Por estos días, la Superintendencia de Servicios de Salud analiza subir a $700 los aportes que actualmente reciben las obras sociales sindicales que prestan cobertura de salud a los jubilados de sus respectivas organizaciones.

Las organizaciones que aguardan con expectativa una respuesta en esa dirección son, entre otras, las de empleados de Comercio, de Seguros, bancarios, municipales y trabajadores de Luz y Fuerza y de Obras Sanitarias. De concretarse, se trataría de un incremento significativo, toda vez que esos gremios reciben actualmente $192 por cada jubilado; un monto que está muy por debajo de lo que insume el PAMI para darle servicios de salud (además de turismo) a sus afiliados.

Los gremios involucrados afirman que con el actual aporte no alcanzan a cubrir los costos mínimos de atención de sus jubilados, que totalizarían unos 300 mil. Siempre sobre la base de una "mejor orientación de los recursos", la central kirchnerista viene reclamando también mayores fondos para garantizar la prestación médica de los trabajadores monotributistas.

Cristina escuchó de boca de los sindicalistas de su palo las lamentaciones por las "fuertes y serias" dificultades financieras que vienen atravesando las obras sociales, especialmente las más grandes; que se sienten víctimas de las prepagas por entender que éstas "se quedan con la crema" del sistema.

Voceros gremiales confiaron a Infobae que esperaban novedades en forma inminente. Dicen que la Presidenta afirmó que respondería con urgencia a este pedido sobre jubilados con la misma vehemencia con la que descartó de plano la reapertura de paritarias o la actualización de Ganancias.

En aquella reunión, los sindicalistas hicieron dos jugadas más por el tema obras sociales: dejaron sobre el escritorio presidencial un borrador de decreto para limitar los traspasos, redactado por el ahora kirchnerista jefe del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, ex titular de la Superintendencia de Obras Sociales durante la era Menem.

Básicamente ese paper establece que los nuevos trabajadores deberán permanecer por lo menos un año en la obra social de su actividad, que los traspasos sólo podrán producirse durante dos períodos al año y que el padrón de una obra social no deberá superar en más de un 20% a los trabajadores de su actividad. Los cambios no serían retroactivos.

La idea es recortarle el margen a una de las reacciones adversas que produjo la desregulación del sistema: el encumbramiento de obras sociales que devinieron en auténticos sellos de goma, que sólo captan aportes para derivarlos a las empresas de medicina prepaga.

El otro reclamo que hizo la CGT de Caló pareció un tiro al aire: que el Gobierno le devuelva alguna vez, aunque sea en cómodas cuotas, el pozo de 25 mil millones de pesos que retiene de las obras sociales en una cuenta del Banco Nación.

Se le plantearon a Cristina los inconvenientes para asumir los costos de la alta complejidad sanitaria u obras de infraestructura. Un caso, por ejemplo, es el de la Uocra de Gerardo Martínez, que hace cuatro años le quedó a mitad de camino la construcción de un sanatorio en Bartolomé Mitre y Mario Bravo, en Capital.