este martes, luego de la reunión con los bancos e intermediarios financieros que, por decisión de ese magistrado, tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron en el canje de la deuda defaulteada de la Argentina, que se realizó en 2005 y 2010.

Esto fue en el marco de versiones que indicaban que el juez podía reponer, por un tiempo acotado, la medida cautelar que frena los embargos para permitir esos pagos y facilitar las negociaciones entre la Argentina y los holdouts.

Además, el mediador Daniel Pollack convocó a la Argentina y a los holdouts a un nuevo encuentro que se realizará mañana, miércoles, a las 10 de la mañana.

"El stay no es necesario para continuar con el diálogo", indicó Griesa.

En una reunión en la que se repasaron aspectos técnicos, el magistrado indicó que "aún es tiempo de trabajar con el special master (mediador) para evitar un default".

Al respecto, la analista Betsy Szewach, de Proficio Investment, le dijo a iProfesional: "Era esperable ya que no hubo avances en la negociación y tampoco fue algo pedido por los holdouts o el "Special Master". Ahí hubiese sido otra cosa, pero el juez, por sí mismo, no iba a pronunciarse en contra de su propio fallo".

Además -dijo la economista- que "si la idea es reponer el stay para que puedan seguir negociando, por qué ponerlo 8 días antes y no a último momento para empujar a la Argentina a negociar si quiere evitar el default".

El encuentro comenzó a las 11:30 hora de la Argentina, a pedido del Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan, entidades que le solicitaron al juez que "clarifique" su determinación de impedir el pago a los bonistas, ya que eso podría ocasionarles reclamos judiciales a esas entidades financieras.

En esa audiencia -en la que además participaron los letrados de las dos partes, tanto de la Argentina como de los denominados fondos buitre- fueron convocados también representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders.

Por otra parte, también se trató la "moción de reconsideración parcial" introducida por el principal litigante contra la Argentina, el fondo NML Capital, que sostiene que la Argentina "se niega a tratar de llegar a una solución".

Calentando el ambienteHoras antes del encuentro ante el juez Thomas Griesa, los fondos buitre salieron a calentar la pelea.

En un comunicado oficial reproducido por Reuters, Aurelius dijjo que el pedido argentino de reponer la medida cautelar que suspende el fallo judicial es el último ejemplo de una "penosa letanía de excusas inventadas".

De acuerdo con el fondo buitre que junto con NML lidera la demanda contra Argentina, "los simples hechos demuestran que los gobernantes de Argentina no tienen interés en negociar: no lo tienen ahora y no lo tuvieron durante los dos años y medio en los que sí hubo una medida cautelar".

En opinión del fondo, el Gobierno prefiere "jugar con el sustento de los argentinos antes que sentarse para lograr un acuerdo".

En la misma sintonía, Pablo Giancaterino, único abogado argentino presentado en el expediente de Nueva York de juicios colectivos, aseguró: "Aún no hay ninguna negociación. El paso del tiempo sin ella no es buen indicio", le dijo a iProfesional.

"Los demandantes están listos para una solución definitiva antes y ahora. Así se lo hemos demostrado al país durante años. En 10 años de litigo no hay lugar para improvisación. La solución existe, es judicial e inmediata", agregó este representante de la primera mayoría de minoristas en Class Action (8 series de bonos completas de un total de 22).

Los abogados de la Argentina y de los fondos buitre se vieron las caras este martes en una audiencia convocada por Griesa a pedido de los bancos que recibieron el dinero del pago de intereses de los bonos reestructurados y que no pudieron depositarlo en las cuentas de los bonistas por instrucción de Griesa.

Los representantes del Bank of New York (BONY), JP Morgan, ClearStream y Euroclear solicitaron al juez que les indique qué hacer con los fondos bloqueados.

En el ministerio de Economía dijeron que tendrán una participación activa. Su estrategia será la de insistir sobre la necesidad de que se reponga la medida cautelar (stay) que suspende el fallo del juez que obliga a pagar a los holdouts y, en consecuencia, impide el desembolso a los tenedores de Discount.La negociación y la guerra psicológica

Las agujas del reloj siguen su marcha inexorable hacia la fatídica fecha del 31 de julio -cuando la Argentina puede entrar en default técnico- sin que se perciba hasta el momento un acuerdo que aleje esa posibilidad.

Como en una dura partida de ajedrez que está por llegar a sus últimas instancias, cada parte mueve con sumo cuidado sus piezas, sin dejar de observar el "cronómetro legal".

Estas piezas pueden ser propuestas de acuerdo bajadas a papel, encendidas críticas en foros internacionales o incluso solicitadas en los medios.

En tanto, Cristina Kirchner aprovechó la gran vidriera que le ofrecía la cumbre presidencial de los BRICS para reforzar su argumentación como víctima de "un sistema financiero internacional absolutamente desquiciado".

En ese foro oficializó la oferta de darle a los "buitres" las mismas condiciones de pago que obtuvieron quienes ingresaron al canje en 2010.

Algo que, desde ya, es considerado de aceptación imposible, dado que implicaría que quien acaba de recibir un fallo judicial para cobrar el 100% de una deuda se conforme con recibir un 34 por ciento.

Algunos han visto esta declaración como una confirmación de que se podría llegarse a un default, si bien no está dicha la última palabra.

Por estas horas, entre los expertos en finanzas y en legislación internacional hay una intensa especulación respecto de la forma final que tomará esa negociación.

El camino para un arreglo

¿Cuál es el arreglo al que se le atribuyen más posibilidades en el mercado? La respuesta está en "la solución Repsol", con un cronograma en el que recién se empiece a pagar en 2015.

El monto a cancelar vía bonos se acerca a unos u$s1.650 millones, que incluye la deuda (u$s1.330 millones) más los punitorios e intereses.

En principio, se apunta a no comprometer reservas del Banco Central y tampoco a aplicar quita alguna sobre la deuda total. Como en toda negociación, ambas partes ceden ciertas condiciones.

El Gobierno recurriría a dos tipos de bonos: el Bonar 2024 (con tasa de rendimiento del 10% anual, utilizado para pagarle a Repsol la expropiación de YPF) y el flamante Bonar 2028.

Esto, a pesar de que los buitres se muestren más predispuestos a hacerse de títulos Boden 2015.

Una de las patas clave que permite pensar en ponerle fin a la disputa es la intervención de algunos bancos.

UBS, Goldman Sachs, Citi y JP Morgan mostraron sus intenciones de comprar estos "pagarés" a los holdouts en enero, a cambio de dólares "cash".

Este mecanismo ya se dio, por ejemplo, con el JP Morgan, que adquirió bonos por u$s5.000 millones que recibiera de Repsol.

El pago en bonos es la opción que hoy el mercado ve como la más factible, aunque puede haber matices en la forma final.

Dos artilugios legalesSorprendió a quienes siguen este litigio entre el Ejecutivo y los buitres la "guerra de solicitadas", publicadas por ambas partes.

Sin embargo, tal como diera cuenta iProfesional, detrás de ellas se estaría escondiendo un artilugio legal.

Concretamente, la administración K (para evitar el reclamo de otros bonistas por esos u$s15.000 millones) puede esgrimir como defensa que no negoció con los buitres sino que el pago fue hecho "bajo protesto".

Para que no se gatillen otras demandas, además del artilugio del "bajo protesto", habría otro "vericueto": el de no proponer una quita de deuda.

Concretamente, porque este hecho -desde el punto de vista jurídico- podría tomarse como una propuesta voluntaria del Gobierno, lo que hubiese activado la cláusula RUFO.

Es decir, el "sin quita" y el "bajo protesto" reducirían la posibilidad de futuros reclamos.

En otras palabras, el pago quedaría exclusivamente como consecuencia directa de una negociación forzada tras un fallo adverso surgido contra el país.

Cruces y acusaciones

Hasta ahora, la preocupación del ministro Axel Kicillof fue transmitirle al mediador Daniel Pollack un mensaje contundente: en estas condiciones, el fallo es "impracticable".

En la previa, el ministro reafirmó que la sentencia firme a favor de los buitres era de "imposible cumplimiento" y que el país necesitaba un "stay" (cláusula anti-embargo) para poder negociar.

Desde la otra vereda, Jay Newman, mano derecha de Paul Singer -el "buitre más malo"- se mostraba permeable a alcanzar un acuerdo.

Señalaba que estaría dispuesto a concederle "más tiempo a la Argentina", siempre que el país "avance con medidas concretas y serias en las negociaciones".

"Aceptaríamos cualquier pago en bonos y otros instrumentos financieros, lo que significaría que las reservas de la Argentina no serían materialmente afectadas", expresó en una columna en el Financial Times.

Y citó que el resarcimiento aceptado iría en línea con el modelo "a la Repsol" en el que la Argentina pactó por u$s6.000 millones con la empresa española, o el de u$s10.000 millones con los acreedores soberanos del Club de París.

"Ninguno de estos dos acuerdos tensaron sus reservas, ya que juntos añaden alrededor de 2 puntos porcentuales a la relación deuda-PBI, que se mantiene en un modesto 40%", resumió Newman.

Y agregó: "Estos convenios llevaron a la Argentina a estar más cerca de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito".

Como parte de su línea argumental, dejó entrever que sin un arreglo con los holdout, el país se vería impedido de conseguir financiamiento externo.

También aprovechó para presionar al Gobierno, planteando sus críticas a Kicillof, al afirmar que nunca intentó reunirse directamente con los litigantes.

"Por más de 12 años hemos tratado de convencer a la Argentina de que negocie de buena fe con los tenedores de bonos de deuda en default. He viajado a Buenos Aires para iniciar un diálogo, pero nuestros pedidos han sido ignorados", concluyó el representante de Elliott.

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