Es la batalla que viene: después de haber acusado a los comerciantes por aumentar los precios, a los bancos por retacear el crédito, a los empresarios por no invertir en el país y los especuladores por fomentar corridas bancarias, el Gobierno prepara "la guerra del canuto".

Y es que, lejos de quedar limitada a la industria automotriz por el flojo desempeño del plan ProCreAuto, la sospecha sobre la retención de mercaderías tiene posibilidades de expandirse a una creciente gama de actividades.

Así lo creen, al menos, quienes recuerdan los antecedentes históricos, como el de los años '80.Ante un escenario de creciente contracción económica, con actividad fría, inflación creciente y amenaza permanente de devaluación, comerciantes, productores, consumidores y ahorristas recurren a actitudes defensivas.

Esa reacción implica básicamente huir del peso hacia otras formas seguras de proteger el patrimonio. Y en ocasiones se traduce en ahorrar en diferentes mercaderías.

A veces, esta situación puede derivar en choques de intereses, porque mientras algunos vendedores prefieren "stockear", los consumidores empiezan a comprar más de lo que necesitan en el corto plazo, de manera de almacenar distintos productos, por si más adelante los precios se disparan aún más.

Los economistas tienen un nombre más técnico para este fenómeno: caída en la demanda de dinero. Que no es otra cosa que afirmar que los pesos generan desconfianza porque pierden valor rápidamente, y entonces empiezan a "quemar" en los bolsillos.

"Hay evidencias que muestran un aumento en la velocidad de circulación del dinero, y hay una sensación de que muchos comerciantes prefieren retener la mercadería antes que venderla y quedarse con pesos con los que no le podrán ganar a la inflación", observaba algunos meses atrás Javier González Fraga, ex titular del Banco Central.

"Todos ‘desencanutan' pesos porque nadie quiere perder poder de compra con algo que ya no es más reserva de valor", afirma, por su parte, el economista Roberto Cachanosky.

Y apunta a que, en esta fase del "modelo K", se producirá una puja en la que el Gobierno forzará la liquidación de diversos stocks.

"La fiesta de consumo tiene que continuar como sea, aunque ello implique perder el inventario. Eso ya ocurrió con la ganadería, el sector energético, las rutas, trenes y demás sectores que tuvieron que vender sus productos y servicios a precios artificialmente bajos financiando las pérdidas y consumiendo su stock de capital", agrega.Una pelea por "encanutar" dólares

La escasez de dólares es uno de los factores que más acelera esta carrera por "encanutar", en particular cuando se trata de productos con un alto componente importado. Como los autos, sin ir más lejos, donde más del 60% del precio está ligado a la cotización de la moneda estadounidense.

"Si se obliga a vender a valores que no son los de mercado, la reacción natural es tratar de preservar el capital. Entonces, los empresarios encanutan stocks, de la misma forma en que el Gobierno encanuta los dólares", comenta el analista Guillermo Kohan.

Desde su punto de vista, el reproche gubernamental a los ejecutivos de compañías equivale a decirles "¿por qué no venden a un tipo de cambio de $8,40?", al mismo tiempo que estos encuentran crecientes dificultades para recomprar dólares a precio oficial.

Varios empresarios del sector automotor parecen confirmar ese punto: en off the record, admiten que el principal temor es el de quedar "descalzados", al tener que vender a un valor de la divisa que luego no les permita reponer la mercadería.

La propia Presidenta dejó en claro que, en definitiva, la escasez de dólares está en el centro de los conflictos: en un acto público destacó que la mayor parte de los billetes verdes que le reclaman los empresarios del sector automotor no está destinada a importaciones, sino a la cancelación de deuda financiera.

Además, esos préstamos "no son de bancos, sino de las propias casas matrices y las agencias de desarrollo a los países a los cuales pertenecen", destacó.

En definitiva, la mandataria apuntó justo al centro de la gran disputa de los próximos meses: cómo se priorizará el reparto de los dólares en un momento de fuerte escasez.

Cristina parece haber insinuado que, por tratarse de créditos de las casas matrices, entonces no serían considerados por el Gobierno como un rubro prioritario como para destinarle a las automotrices una ventanilla del Banco Central.

Al haber cumplido su parte de normalizar la relación con el Club de París, dijo la Presidenta, "no tendría razón alguna de que ninguna de las terminales consiga créditos en el exterior".

¿Debe interpretarse esa frase como la admisión de que ya no se entregarán dólares para el pago de deuda corporativa? Esa es la pregunta que en los últimos días comenzó a zumbar en la cabeza de los ejecutivos argentinos y que, a juzgar por las señales públicas, parece tener como respuesta un rotundo "sí".Sólo en la industria automotriz, la deuda que reclaman los empresarios es de u$s2.500 millones.

Y el dato puede sentar un precedente para lo que viene: se estima que hasta fin de año el rubro de cancelación de deuda del sector privado insumirá otros u$s3.000 millones.

mitad de esa cifra será para pagar importaciones, mientras que la otra mitad sería para cancelar créditos.

El año que viene, la situación se agudizaría: las obligaciones de las empresas serán de u$s4.400 millones, y un contundente 84% de ese monto será para afrontar deuda bancaria.

Diego Giacomini, economista jefe de la consultora, advierte que esto pone al Gobierno en una situación delicada desde el punto de vista financiero: "De concretarse el pago con los fondos del Central, las reservas irán en declive sostenido y cerrarían el año en torno a los u$s24.600 millones".

En definitiva, lo que está ocurriendo en estos días es la confirmación de que la pelea central es por "encanutar" dólares que, según los pronósticos, serán cada vez más escasos, aun cuando el Ejecutivo logre algún auxilio del gobierno chino.

En contraste, y como perfecto complemento de esta falta de dólares, explota la demanda de los pequeños ahorristas por los billetes que se venden al precio oficial de $10.

En los primeros días de septiembre el ritmo de compras alcanzó un promedio diario de u$s40 millones. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, esto supone que se está muy cerca de llegar al máximo permitido por la regulación, y que implicaría un costo de reservas por u$s800 millones cada mes.La batalla del "canuto sojero"

En esta "guerra contra el canuto", muchos creen que la nueva ley de Abastecimiento está llamada a jugar un rol clave: daría la excusa legal para intervenir los stocks de soja que los productores mantienen guardado en las silobolsas.

"Por cómo está redactada la ley, todo apunta a que sea usada para tal fin. Porque se prevé castigar a quien acumule más allá de lo necesario. Y como de toda la producción sólo se consume el 1,5% para hacer las milanesas, entonces todo lo demás se puede exportar y resulta innecesario que sea guardado", observa Nicolás Dujovne.

Para este ex economista jefe del Banco Galicia, son erróneos los análisis que consideran a la ley de Abastecimiento como una forma de intervenir en toda la cadena de producción.

"Creo que el mensaje es otro, es como decirle a los importadores ‘miren que esto no es contra ustedes, sino que es para ayudarlos, vamos a conseguir los dólares que necesitan para importar'", agrega.

Según Dujovne, la cercanía de las elecciones, y el hecho de que haya candidatos que estén prometiendo una baja en las retenciones a la soja o una unificación cambiaria, actúan como fuerte incentivo a guardar el producto.De parte de los productores, lejos de rechazar la acusación de estar "encanutando" la soja, se reivindica esa actitud como una legítima defensa.

"Disponemos reservas por la mitad de la cosecha. No por especulación voraz, sino porque no hay confianza, no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué pasa con la inflación. Entonces, el productor guarda su cosecha en defensa propia y no en una actitud devaluacionista", argumenta Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria.

Su sospecha de que el Gobierno "irá por la soja" parece reforzarse por el hecho de que la AFIP ya haya pedido a los productores dar la ubicación georeferenciada de los stocks, algo que permite la inspección mediante dispositivos GPS.

Según Salvador Di Stefano, un consultor de fuerte prédica en la zona núcleo de la producción sojera, hay unas 25 millones de toneladas guardadas en silobolsas.

"Es un stock muy superior al de un año normal. El productor con espalda financiera no va a vender, porque sabe que el precio internacional está en su nivel más bajo en cuatro años y porque tiene un tipo de cambio real similar al de febrero", observa.

Y confirma que, desde el punto de vista técnico, la guarda en silobolsas puede mantenerse durante muchos meses, con lo cual la posibilidad de especular incluso hasta con un cambio de gobierno resulta posible.Los incentivos se alinean

Para el Gobierno, intervenir es todo una tentación: al precio de hoy, implicaría sumar unos u$s10.000 millones a las reservas del Banco Central y $30.000 millones para la caja fiscal.

Pero no es el único incentivo que tiene el Ejecutivo para tratar de llevarse el contenido de los silobolsas: hay allí, además, un reclamo político por parte del ala izquierda del kirchnerismo.

El tema suele aparecer en la lista de medidas pendientes para un gobierno progresista, que además cuenta entre sus "derrotas" el revés parlamentario de la legendaria Resolución 125.

"La debilidad en que se encuentra el Estado para actuar frente a la presión de las grandes cerealeras que impusieron la devaluación, señala la imperiosa necesidad de adoptar medidas que avancen en el control estatal sobre la oferta de exportación", remarcaban los intelectuales de Carta Abierta en su última proclama pública.

Para este grupo, liderado por Ricardo Forster, este tipo de medidas están inscriptas en el marco de una pelea más abarcativa, una verdadera batalla cultural.

No por casualidad, Forster había celebrado, cuando se produjo la re-estatización de YPF, que el Gobierno hubiera recuperado para el lenguaje político términos como "expropiación" -"una palabra cara a los intereses populares"-.

En definitiva, el Ejecutivo parece tener todos los incentivos para pelear contra los "encanutadores": le faltan dólares, tendrá a mano una ley que le da la excusa para intervenir y, encima, puede lograr rédito político al agregar otra batalla épica al "relato".

Sólo hay un peligro en esa cruzada: en la medida en que la economía se deteriora, la sociedad argentina está cada vez más proclive a "encanutar", y no parece dispuesta a abandonar estos viejos reflejos defensivos.