Sólo cinco bancos operan en Andorra, cuatro de ellos de origen familiar. Pero el sistema financiero tiene un peso desproporcionado: acapara el 18% del PBI y maneja 41.000 millones de euros.

Hay unos 3.000 empleados de banca en una población de 70.000 habitantes y sucursales por doquier en las siete parroquias en las que está dividido el país, señala ABC.es.

Un país que no emite moneda ni tiene banco central, pero cuyas entidades aceptan gustosas cualquier divisa. Andorra dejó de ser oficialmente un paraíso fiscal en 2009, a raíz de un ultimátum del expresidente francés Nicolás Sarkozy, copríncipe del pequeño país de los Pirineos, título que los mandatarios franceses comparten con el obispo de la Seo de Urgel desde el siglo XII.

Andorra firmó un compromiso para facilitar información fiscal, siempre que fuera bajo una petición "justificada", y un año más tarde eliminó (en teoría) el secreto bancario. Y así salió de la lista negra de la OCDE. Pero la letra chica limita mucho cualquier investigación.

En la práctica, la banca andorrana sigue defendiendo a capa y espada el anonimato de sus clientes. "No se facilitan listados de personas ni se responden a peticiones de solicitudes colectivas generalizadas de información", subraya la Asociación de Bancos de Andorra a ABC.es.

Es decir, están prohibidas las temidas fishing expeditions. Solo se aporta información a requerimiento de un juez, nunca de forma voluntaria. Y deben existir indicios de delito. Curiosamente, el delito fiscal no está tipificado en las leyes andorranas. Así que debe ser otro delito más gordo, como terrorismo o narcotráfico. No es de extrañar que el comité del Consejo de Europa especializado en la lucha contra el lavado de dinero le diera un suspenso a Andorra en 2012: "Muestra signos de recaída y tiene que mejorar en la prevención del blanqueo de capitales".

"Esto funciona con grandes patrimonios. Pero no nos engañemos, la mayoría de nuestros clientes no son potentados, sino pequeños y medianos comerciantes, industriales, profesionales liberales... Gente que cobra un dinero en negro, abre una cuenta cifrada y se olvida de Hacienda española", señala una fuente bancaria. La tranquilidad también tiene un precio: unos 600 euros al año cuesta el mantenimiento de una cuenta numerada, que te da derecho a que un agente personal del banco trate directamente en un despacho donde no se anota nada, ni siquiera se permite tener el móvil encima de la mesa. Discreción total.

Y la tranquilidad de estos varios miles de depositantes, que suman un tercio de los ahorros cobijados en el Principado, es vital para el negocio.