El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, planteó que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de "abuso de autoridad" y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso la aprueba dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno.

El directivo expresó que "si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia".

A su criterio, Méndez sostuvo que el proyecto es "inconstitucional", aunque manifestó que "es un camino largo todavía".

El paquete de medidas que incluye la creación de un Observatorio de Precios y el Fuero del Consumidor tuvo este martes su segundo round en las comisiones del Senado, que finalmente aprobaron el dictamen con los votos del oficialismo.

En una conferencia de prensa, el presidente de la UIA dijo que el Gobierno "no nos deja margen para negociar" ya que, según señaló, "nos ponen a resolver en cuestión de horas algo en lo que ellos estuvieron trabajando durante seis meses".

"Estamos cerquísima de un abuso de autoridad", enfatizó el empresario del plástico, quien confirmó el apoyo del Grupo de los Seis al rechazo a la iniciativa gubernamental.

Por su parte, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren insistió en que "con esta ley no va a invertir nadie" y consideró que la normativa propuesta va en "sentido contrario" a lo que, a su entender, necesita la economía.

"Tenemos restricción de dólares y una posibilidad de conseguirlos es por financiamiento, pero esa puerta está cerrada. Así, que la única manera es exportando más y con valor agregado", justificó su posición de Mendiguren.

El también diputado nacional del Frente Renovador consideró que la reforma a la Ley de Abastecimiento "puede afectar", inclusive al crédito para las empresas.

"Para prestarme dinero, el banco tiene que evaluarme. Ahora, si vé que (el gobernador de Formosa, Gildo) Insfrán me puede expropiar la mercadería, ¿qué evaluación puede hacer?", argumentó.

Por su parte, el titular de la Coordinadoras de Empresas de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, formuló una serie de precisiones técnico-jurídicas.

El abogado laboralista consideró que la Ley de 1974 que el Gobierno pretende reformar "no está vigente" porque, a su entender, fue prácticamente derogada en 1991 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 2284 del presidente Carlos Menem.

Dicha norma, sancionada a pedido de organismos internacionales de crédito como requisito para acceder a financiamiento, tan solo dejó vigente el artículo 2 inciso c) del cuerpo original.

Funes de Rioja señaló que la actual reforma "es inconstitucional y viola el Pacto de San José de Costa Rica" y que, además, "viola el artículo 76 de la Constitución" que establece la forma en que el Congreso puede delegar facultades al Poder Ejecutivo.

En la conferencia de prensa estuvieron además el director Ejecutivo, Martín Etechegoyen y uno de los vicepresidentes de la UIA, Juan Carlos Sacco, según informó DyN.