El juez de Nueva York, Thomas Griesa, en el caso entre Argentina y acreedores no reestructurados no resolvió ninguna de las cuestiones planteadas en una audiencia del martes, dijo este martes por la noche el Gobierno a través de un comunicado.

Así la cartera que encabeza Axel Kicillof se refirió a los resultados de la audiencia que mantuvo este martes el juez de Nueva York, Thomas Griesa, con directivos de los bancos de los cuales deben cobrar los acreedores de la deuda argentina.

"El juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro", dijo el gobierno.

Un fallo de Griesa requiere que la Argentina pague la deuda a los llamados holdouts. El mes pasado, el magistrado dio un paso más y bloqueó los fondos destinados al pago de vencimientos a acreedores reestructurados que habían entrado al canje.

"El día 26 de junio, tal como viene haciendo normalmente, la República Argentina realizó el pago del vencimiento de su deuda por un monto de 1151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010", explicó el comunicado oficial.

En este escenario, las autoridades argentinas reclamaron a Griesa que "deje cobrar" a los bonistas que entraron al canje y le propuso a los holdouts que asuman los riesgos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO.

""Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", señaló el Ministerio de Economía en el comunicado de prensa reproducido por DyN.

Economía reiteró que la Argentina solicitó una "suspensión de la sentencia (stay)" que impide el pago a bonistas regulares "remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes".

Justificó esta posición al sostener que "tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO" e "implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".

Según Economía, "los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO".

"Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable", advirtió el Palacio de Hacienda.

Frente a este escenario la cartera económica se quejó porque "el juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO".