En el Ministerio de Economía creen que si el miércoles los tenedores de bonos discount en el exterior no cobran u$s539 millones depositados en una cuenta del Bank of New York situada en el Banco Central, "el impacto sobre la economía no será de la magnitud del default de 2001". 

Estas palabras son las que escucharon inversores y visitantes en el quinto piso de Economía a horas del vencimiento que dictaminará la máxima de esta semana: el retorno (o no) del país al default, según consigna Clarín este domingo.

En la última semana pasaron por Buenos Aires delegaciones de importantes fondos de inversión que vinieron a recolectar información sobre las perspectivas económicas y financieras del país. Y mantuvieron reuniones con funcionarios. En esas charlas se habló sobre la posibilidad que Argentina efectivamente no llegara a un acuerdo y la respuesta de los funcionarios fue que la economía del país, a diferencia de la experiencia del default en 2001, no colapsaría. "Podrá sortearse más fácil que en 2001 y evita la posibilidad de enfrentar una serie de juicios millonarios por la cláusula RUFO", contó al matutino un economista del equipo unos diez días atrás en una de estas reuniones.

La cláusula RUFO (su nombre viene de sus siglas en inglés) dice que los bonistas que aceptaron los canjes 2005 y 2010 tienen derecho a demandar que el país les mejore la oferta o se las iguale a la de los buitres.

Respecto a la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo el viernes que "nadie quiere un default, nadie celebra un default". Pero lo cierto, señala Clarín, es que en el Palacio de Hacienda calculan si el costo de pagarle a los buitres es mayor al de entrar en default y afrontar las turbulencias por los próximos cinco meses hasta que venza la RUFO el 31 de diciembre.

En ese caso, el país demoraría su retorno al mercado de capitales e interrumpiría una serie de acuerdos logrados en el último tiempo con esa estrategia: Ciadi, Repsol y Club de París. La agenda podría retomarse en enero de 2015, justo en un año electoral. Mientras tanto, en los próximos cinco meses, el equipo económico deberá maniobrar con las tensiones que desencadena un default y sus consecuencias.

El 26 de junio pasado la Argentina pagó u$s832 millones en cumplimiento con los tenedores de bonos discount de los canjes. De ese monto, u$s539 millones fueron depositados en una cuenta del Bank of New York Mellon del Banco Central. El pago fue trabado por el juez Thomas Griesa y el dinero sigue ahí. Tampoco cobraron los tenedores de esos bonos en Europa y Japón.

A partir del 30 de junio comenzó a correr un período de gracia de 30 días que vence este miércoles a medianoche. En caso que no cobren, si los tenedores de esos bonos reúnen el 25% del valor nominal por serie podrán exigir que se les devuelva el capital inmediatamente. Es lo que se llama "aceleración de la deuda".

Según cálculos privados, si Argentina no cumple con sus obligaciones hasta fin de año la aceleración de la deuda causaría un aumento del pasivo por unos u$s35.000 millones.

El plan de emergencia

El Gobierno evalúa un plan de emergencia para el caso de que no se logre un acuerdo con los fondos buitre y caiga en default el miércoles próximo por no poder cumplir con el fallo de Griesa

De acuerdo a La Nación, en la Casa Rosada estudian nuevas medidas de aliento al consumo y darles más dinamismo a los planes Procrear (créditos para viviendas), Procreauto (automóviles) y Progresar (jóvenes ni-ni).

Se analiza además aumentar la aplicación de los planes de Recuperación Productiva (Repro) para evitar despidos: el Ministerio de Trabajo paga parte de los salarios a las empresas para que no despidan trabajadores.

Según confiaron al matutino fuentes oficiales, se buscaría impulsar actuales planes de crédito de fomento ($10.400 millones) para emprendedores y microemprendedores y sumar otras medidas de aliento al consumo. Si se retrae el financiamiento, se intensificará la asistencia al propio Tesoro con más transferencias de la Anses y del Banco Central y con una mayor emisión monetaria ante un mayor déficit fiscal.

Se buscarán también fortalecer las reservas a través del "swap", o intercambio de monedas de u$s11.000 millones, que la Argenitna firmó con China, hace más de una semana.

En el Gobierno aseguran que habrá desde el miércoles 60 días para negociar. En ese lapso, los bonistas podrían pedir la aceleración del bono, esto es, juntar un 25% de tenedores y reclamar que los vencimientos de 2033 o 2038 se adelanten en 24 horas.

La preocupación de la Presidenta se focaliza en la posibilidad de que se registre una mayor caída del PBI, las inversiones, el crédito, el consumo y haya despidos.