Ya se ganó su lugar en los libros de historia argentina que se escriban a futuro: el juez Thomas Griesa, desde la fragilidad de su estampa octogenaria, no sólo falló contra el país y lo empujó hacia el default, sino que ahora provocó otra situación atípica: declaró en desacato a una nación soberana.

Esto viene a confirmar el diagnóstico de Cristina Kirchner, en el sentido de que el litigio con los "fondos buitre" se ha constituido en un "leading case".

"Ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda", afirmó la Cancillería una vez conocida la noticia.

Lo cierto es que Griesa no se conmovió por los argumentos esgrimidos por Carmine Bocuzzi, el abogado del estudio Cleary Gottlieb, que representa a la Argentina.

Bocuzzi planteó que no puede ser considerado en desacato un país por el hecho de que sus funcionarios emitan discursos críticos, publiquen solicitadas o se reúnan con instituciones financieras.

Pero tales argumentos no hicieron mella en el magistrado, quien el viernes pasado parecía haberle hecho un guiño a la nación argentina, al permitirle al Citibank realizar un pago de bonos emitidos bajo ley local.Tal decisión -a la vista de los posteriores sucesos- no fue precisamente una muestra de comprensión hacia el país por las dificultades que atraviesa sino, más bien, hacia el Citibank, que había alegado tener "un arma en la cabeza", porque Griesa no le permitía pagar.

De manera que ahora el conflicto con la Justicia estadounidense se ubica en un nuevo nivel, de consecuencias todavía inciertas.Para el Gobierno, según un comunicado oficial emitido por Cancillería, "la decisión del juez no tiene ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre".Otro leading case para el mundo

Por lo pronto, se ha generado un debate legal tendiente a determinar qué tan grave es la situación.

Las opiniones van desde aquellos que afirman que traerá severas consecuencias económicas hasta quienes sostienen que es apenas "una mancha más al tigre", luego del default.

"La inmunidad soberana no es algo que prohíba declarar en desacato a un Estado, aunque tampoco lo permite. Existe un vacío legal", apunta el abogado Eugenio Bruno, dando la pauta de lo confuso del escenario jurídico.

Bajo su punto de vista, la Argentina efectivamente se transformará en un leading case, porque "ese vacío legal se va a llenar con jurisprudencia".¿Qué consecuencias prácticas trae?En cuanto al temor a que puedan activarse acciones para embargar cuentas y bienes argentinos en el exterior, Bruno cree que la posibilidad existe pero no se agrava de por sí por la declaración de desacato.

El abogado, experto en estas cuestiones, advierte que puede haber sanciones. Entre las monetarias, figurarían las multas y pagos de honorarios a los abogados de los fondos litigantes.

"En cuanto a las no monetarias, la afectación en el derecho de defensa. Aún faltan precisiones respecto a como seguirá esto, porque la Argentina seguramente apelará", señala."Griesa puede sancionar a la parte rebelde, en este caso, un Estado, para que cumpla con las reglas. Por ejemplo, generando trabas en el contacto con distintos bancos de Estados Unidos", asegura a BBC Mundo Paz Zárate, experta en derecho internacional público de la consultora británica Oxford Analytica.La figura de desacato, tal como se la conoce, "podría ser abstracta para un Estado soberano, salvo que el juez la comunique al Departamento de Estado norteamericano y pida su intervención", explica Bruno.

"El desacato es un largo camino a ningún lugar para ambas partes", añade. Si en algo coinciden los expertos, es en la difícil aplicación de la figura.

"La ejecución de fallos de un tribunal de jurisdicción extranjera, por ejemplo el de Nueva York, o internacional, contra un Estado es siempre difícil", asegura Zárate.

En tanto, Rubén Pasqualini, analista de mercados de la firma bursátil Mayoral, no oculta su preocupación por el efecto negativo que traerá sobre el sector privado.

"Esto es la crónica de un final anunciado. Afectará a las empresas más que al Estado, porque las dejará más tiempo alejadas del financiamiento internacional", observa.

También advierte sobre lo erróneo de los análisis que, al constatar las subas en las cotizaciones de acciones y bonos, interpretan que los inversores le restan importancia al default."Si subieron es porque el mercado está mirando al dólar como refugio de valor. No puede haber una lectura positiva de un desacato ni de la desaparición de instancias para negociar. El hecho de enfrentarse al gobierno estadounidense no puede ser visto como una medida racional", agrega.

En la visión de Daniel Marx, ex negociador de la deuda argentina, la declaración en la que avanzó el juez Griesa viene a confirmar la continuidad de todos los problemas que se estaban insinuando.

"El tema más importante, que ya se nota, es la restricción del crédito externo para los importadores, porque la Argentina ya ha incurrido en atrasos con proveedores y hay muy pocas prefinanciaciones para exportadores", afirma.

"Esto genera suba de precios internos, porque la búsqueda de dólares alternativos sólo puede lograrse a precios más altos que, al no poder absorberse, se trasladará al costo de los bienes y servicios", completa Marx, en alusión al impacto que traerá sobre los bolsillos de los particulares esta nueva instancia del litigio con los holdout.

Más contundente aun es el economista Orlando Ferreres, para quien esta nueva situación complicará los planese emisión de deuda en el corto plazo.

"Este es un antecedente muy negativo que llega en un momento de gran necesidad de colocación de deuda pública en el mercado internacional", afirma.

Según Ferreres, esta necesidad de financiamiento se acentuó "luego de haberse perdido cerca de u$s14.000 millones de exportaciones de soja y maíz, producto de la caída del 40% del precio en dólares".Hoy, "30-S", un nuevo hito

La medida de Griesa llegó, por otra parte, el día previo al "30-S", otro de los días fetiche del kirchnerismo.

Es que a partir de este martes entra en efectiva aplicación el cambio de lugar de pago a los bonistas del canje de 2005.

La primera conclusión, entonces, es que para Griesa su declaración es una forma de ratificar que la Argentina está incurriendo en un acto ilegal al cambiar de país y de banco para depositar el dinero de sus vencimientos.De un lado, la etiqueta del desacato. Del otro, el depósito de u$s185 millones en bonos Par nominados en dólares y euros, de los cuales, u$s16 millones están emitidos bajo legislación argentina.

Por primera vez, el dinero irá a Nación Fideicomisos en vez de aparecer en la cuenta del Bank of New York.Lo único claro es que Citibank podrá pagar su parte, u$s5 millones, tras el permiso otorgado -ya van varias autorizaciones "por única vez"- por el juez Griesa.

En cuanto a los demás,

Primero, no está claro si los propios acreedores aceptarán el cambio de lugar de pago -lo cual los llevaría a renunciar al Bank of New York como agente, lo que a su vez podría significarles perder la protección legal estadounidense, en caso de problemas futuros-.

De momento, hubo un fondo, liderado por el inversor David Martínez -el amigo del Gobierno que está en proceso de ingresar como socio en Telecom- que adelantó su deseo de acogerse a la propuesta oficial.

Pero resta ver qué tan persuasivo ha sido el Ejecutivo con el resto de los acreedores.

Los economistas más críticos del Gobierno han realizado augurios oscuros al respecto. Uno de ellos es José Luis Espert, quien con su habitual tono irónico plantea: "¿Cuán cerca de cero estará el número de bonistas de legislación extranjera que irán a cobrar en Nación Fideicomisos?".

Lo cierto es que la fecha del "30-S" tiene importancia también por otro tema: a partir de hoy se cumplen dos meses desde el default técnico provocado por el congelamiento dispuesto por Griesa sobre los pagos argentinos.

Y, para aquellos bonistas que habían ingresado al canje, existe la posibilidad más temida para la administración K: la de que reclamen todas sus acreencias de una sola vez, por la llamada "cláusula de aceleración".

"Con la decisión del juez Griesa se va confirmando la tendencia a un default largo, con riesgo de que se vaya potenciando la aceleración de vencimientos de deuda a largo plazo, como es el caso de los bonos Par", afirma Dante Sica, director de la consultora Abeceb.

Hay otro tema que todavía está por verse: suponiendo que el Gobierno tuviera éxito en convencer a los acreedores sobre el cambio de lugar de pago, hay que verificar si la operatoria técnica funciona de forma tal que los bonistas logren hacerse de su dinero, ya sea en Buenos Aires o en París.

Es algo sobre lo cual los expertos han expresado sus dudas, dado que estos pagos revisten cierta complejidad técnica.

"El dinero se va a depositar en Nación Fideicomisos, que no sabe qué es lo que tiene que hacer con esa plata. La verdad es que va a haber un incumplimiento, porque el Gobierno va a depositar pero el dinero nunca va a llegar a los bonistas", es el tajante pronóstico de Guillermo Nielsen, ex negociador del canje de 2005 y fuerte crítico sobre la estrategia del Gobierno frente al juez Griesa.¿Beneficio político más que costo económico?

Claro que, como ha ocurrido en la Argentina de los últimos años, lo que es malo para la economía no necesariamente lo es para el "relato".

Y es por esto que la declaración de desacato no desentona con el discurso oficial, en un momento en el que el Ejecutivo ha elegido como estrategia política la exacerbación nacionalista, con una polarización entre quienes quieren favorecer la postura argentina frente a la de los buitres.

A fin de cuentas, la comunicación de Griesa ocurre pocos días después de que Cristina Kirchner denunciara ante las Naciones Unidas una connivencia entre la Justicia estadounidense y los fondos que hacen "terrorismo económico".

Desde ese punto de vista, recibir el mote de país "desacatado" hasta puede traer prestigio para el núcleo duro del apoyo político kirchnerista.

"La imagen de la Presidenta podría mejorar ya que políticamente ‘rinde' enojarse con Estados Unidos. Esta reacción de corto plazo duraría hasta que se vean en la práctica las consecuencias económicas para la gente", advierte el economista Ferreres.

Pero claro, supone que, a esta altura, el público argentino pueda diferenciar los perjuicios adicionales que una declaración de desacato traerá a la situación previa del default.

Si, como muchos creen, la decisión de Griesa es sólo "una mancha más al tigre", tal vez el juez hasta le haya resultado funcional a la estrategia política K.

Puede parecer raro para quien no conozca la lógica interna de la política argentina, pero el "beneficio del desacato" podría ser leído como mayor que el costo.

Mientras tanto, en el mayor sigilo, el Ejecutivo sigue apostando a los buenos oficios de amigos como George Soros.