El Decreto 1242/2013 estableció en su articulado una protección a los trabajadores para no ser alcanzados por el tributo ante futuros aumentos salariales. Así consta en el artículo 2 que fija que el nuevo mínimo no imponible "tendrá efectos exclusivamente para los sujetos cuya mayor remuneración o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto de 2013, no supere la suma de 15.000 pesos".

De esta manera, quienes hayan obtenido o vayan a obtener aumentos salariales o jubilatorios, con posterioridad a esa fecha, no están alcanzados por el impuesto, aunque sus ingresos superen los 15.000 pesos.

Además, el artículo 4 de la misma normativa incrementó en un 20% el valor de las deducciones que el contribuyente que tributa el gravamen puede hacer por cónyuge, hijos, empleada doméstica y medicina prepaga, en salarios brutos mensuales que no superaba los 25.000 pesos, también en el periodo enero-agosto de 2013.

Quienes hayan obtenido o vayan a obtener aumentos salariales o jubilatorios con posterioridad a agosto de 2013 no están alcanzados por el impuesto, aunque sus ingresos superen los 15.000 pesos. Esta decisión del gobierno nacional evitó cualquier suspicacia respecto al efecto real que un incremento salarial puede tener en el bolsillo del trabajador, frente al impuesto a las Ganancias.

En esta oportunidad, quienes no estaban alcanzados y ya percibieron aumentos por paritarias salariales y movilidad jubilatoria, como así quienes vayan a recibirlos en los próximos meses, seguirán sin estarlo.

Así, la cantidad de trabajadores que tienen que pagar el tributo se mantiene en 9 de cada 10, dejando a un pequeño grupo selecto de altos ingresos alcanzado por Ganancias.

Y en el caso de los jubilados, casi la totalidad quedó exenta del tributo.

Entre los trabajadores, de los 9,5 millones registrados, pagan 950.000, lo que representa el 10%.

Y de los 6 millones de jubilados, 40.000 están alcanzados por el impuesto, es decir, 1 por cada 200.

Cuando se emitió el Decreto, tributaban 2,5 millones de personas, entre trabajadores y jubilados, y actualmente lo hacen un millón, es decir, 40% menos que un año atrás.