El Jockey Club de San Isidro volvió a impulsar la venta de 43.000 metros cuadrados de espacios verdes, gracias a una ordenanza que el Concejo Deliberante, bajo la mayoría del intendente Gustavo Posse, aprobó en la última sesión del 2013.

Esta ordenanza habilitó la construcción de torres de al menos 3 pisos, en una superficie de 43.000 metros cuadrados de bosques y árboles.

La diputada nacional Teresa García manifestó al respecto que desde el Concejo Deliberante "modifican el código de ordenamiento urbano sin haber sido refrendado por la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial de la provincia de Buenos Aires".

En tanto señaló, en diálogo con Télam, que "existe anuencia entre Posse y el actual presidente del Jockey Club, Enrique Olivera, que responde a la UCR" para impulsar proyectos inmobiliarios.

Asimismo, la diputada del Frente para la Victoria subrayó que "volvieron a retomar una iniciativa" que se intentó el año pasado y que provocó "una reacción importante por parte de la comunidad de San Isidro".

El proyecto encontró su principal resistencia en los vecinos del Hipódromo, quienes ya reunieron más de 10.000 firmas para exigirle al gobierno de Posse que dé marcha atrás con la ordenanza.

La diputada manifestó que en esos terrenos ya se proyecta "la construcción de viviendas multifamiliares públicas o privadas, lo que provocaría problemas con los servicios públicos básicos, el tránsito y en el fácil acceso al hospital de San Isidro".

El Jockey Club de Buenos Aires, argumenta que necesita vender estas tierras para sostener la actividad hípica y las arcas del club, que son deficitarias.

Sin embargo, está subsidiado por ley, y la actividad tuvo un gran apoyo desde el gobierno provincial a través del Fondo de Reparación de la Actividad Hípica.

El proyecto, que también recibió cuestionamientos dentro del propio Jockey Club, sumó una presentación judicial de la concejala Marcela Durrieu, del Frente Renovador, quien presentó una acción de amparo para exigirle al intendente que realice una consulta popular y estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la construcción, algo que omitieron hacer los concejales que aprobaron la ordenanza.