El titular de la UCR y senador nacional Ernesto Sanz y los diputados Fernando Sánchez (Coalición Cívica-UNEN) y Martín Lousteau (SUMA y UNEN) pidieron que el juez que investiga una causa contra José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento de los deberes de funcionario público entre, otros serios delitos, incorpore a la misma un informe reservado que hizo la Auditoría General de la Nación.

El informe de la AGN, que se elaboró bajo el mandato de Leandro Despouy, contiene detalles sobre las “severas deficiencias y violaciones” por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

En el informe, se vincula las “deficiencias” de la AFIP con el accionar de Sbatella al frente de la UIF.

El informe permanece retenido en la comisión permanente bicameral revisora de cuentas del Congreso. Y nadie lo puede entonces hacer público, aunque su existencia viene a conocerse esta semana, justo cuando están en el país los expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tras entrevistarse hasta el viernes, con jueces, fiscales, funcionarios y miembros del mercado financiero evaluarán si sacan o no a la Argentina de la lista de países que incumplen con los preceptos de este club antilavado de dinero. La ampliación de la denuncia fue presentada el último lunes ante el juez Julián Ercolini por Sanz, Sánchez y Lousteau.

En los hechos, la misma es una ampliación de la denuncia que a principios de año ya habían hecho ante Ercolini los tres legisladores. Esta acusa a Sbatella -a quien respalda personalmente la presidente Cristina Kirchner- de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y encubrimiento agravado. Pero ahora el juez debe decidir si reclama al Congreso que libere el contenido de la auditoría reservada de la AGN.

“Estamos convencidos de que tanto la UIF como la AFIP contribuyen a que el lavado de dinero y el dinero del narcoterrorismo se consolide en la Argentina ya que ninguno activa sus sistemas para lograr los objetivos que le exige la ley tanto en operaciones de lavado como fallas en la inteligencia tributaria financiera”, sostuvo ayer a Clarín el diputado Sánchez.

La denuncia presentada ante Ercolini le achaca a Sbatella el “cajoneo” de causas de tráfico de drogas graves como el caso del jefe narco colombiano Ignacio Meyendorff, en los que había jueces y fiscales investigándolo, y acogidas a la ley de blanqueo del gobierno de Cristina, sin que la UIF -que es el sujeto de aplicación de la ley- interviniera. Otros sectores políticos y los propios miembros del GAFI le endilgan la misma actitud ante los casos de corrupción de Amado Boudou y Lázaro Baez.