El vicepresidente Amado Boudou se presentó voluntariamente este martes a registrar sus huellas dactilares en los archivos judiciales por orden del juez federal Claudio Bonadio, que lo procesó por adulteración de documentación en el registro de un automóvil de su propiedad.

El funcionario fue a las oficinas de Comodoro Py en el marco de un "procedimiento habitual que se hace con cada procesado", históricamente conocido en la jerga policial y judicial como "tocar el pianito".

El procedimiento no se realizó en el despacho de Bonadio sino en las instalaciones de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, en el subsuelo del edificio tribunalicio.

Luego de tomarle las huellas, deberá ser sometido a un informe socio-ambiental. 

Se espera, en tanto, una resolución de la Sala II de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, sobre el procesamiento dictado por Bonadio, su ex pareja Agustina Seguín y la ex funcionaria del Registro Automotor que denunció el hecho, María Graciela Taboada de Piñero. Todos ellos quedaron procesados por las irregularidades en la documentación de un auto Honda CRX Del Sol modelo 1992, que un año después fue entregado a una concesionaria de Mar del Plata como parte de un pago por una camioneta.

Allí fue adquirido por Boudou, quien inscribió el auto como propio en 2003, "con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él, con un motor que no era el original de fábrica, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial", dijo la Justicia.

El vicepresidente tiene sobre sus hombros otro procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la causa Ciccone, que instruye el juez Ariel Lijo y que también está siendo revisado por la Cámara Federal.

Lijo también lo investiga por enriquecimiento ilícito, mientras que su colega Sebastián Casanello tiene en sus manos la causa por el asesoramiento que habría prestado la empresa The Old Fund, a cargo de Alejandro Vandenbroele, a la provincia de Formosa para renegociar su deuda con el Estado nacional cuando el vicepresidente conducía el Ministerio de Economía.

Hay otras causas abiertas contra el vicepresidente: una por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama por parte del Palacio de Hacienda por más de $2,2 millones a cargo del juez Sergio Torres, y otra que investiga la figura de "dádivas" en donde se le imputa haber viajado en helicópteros prestados a una semana de asumir su rol en el Ejecutivo.

Se suman además la denuncias que hizo el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular), por el supuesto uso de información

privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, comprando bonos a bajo precio, y otra por la compra de acciones con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad cuando estaba al frente del ANSeS.