Mientras la delegación del GAFI -el organismo internacional contra el lavado de dinero- finaliza su visita in situ a la Argentina, la presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich, presentó un informe en el que denuncia graves fallas en el sistema antilavado argentino, la falta de investigación de casos que involucran a funcionarios públicos, la desnaturalización de las herramientas penales de persecución de lavadores y terroristas y el uso de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para espiar y perseguir a opositores políticos.

Con poca información oficial, la visita de los ocho miembros de la delegación del GAFI estuvo rodeada de denuncias y sospechas. Aunque en estos casos no se estila que los funcionarios internacionales mantengan encuentros con miembros de la oposición política, es muy infrecuente que en una visita in situ no se reúnan con especialistas y representantes institucionales referidos al combate contra el lavado de dinero producto de actividades ilegales.

Eso fue lo que ocurrió esta vez. Y también se supo que la agenda de los visitantes fue cuidadosamente confeccionada por el gobierno, que habría seleccionado a las personas que mantendrían reuniones con ellos, e incluso les habría sugerido las respuestas a algunas preguntas que los miembros del GAFI podrían realizarles, señala Clarin.com.

En su trabajo, Bullrich les explica -por escrito- a los visitantes del GAFI que "en materia de narcotráfico la Argentina ha entrado definitivamente en una nueva etapa con la apertura de nuevas rutas para la cocaína colombiana destinada a Europa".

Según Bullrich, el gobierno sólo respondió a estas amenazas de manera formal, con modificaciones regulatorias y legales que, solo en apariencia, responderían a los requisitos del GAFI, mientras que la justicia apenas se pueden contar con los dedos de una mano, y "no tienen ninguna relevancia en términos de dinero decomisado".

Otro dato que según la diputada deberían tener en cuenta los visitantes del GAFI que no la atendieron, es que el gobierno está desvirtuando el uso de los mecanismos internacionales de control y sanción para los terroristas y sus financiadores, según sus intereses ideológicos coyunturales.

Por último, Bullrich se lamenta de que, al haberse dejado armar la agenda de la visita por el Gobierno, impidió que los delegados del GAFI "tomaran conocimiento de en qué medida se han removido las deficiencias sistémicas" que llevaron a la Argentina al primer lugar de permanencia histórica en la llamada "lista gris" del organismo, donde se ubican a los países que aún deben cambiar y mejorar cosas.

Según un especialista que trabaja diariamente en tareas de lavado de dinero, "se perdió de vista cómo un organismo internacional no consulta con las personas que pueden decirle algo diferente al gobierno. Argentina tiene problemas graves porque se han distorsionado los objetivos del sistema antilavado", se lamenta. "Los delegados deberían tener en cuenta el contexto político-institucional, y eso sólo se lo pueden entender si hablan con las personas que saben cómo trabajan la UIF, la Procelac (fiscalía antilavado creada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó)."