Tras el fracaso en la negociación con los holdouts, el ministro de Economía Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa que buscó reafirmar la postura del gobierno y llevar tranquilidad a los argentinos.

"Decir que entramos en default es una pavada atómica", sostuvo el funcionario e intentó ahuyentar el fantasma de la cesación de pagos que siembra miedo por estas horas: "Hay una campaña vinculada a instalar el pánico sobre la palabra default".

"El gran problema para todos los que andan agitando es que ninguna de las condiciones que constan en los contratos se cumplen", argumentó. Y en ese contexto, agregó: "Ninguno de los eventos de incumplimiento han ocurrido con la deuda. Argentina pagó, esto no lo duda ni el juez. El pago está hecho", aclaró.

En tanto, Kicillof volvió a cargar con fuerza contra el juez de Nueva York, Griesa, quien trabó en el banco de Nueva York el dinero que iba dirigido al 92% de los bonistas que entraron en el canje. Sobre ello, el titular de la cartera de Economía dijo que "al día de la fecha continúa sin expedirse sobre qué hacer con esos fondos".

"Los ha dejado a esto en una especie de limbo. Esa plata es de los bonistas. Vamos a hacer lo posible para que esa plata llegue a sus legítimos dueños", aseguró. Y aseveró que "la decisión de Griesa es un hecho judicial sin precedentes en la historia".

En busca de un nombre que no sea default

Cristina Kirchner ya dejó explícitamente clara su postura: sólo se puede considerar default si un deudor desconoce o no puede afrontar su obligación. Y como la Argentina pagó, el país no puede ser catalogado como tal.

Tampoco, puede ser responsabilizado por el accionar de un juez que congela una cuenta bancaria e impide el pago. Ergo, a ojos de la mandataria, la Argentina no está en default.

La propia Cristina desafió a que los analistas de bancos de inversión, de calificadoras de riesgo que operan a nivel global, economistas y consultores del ámbito local vayan buscando una nueva denominación para esta situación atípica.

En el mercado ya circulan algunas propuestas, algunos hablan de "default técnico", otros de un "default transitorio" y las agencias calificadoras recurren a la categoría del "default selectivo".

Los más optimistas han usado el apelativo de "default controlado".

El verdadero objetivo del Gobierno es que finalmente se llegue a un acuerdo por el lado de los privados, ya sea por el lado de bancos nacionales o bien por alguna entidad como el JP Morgan que esté dispuesta a comprarle la deuda a los buitres. 

En caso de no darse este escenario, la otra alternativa es la de transitar estos cinco meses con la menor cantidad de sobresaltos posibles e intentando, por todos los medios, llevar calma a los mercados y a la opinión pública. 

Es por ello que los funcionarios tratan de distinguir el contexto actual con el de 2001 y asociar lo que ocurre hoy día a una suerte de "default light", un período en el cual el país siga depositando puntualmente el monto correspondiente a cada vencimiento de deuda -sabiendo que ese dinero será congelado por el juez- y esperando a que llegue el ansiado 2015.

A partir de enero, habrá pasado el peligro de la temida cláusula RUFO -por la cual los bonistas que aceptaron el canje pueden reclamar el mismo trato que se le dé a los "buitres" y así disparar un efecto dominó que llevaría al país a enfrentar reclamos por u$s120.000 millones-.

El discurso oficial, durante ese interín, quedó explicitado por las últimas intervenciones públicas de la Presidenta: la Argentina deposita el dinero, por lo que no está en default. Además, no ha hecho propuestas de pago a los "buitres" que puedan ser consideradas como violatorias de la cláusula RUFO.

Y, sobre todo, hay un argumento que ha terminado de convencer al mercado de que la postura del Gobierno no es apenas una sobreactuación "para la tribuna" sino que la dureza negociadora es real: los funcionarios, empezando por la mismísima Presidenta, creen que pueden quedar expuestos personalmente y ser objetos de acciones legales si estampan su firma en cualquier papel que implique una propuesta a los "buitres".

La fuerte argumentación sobre que "sólo defaultea quien no paga" y además la cuestión de la responsabilidad penal de los funcionarios dejan muy poco margen para que el Gobierno cambie su postura.

De hecho, lo que se ha notado en las últimas horas ha sido un operativo destinado a preparar el terreno para el día después del 31 de julio.

Que no cunda el pánicoTanto funcionarios como analistas afines al kirchnerismo han empezado a hacer declaraciones tranquilizadoras, en el sentido de que este "default light" no tendría consecuencias graves, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el económico.

"Hay que abandonar esta idea de que si no hay arreglo se viene el mundo abajo. Y también la fantasía de que si Argentina cede, nos van a llenar de dólares y de inversiones", sostiene el economista Aldo Ferrer, quien cree que la postura inflexible del Gobierno es la que corresponde en este momento.

"Si cede, se desarma toda la reestructuración de la deuda y entramos en un caos", afirma. También otros economistas habitualmente críticos del Ejecutivo han salido a relativizar las expectativas de desastre para el caso de default.

Si bien no minimizan los inconvenientes, ponen el foco en marcar las diferencias con el traumático evento de cesación de pagos del 2001.

El abogado Etchebarne es contundente respecto de que, sea cual fuere el nombre que se le ponga, el país cayó en default.

"Es una cuestión fáctica. Si los fondos no llegan al tenedor de los bonos en Estados Unidos e Europa dentro de 30 días de la fecha de pago, entonces hay un evento de default que, además, dispara incumplimientos cruzados", sostiene. (Ver nota: "Asuntos internos": un fuerte cruce entre banqueros y Kicillof dejó en stand-by un posible acuerdo con buitres )

El fantasma al que le temen abogados y economistas es el de la "aceleración": esto implica que el 31 de julio los bonistas que en su oportunidad entraron al canje pasen a reclamar que se haga efectivo todo el pago del capital, que originalmente estaba previsto para realizarse en 2033.

El tema es materia de debate, pero nadie se anima a descartarlo por completo. Además, está la cuestión económica, que es la que en definitiva terminará moldeando el humor social en los próximos meses.

Y ahí es donde surgen las mayores dudas.

Para el economista Federico Muñoz, un default echaría por tierra el gran objetivo de volver al crédito externo para aliviar la castigada caja estatal.

También Mario Blejer, ex titular del Banco Central argumenta que la jugada no será gratis: "La Argentina no podría volver al mercado de capitales para conseguir crédito a una tasa razonable. Y se vería aun más afectada la reputación del país al momento de buscar créditos e inversiones externos".

En el interín, claro, habrá que seguir pagando cuentas. Según Di Stefano, si se suman los intereses de la deuda pública, las obligaciones con los organismos internacionales y las letras que vencen, habrá que desembolsar u$s2.700 millones sólo en el cuarto trimestre.

Al día de hoy, aún resuena la frase tranquilizadora de Kicillof cuando la Corte Suprema de EE.UU. rechazó tomar el caso contra los buitres. "Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad".

https://www.youtube.com/watch?v=gmceidb2s3g&feature=youtu.be