Lo que al principio parecía ser una medida ingeniosa que permitía oxigenar las arcas estatales, terminó revelándose como uno de los peores errores de cálculo en la vida política del país: la resolución 125 ya tiene asegurado su lugar en los textos de historia, tras haber provocado una profunda división social durante cuatro meses inolvidables de 2008.

Seis años después, parecía que la lección estaba aprendida, pero muchos creen que hay altas probabilidades de que una rebelión del campo contra el Gobierno se pueda reeditar.

Ocurre que, en el marco de una aguda escasez de dólares que provoca desesperación entre los funcionarios K, aparece nuevamente el sector agropecuario como un candidato para proveer -en forma compulsiva, claro- las divisas que originalmente iba a aportar el mercado financiero.

Al menos, de esto están seguros los dirigentes de las agremiaciones rurales, que ante cada discurso de un funcionario creen ver nuevas pistas sobre una avanzada sobre la soja.Basan sus sospechas en la insistencia oficial respecto del "canuto" de mercadería como forma de conspiración empresaria para desestabilizar políticamente al Gobierno.

El hecho de que la AFIP haya solicitado la ubicación georeferenciada de silobolsas -de manera de poder ser ubicados por los inspectores con un GPS- no hizo más que aumentar la paranoia.

Pero, sobre todo, contribuye a esta sospecha una interpretación de la nueva ley de Abastecimiento, en el sentido de que su aprobación habilitará la intervención estatal sobre cualquier forma de acopio de mercadería por parte de los productores.

La frase clave en el proyecto de ley es aquella que hace referencia a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el caso de que los empresarios "acaparen materias primas o productos en cantidades superiores a las necesarias".

Hay cierta confusión respecto de cómo debe entenderse ese punto:*¿Debe interpretarse como una facultad del Ejecutivo para impedir la retención de productos indispensables para el uso masivo en el mercado interno, por ejemplo nafta?*¿O podría considerarse que, una vez cubiertas las necesidades de la población, cualquier stock que se retenga será innecesario? En este caso, se podría argumentar que no hay motivos para retener la mercadería con destino de exportación.

Varios analistas creen que el verdadero motivo del Gobierno es esta segunda posibilidad, lo cual lo habilitaría para intervenir los silobolsas y forzar la liquidación de las 25 millones de toneladas de soja -un 45% de la cosecha total- que los productores mantienen "encanutadas".

Uno de quienes argumenta así es Nicolás Dujovne, ex economista jefe del Banco Galicia: "La ley prevé que se pueda castigar a quien acumula más de lo necesario. Y como la soja que se consume en el mercado interno es apenas un 1,5% de toda la producción, entonces puede interpretarse que todo lo demás es un acopio innecesario"."La ley está pensada específicamente para esto; no creo que sea en realidad para controlar todo el proceso económico, como se ha dicho, sino para hacerse de estos dólares", afirma.

Y refuerza su argumento con un análisis de la situación económica de 2015: al ser un año electoral, y con candidatos que ya han expresado más o menos explícitamente que piensan bajar el nivel de retenciones, se crea un incentivo adicional para retener el producto. O, visto desde el otro lado del mostrador, una motivación extra para que el Gobierno intervenga.

En la misma línea opina Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Rural: "Con este instrumento, tranquilamente pueden ir por la confiscación", afirma el dirigente, que advierte sobre el "estado de alarma" entre los productores.Conspiración con dos años de garantía

Lo cierto es que, dentro de los silobolsas, está guardado el equivalente de u$s10.000 millones.

Y el Gobierno no sólo no está viendo esas divisas que podrían engrosar las alicaídas reservas del Banco Central, sino que, además, se está perdiendo el ingreso fiscal por las retenciones a la exportación, unos $30.000 millones.

La gran pregunta del momento es cuánto tiempo se mantendrá esta actitud de no vender. Hay fuertes incentivos para que el "canuto" continúe: las promesas políticas de candidatos que aseguran que habrá una caída de retenciones en 2016, sumadas a la expectativa de una devaluación en el corto plazo y, además, el bajo precio -el peor en cuatro años- del mercado internacional.

De hecho, los silobolsas están diseñados como para poder guardar mercadería en buenas condiciones durante muchos meses. Tantos, que hay vendedores que promocionan su producto con el argumento de que tiene "dos años de garantía".

Pero claro, para retener mercadería se requiere de una espalda financiera que no todos los productores poseen.

"Lo que hoy se está guardando es una cantidad muy superior a la de un año normal, y corresponde al 30% de los productores que son propietarios de sus campos. El resto, que alquila, está muy jugado con la rentabilidad y ya vendió, no puede darse el lujo de stockear", apunta Salvador Di Stefano, un consultor establecido en la zona sojera de Santa Fe.

Su visión es que, aun cuando las perspectivas de los precios indicaban que lo más conveniente era vender, quienes cuenten con "espaldas" van a mantener su producto stockeado.

"Guardar en silobolsas tiene su costo, son 160 pesos por tonelada. Entonces, aquellos que en marzo no comercializaron porque les pareció que $2.800 era bajo, ahora van a querer por lo menos unos $3.000. Pero el exportador le ofrece $2.300, entonces van a seguir esperando", analiza Di Stefano.¿Qué podría revertir esta actitud? Una mejora drástica en el precio internacional o, con más probabilidad, una devaluación del peso.

"Si el tipo de cambio estuviera a $10, habría una avalancha de camiones hacia los puertos", afirma.El reclamo de las bases

La búsqueda de dólares es un incentivo poderoso para los funcionarios K que miran con deseo los silobolsas.

Sin embargo, no es la única motivación: hay, además, una oportunidad de obtener un rédito político al hacer un gesto largamente reclamado por el "núcleo duro" del kirchnerismo.

La intervención en el comercio exterior agrícola es un tema que suele aparecer en la lista de medidas pendientes para un gobierno progresista. Y no han faltado propuestas para recrear la Junta Nacional de Granos o incluso un instituto similar al legendiario IAPI del primer peronismo.

"La debilidad en que se encuentra el Estado para actuar frente a la presión de las grandes cerealeras que impusieron la devaluación señala la imperiosa necesidad de adoptar medidas que avancen en el control estatal sobre la oferta de exportación", remarcaban los intelectuales de Carta Abierta en su última proclama pública.

Para este grupo, liderado por Ricardo Forster, este tipo de iniciativas están inscriptas en el marco de una pelea más abarcativa, una verdadera batalla cultural.

No por casualidad, Forster había celebrado que el Gobierno hubiera recuperado para el lenguaje político términos como "expropiación" cuando se reestatizara YPF.En defensa del "canuto"

Desde las agremiaciones rurales, lejos de rechazar la acusación de estar "encanutando" la soja, se reivindica esa actitud como una legítima defensa.

"Disponemos reservas por la mitad de la cosecha. No por especulación voraz, sino porque no hay confianza en la economía, no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar ni con la inflación. Entonces, el productor reserva su producción en defensa propia y no por una actitud devaluacionista", argumenta Buzzi.

Los economistas más alineados con las posturas "liberales" han salido en resuelta defensa de esta actitud. Como José Luis Espert, quien afirma: "La soja es del productor, no es de nadie más. Si la quiere usar como alfombra, almohada o lo que sea, está en todo su derecho".

Y, de paso, arremete contra la política de usar las divisas aportadas por el sector agrícola para sostener la industria: "La pregunta no es qué hacen con esta materia prima los sojeros, sino qué hicieron con los dólares de la sustitución de importaciones los De Mendiguren y Cia.".

Ironías de la política argentina, este último argumento ha sido el que han utilizado la Presidenta y el ministro Axel Kicillof en sus "pases de factura" a los empresarios de la industria automotriz.

Clima caldeado

A esta altura, la gran pregunta ya no sólo es si habrá una intervención sobre los silobolsas, sino cuál sería la reacción de la población rural ante un evento de este tipo.

Y es allí donde aparecen las advertencias respecto de un eventual error de cálculo político por parte del Gobierno, y en elque el fantasma de una "nueva 125" se hace más palpable.

"No sé si el Ejecutivo tiene claro que quienes guardan en silobolsas no son grandes exportadores, sino pequeños productores, que ven a su mercadería como un ahorro", apunta Di Stefano.

"Si les llegan a tocar esa soja, se va a generar una situación muy difícil de manejar", agrega.

También Héctor Huergo, analista de negocios rurales, hace un advertencia en ese sentido: "Nos preguntamos qué pasaría si va un inspector a tratar de abrir una silobolsa, podría ser como encender un fósforo en un tanque de nafta".

Lo cierto es que en los últimos días se han escuchado expresiones de enojo y propuestas de paralización de actividades, con un grado de malestar que no se recordaba desde 2008.

"Seguro que vamos a ser las primeras víctimas. En la medida en que nos quedemos quietos nos van a pasar por encima. La ley es un avance que facilita la intervención a las empresas, puede obligar a producir lo que le parece", afirma Pedro Apaolaza, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

Como para empeorar el humor social en el campo, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires agregaron un motivo de bronca, ante la respuesta de las autoridades que las agremiaciones consideraron insuficiente. El diferimiento impositivo y la expresión de preocupación por el cambio climático está muy lejos de llevar tranquilidad al sector rural.

"Este es un Gobierno que le chupa la sangre al productor y no da nada a cambio. Cuando hay cosecha viene y saca, le vaya bien o le vaya mal. Y cuando hay necesidades, como en esta inundación, se borra olímpicamente", afirma el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

Desde su óptica, no hay dudas sobre el objetivo oficial: "Es lo que ellos han dicho, ‘Venimos a apropiarnos de la renta agraria'", afirma.

En definitiva, gracias a la polémica por la ley de Abastecimiento, el debate político en el país gira en torno a una antinomia extraña: si debe privilegiarse el derecho al "canuto" o el derecho a la confiscación en nombre del interés nacional.