El nerviosismo de Cristina Kirchner en su última cadena nacional -ese que tanto asombró a la prensa extranjera, poco acostumbrada a que a un mandatario se le quiebre la voz y llore en cámara- tuvo en las últimas horas un curioso contraste: la calma y hasta el buen humor del que hizo gala el ministro Axel Kicillof.

Al explicar los detalles de la nueva propuesta -la que habilita a los acreedores de la Argentina a cobrar sus haberes en el Banco Nación y no en Nueva York-, el ministro transmitió la calma del ajedrecista que ya sabe todos los movimientos que hará el contrario.

"Seguro que van a tratar de acelerar los pagos de la deuda. Los estamos esperando", desafió, en respuesta a la posibilidad -cada vez más cierta- de que los acreedores exijan, de una sola vez, todos los desembolsos originalmente programados hasta 2038.

El aplomo de Kicillof parecía destinado a transmitir la idea de que todas las consecuencias posibles del litigio con los "buitres" y de la reciente iniciativa legislativa están previstas y analizadas.

En ese contexto, el ministro dejó en claro lo que espera de los buitres: "Son capaces de comprar la empresa ACME, la de los dibujitos de la tele, con las trampas, la dinamita, y todo eso, para inventar lo que sea, para desprestigiarnos".

Como saben todos los que pasaron horas de su infancia frente a la pantalla de la TV, viendo los dibujitos como "El coyote y el correcaminos", la fábrica ACME era la que producía todos los implementos con los cuales ocurrían las situaciones violentas.

Todos los choques, las explosiones con dinamita, las caídas al vacío desde el precipicio, los despegues al espacio exterior con posterior descenso y los personajes aplastados por yunques gigantes que venían del cielo, todo era posible gracias los servicios de ACME.

Acaso esta imagen de Kicillof sea el único punto de acuerdo que tuvo con los analistas críticos: lo que le espera al país luego de la reciente iniciativa legislativa es comparable a los tormentos que el pérfido correcaminos le inflingía al infeliz coyote.

No se trata esta vez de explosivos hábilmente camuflados, sino de nuevas formas de litigios y medidas sancionatorias de diversa índole.Un país en desacato

Lo que los expertos han señalado como primera consecuencia es la confirmación de que el Gobierno está decidido a no cumplir el fallo de Thomas Griesa, ya con independencia de la vigencia o no de la cláusula RUFO.

Es claro que nadie ofrecería -ni aceptaría- pagar con una quita del 65% cuando el acreedor tiene un fallo que le da derecho a cobrar el 100%, si no fuera porque está determinado a ignorar la sentencia.

El gesto de haber anunciado que el Estado depositará dinero también para los holdouts, por decisión unilateral aun cuando éstos no hayan aceptado tomar los bonos del canje, no parece haber conmovido demasiado a los "buitres".

Al menos, eso es lo que se trasluce del duro comunicado difundido por el fondo Aurelius: "Los dirigentes de Argentina han, literalmente, elegido ser forajidos. Han burlado crónicamente órdenes judiciales estadounidenses, mentido a nuestros tribunales y proclamado un desprecio absoluto por la justicia de Estados Unidos".

No es, lo que se diría, la declaración de alguien que aprecie el gesto amistoso del Gobierno. Más bien al contrario, si algo han festejado los "buitres" es que el anuncio de Cristina ha servido en bandeja un gran argumento en este litigio.

Ahora, pueden mostrar una prueba de que la cláusula RUFO nunca fue otra cosa que una excusa elegida con el objetivo de incumplir el fallo de Griesa.

Y esa interpretación parece aceptada por los analistas locales.

"Si hasta ayer se discutía si el default era una cuestión transitoria esperando a que venza la RUFO para arreglar en enero con los holdouts, ahora la Argentina está en el camino de seguir redoblando la apuesta", afirma Carlos Melconian.

Por su parte, Guillermo Nielsen, muy consultado en estas horas por su experiencia como principal negociador del canje de 2005, no mostró dudas al respecto.

"Al depositarle dinero a los holdouts como si ellos hubiesen entrado al canje, lo que se está diciendo es que habrá un default eterno. Esto genera un problema muy profundo y denota un fracaso a nivel diplomático", castigó Nielsen.

¿Cuál será la consecuencia de esto? Podría pensarse que, como los buitres ya estaban enojados con la Argentina, esto no cambia mucho la situación.

Pero hay otro jugador en este tema: el juez Griesa. Si interpreta que la Argentina no quiere cumplir su fallo -con o sin RUFO-, entonces llegará el primer explosivo ACME: la declaración de desacato.

De hecho, el juez varias veces había amenazado con esa figura legal si la Argentina persistía en su actitud de no negociar con los acreedores.

"La Argentina siempre le propuso a los fondos buitre pagarle lo mismo que al resto, el problema es que ellos hace rato que no lo aceptan eso, hicieron un juicio y ganaron. Esto que se propone ahora no es una solución, y el próximo paso será el desacato", argumenta el economista Tomás Bulat.

Más duro aun, el analista Agustín Monteverde apunta: "Es un desacato agravado, porque es el incumplimiento de una sentencia firme. Hemos confundido soberanía con delito".¿Qué implica, en términos concretos, que un juez estadounidense declare en desacato a una nación soberana?

Es un punto que todavía no está claro -por la falta de antecedentes- aunque seguro que no será indoloro.

Los más pesimistas creen que esa declaración podría habilitar a la justicia estadounidense a aplicar la cláusula "Discovery", lo que implica que se puede buscar y realizar embargos sobre cuentas donde haya dinero del Estado argentino.

De hecho, en los últimos días hubo un juez del estado de Nevada que pidió información sobre 123 cuentas de empresas argentinas -presuntamente ligadas al empresario Lázaro Báez- en territorio estadounidense.

Y, a partir, de ahora, es probable que este tipo de intervenciones empiece a generalizarse. En cambio, no resulta tan claro si será efectiva la aplicación de multas para el Estado argentino.

Para el abogado Marcelo Etchebarne, experto en negociación de deuda soberana, las consecuencias pueden ser atenuadas tratándose de una declaración contra una nación soberana.

"Ante el desacato, las sanciones son prisión o multas. En este caso no puede haber prisión para funcionarios argentinos, y las multas... si ya no estamos pagando la deuda, difícilmente el juez pueda cobrar una multa", comentó.

Pero, claro está, el desacato tampoco será gratuito, sobre todo porque implica un cierre definitivo para acceder al financiamiento internacional.

"El mercado financiero estadounidense es el 40% del mercado mundial. No es gratis evadir la justicia norteamericana, es ponerse a todo el mundo en contra", afirma el economista Orlando Ferreres, para quien la consecuencia concreta de esta situación será un merma en la llegada de la inversión externa.Pisando el acelerador

El otro gran riesgo que acecha a la economía argentina no tiene que ver con los "buitres".

O, al menos, no con los ya conocidos, los que desde hace años litigan contra el país, sino con otros que, por ahora, son sólo "buitres en potencia".

Si los acreedores no se sienten atraídos por el ofrecimiento argentino de cambiar la seguridad del Bank of New York por la incertidumbre de Nación Fideicomisos, entonces podrían súbitamente transformarse también en litigantes.

"El cambio de contrato es una causal de juicio y pueden pedir todo lo que le deben. En otras palabras, los buenos ahora pueden convertirse también en malos", observa Enrique Szewach, en alusión al peligro de la "aceleración".

Este fenómeno, que puede golpear a Kicillof con la fuerza de un yunque marca ACME, implica la posibilidad de que los actuales bonistas exijan el pago al contado de todo el dinero, al interpretar que el Gobierno está incurriendo en default.

El argumento del ministro es que no se han cambiado las condiciones originales del canje. Sin embargo, los analistas creen que en los hechos ocurrirá otra cosa.

"Se anuncia este cambio de lugar de pago como algo voluntario. Pero si alguien se negara y quisiera seguir cobrando bajo jurisdicción estadounidense, ¿cómo hace? Porque el proyecto establece que se desafecta al Bank of New York como agente de pago. Entonces hay una contradicción", afirma Guillermo Nielsen.

Pero hay algo peor: aun cuando la condición de "voluntario" del canje fuera real, se requiere que haya una mayoría especial de adhesión por parte de los bonistas para que este ofrecimiento no sea considerado un default de hecho.

"Para que este cambio de jurisdicción sea aceptable, el Gobierno necesita 75% de adhesión de cada serie o un 80% del total. Si esto no ocurre, se creará una nueva generación de holdouts", analiza Andrés Azicri, director de la consultora Elypsis.

En otras palabras, la predicción de Kicillof sobre que se viene un intento de "aceleración" parece acertada.Hablando en plata, los analistas creen que lo que se viene será peor que haber pagado al contado.

"El problema de los holdouts iba a ser de unos u$s15.000 millones, según la Presidenta. Y ahora nos podemos poner en un problema adicional en el cual defaulteamos por u$s30.000 millones, que es la deuda que incumplimos bajo legislación extranjera", estimó José Luis Espert.

Hay, todavía, más malas noticias. Aun cuando todos los acreedores quisieran aceptar las nuevas condiciones que ofrece la Argentina, muchos no pueden hacerlo por problemas regulatorios.

Es lo que lleva a Nielsen a plantear lo que, para él, es la demostración sobre el desconocimiento del mercado que afecta a los funcionarios argentinos: "Un 70% de los tenedores de bonos con ley de New York son fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no tengan esa legislación, por lo que nunca van a venir a Buenos Aires".

"El Gobierno está cumpliendo su viejo anhelo de hacer un canje en Buenos Aires, pero sin mirar cómo funciona el mercado", agregó.

En definitiva, lo que hay que esperar es una seguidilla de explosiones y caídas de objetos contundentes, como las que sufría el pobre coyote de la tele que entretenía la infancia de Kicillof.

Hay, todavía, grandes dudas por delante. Tal vez, la más inquietante sea ésta: si finalmente llega el momento en el que los acreedores "buenos" se transforman en "malos" y piden, ahora y al contado, que el Gobierno ponga u$s30.000 sobre la mesa, ¿cómo y de dónde se cobrarán?