El pasado 11 de septiembre, cuando se festejaba en la Argentina el Día del Maestro, el gobierno de Daniel Scioli anunció una profunda reforma en la educación inicial que ofrecen las escuelas públicas y privadas de la Provincia. 

En una serie de medidas, se determinó la eliminación de las notas bajas en los primeros años de formación, siendo el cuatro la calificación menor que pueden obtener los alumnos. Asimismo, se reemplazó el boletín con una Libreta de Trayectoria, y se incorporó la posibilidad de que los estudiantes de cuarto grado avancen al quinto con materias previas, como ya ocurría en la escuela secundaria. 

Sin embargo, un día antes a esa fecha clave, en la legislatura bonaerense se había sancionado otro polémico proyecto, que permite que militantes sociales sean considerados docentes aunque no tengan título habilitante ni formación pedagógica oficial.

La denominada Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal beneficia a quienes colaboran en centros comunitarios con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años.

La impulsora de la norma, Alicia Sánchez (FpV y MILES) argumentó que era necesario "reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación".

La iniciativa surgió para dar una respuesta colectiva ante las necesidades formativas insatisfechas que obligaron a que muchas amas de casa, vecinos y militantes hicieran de maestros y trabajaran en el territorio provincial. "Buscábamos la aprobación de la educación comunitaria al sistema educativo formal", sostuvo Sánchez, quien argumentó que "la educación comunitaria se ocupa de todo, es una caja de resonancia porque es un lugar donde los vecinos van a pedir lo que les falta ya sea vacunación, campañas de documentación; está en todo".

"Con la ley, las maestras van a tener un reconocimiento como trabajadoras de la educación", destacó.

El proyecto de ley aprobado sostiene que "la Dirección General de Cultura y Educación tendrá como objetivo garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial, proporcionando a tal fin, la infraestructura necesaria para su funcionamiento". Además indica que "el Poder Ejecutivo garantizará anualmente en la partida presupuestaria de la Dirección General de Cultura y Educación una partida específica destinada a las Instituciones Comunitarias de Nivel Inicial".

Oposiciones Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCBA, expresó su oposición a que los militantes sociales sean considerados docentes en la provincia de Buenos Aires al considerar que de esa manera "cada uno va a a tener la escuela que se le cante".

Para el gremialista que representa a un sector de los maestros, detrás de esta nueva norma hay una intensión clara de "destruir la escuela pública".

"Quieren que se los corone como docentes, pero la educación tiene que ver con una carrera, si no mañana nombramos a cualquiera cirujano o arquitecto", señaló en declaraciones a radio La Red.

Finalmente Díaz alertó que están migrando alumnos de la escuela convencional hacia el Plan FINES, que permite obtener el título secundario en poco tiempo. "Así, el que va a clases todos los día es un idiota; y después hablan de nivel de educación, contenidos y asistencia", se quejó.

Por su parte Gustavo Iaies, director del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) y especialista en comunicación, consideró que la medida demuestra la ausencia de un plan del Gobierno para el área.

"Esto es la formalización de un parche del 2001, de cuando aparecieron los jardines en los barrios en los que el Estado no podía proveer", opinó Iaies, y reclamó: "No podés institucionalizar un parche, lo que tenés que hacer es corregirlo".