Por alguna razón que aún no se explicó oficialmente, la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que terminará su trabajo de evaluación sobre la Argentina hoy, decidió no aceptar los pedidos de entrevista que le habían solicitado varios representantes de partidos políticos y especialistas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los visitantes evalúan si el país está en condiciones de salir de la lista de Estados que incumplen los preceptos del Grupo, la llamada lista gris.

Por ejemplo la diputada Patricia Bullrich, que había enviado una carta a todos los miembros de la misión, recibió por respuesta que “desafortunadamente”, la agenda del grupo había sido arreglada semanas atrás y que al estar “completa” no había posibilidades de verla, esta vez. Bullrich les quería entregar un duro informe en el que se denuncia la “amenaza de agrupaciones criminales”, la “inefectividad del sistema antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo; y la politización e ideologización de los funcionarios responsables del tema.

Su informe contiene detalles similares a la denuncia penal que el lunes presentaron ante la justicia federal el senador Ernesto Sanz y los diputados Fernando Sánchez y Martín Lousteau, en la que acusan al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, de incumplimiento de funcionarios público entre otros graves delitos, incluyendo el “cajoneo” y la vista gorda sobre causas relacionadas al lavado. También piden que se revele un informe de la Auditoría General de la Nación que detallaría falencias de la AFIP.

Aunque el Gobierno lo ha negado, en la última semana circuló con fuerza entre los invitados a participar de las reuniones con el Grupo –jueces, fiscales, funcionarios, técnicos en antilavado– la versión de que se hizo todo lo posible para evitar posibles reuniones con personas ajenas al oficialismo, señala el matutino Clarín.

Desde la Rosada hubo reiterados mensajes al grupo de delegados, diciéndoles que quienes pedían reuniones con ellos lo hacían en calidad de opositores, lo que entonces no podría hacer el GAFI.

La decisión generó situaciones incómodas, como un reclamo ayer con carácter de “urgente” al jefe de la misión, Kevin Vendergrift, por parte del presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri. “Fue motivo de intensos debates parlamentarios el intento de adecuar nuestra legislación interna a los requerimientos del GAFI. Sin embargo, la legislación sancionada finalmente no condice con aquellos requerimientos, toda vez que se ha tipificado el delito de financiación del terrorismo en términos insuficientes e inadecuados, y además se ha introducido en la normativa nacional un agravante genérico para reprimir las actividades terroristas”, dijo el legislador.