Los empleados bancarios habían confirmado el lunes que realizarían un paro de actividades para este miércoles.

Así lo había asegurado el secretario de Prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe: "Ratificamos que el miércoles 22 de octubre vamos a parar durante toda la jornada en todos los turnos sin atención al público".

Además, adelantó que "podría haber en noviembre una huelga de 48 horas". 

De acuerdo con la convocatoria de la Asociación Bancaria, la medida de fuerza es para reclamarle al Gobierno la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y también para pedirle a los bancos, "que tienen una rentabilidad extraordinaria", el pago de "una compensación".

Menos "amigos" para el GobiernoEl gremio se abrió el año pasado de la CGT liderada por Moyano y se alineó con el Gobierno, pero la "amistad" llegó a su límite y ya empezaron con las protestas "de baja intensidad".

Es que los conflictos en varias entidades financieras pusieron en alerta a la conducción encabezada por Sergio Pallazzo.

Otro sector que amenaza con romper la paz social es el de los petroleros del sur, liderados por Guillermo Pereyra, un aliado del camionero.

En medio de la discusión de la Ley de Hidrocarburos, el senador neuquino y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, denunció que el impuesto "se lleva el 35%" del salario y advirtió que la región está "al borde de un gran conflicto social".

"Hay un clima de conflictividad latente, reclaman a sus dirigentes medidas de acción, quieren ir a la pelea, ya no quieren hacer horas extras porque se las lleva el Estado", dijo Pereyra, para luego alertar: "Somos el dique de contención, ante el gran conflicto que se está viniendo desde el Sur".

Lo cierto es que el reclamo por Ganancias es un punto que une a todas las centrales obreras, opositoras y aliada de la Casa Rosada. Y ahora, se le suma el reclamo por un "bono navideño" antes de fin de año para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo que el Gobierno no quiere reconocer.

Así lo manifestó la CTA disidente de Pablo Micheli, que irá al paro el 20 de noviembre, para pedir un plus salarial de $4.000.

El líder sindical busca sumar el apoyo de Moyano, quien quiere un bono similar. Pero ellos no son los únicos. Ya se sumaron el titular de la central de trabajadores oficialista, Hugo Yasky, y el dirigente del poderoso gremio de la UOM, Antonio Caló, quien hasta ahora aguantó todos los desplantes del kirchnerismo.

"Es el primer año donde las paritarias quedaron por debajo de la inflación", reconoció este lunes el hombre del sindicalismo muy cercano a la Casa Rosada que suele participar de todos los actos en Balcarce 50 aplaudiendo en las primeras filas.

En diálogo con radio La Red, señaló que para este fin de año pedirán un plus salarial único y que no se descuente el Impuesto a las Ganancias en el medio aguinaldo para poder recuperar el poder adquisitivo que quedó desactualizado por la inflación.

"Estamos haciendo un seguimiento de cifras desde hace años y este sería el primer año que vamos a quedar por debajo de la inflación entre 4 o 5 puntos", precisó.

Los metalúrgicos analizan pedir un "extra" que oscila entre los $3.000 y los $6.000.

El mismo reclamo levantan la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato de la Industria de la Alimentación, dos gremios encolumnados en la central oficial que buscan paliar la "desactualización de los salarios por la inflación".

Pero la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El secretario de Comercio, Augusto Costa, descartó este miércoles el pago de un bono de fin de año y aseguró que "no hubo una pérdida del salario real".

La UOM se rebela y va por GananciasAdemás, en una señal del reacomodamiento que está viviendo el mundo gremial, ahora Caló llevará al Congreso una iniciativa para elevar el mínimo no imponible a $35.000, por encima del piso propuesto en los 60 proyectos presentados hasta ahora, incluido el del diputado sindical Facundo Moyano y el de su par del Frente Renovador, Héctor Daer.

"Hacemos la petición que nos hacen los trabajadores", aseguró a iProfesional uno de los principales sindicalistas que participó de la discusión en la cúpula de la UOM.

La propuesta incluye un cambio en las escalas que se mantienen desactualizadas desde 1999. Al estar congeladas y aumentar los sueldos en términos nominales, los asalariados pagan cada vez alícuotas más altas (de entre 23 y 35 por ciento). La intención de gremio es corregir la "distorsión" y que abonen las tasas más bajas (de entre 9 y 11 por ciento).

Los metalúrgicos no descartan acompañar la presentación con una ruidosa movilización de sus 52 seccionales bonaerenses.

Aunque es poco probable que saquen los pies del plato, de concretarse, sería la primera manifestación encabezada por el gremio desde que se partió la central obrera en tres fracciones y una demostración de fuerza hacia la Rosada, que rechazó cualquier posibilidad de modificar el gravamen en lo inmediato.

"La Presidenta ha hablado sobre las escalas (del mínimo no imponible), pero este no es el momento; hoy es un tiempo donde los recursos son absolutamente necesarios para sostener las políticas activas. Se trata de una cierta redistribución, y si queremos tener el plan Progresar necesitamos mantener el Impuesto a las Ganancias", afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. 

Dilema sindical

La amenaza de salir a la calle por parte de los sindicatos oficialistas refleja el dilema en el que se encuentran atrapadas sus conducciones gremiales.

Por un lado se ven obligadas a canalizar el descontento que surge en los lugares de trabajo. Pero, al mismo tiempo, se esmeran en cumplir el acuerdo tácito de "paz social" al que se comprometieron con las autoridades, a cambio de ser reconocidos como interlocutores del Estado, sobre todo en momentos en los que comienza a definirse el escenario electoral de cara al 2015.

En esa "delgada línea roja" se mueven los gremios de la industria, afectados por la merma de la actividad a lo largo y ancho del país. En sólo una semana se conocieron 1.200 suspensiones en la terminal bonaerense de Peugeot, 1.070 en IMPSA en la provincia de Mendoza y unos 37 despidos en la autopartista Valeo en Córdoba.

En mayo pasado, la UOM cordobesa presentó un proyecto en la legislatura provincial que propone declarar la"emergencia laboral" y aplicar de oficio los procedimientos preventivos de crisis previstos por ley "en todos los casos en que se verifique la existencia de suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas, falta o disminución de trabajo a la totalidad o parte de su personal".

La propuesta apunta a que las empresas demuestren que enfrentan una situación de crisis antes de tomar cualquier medida, pero las comisiones internas opositoras se resisten a su aplicación por considerarla una carta blanca para realizar un ajuste con aval de las autoridades.

Con todo, el propio Caló se hizo eco de la iniciativa y pidió replicarla en la industria electrónica de Tierra del Fuego, ante la inminente pérdida de unos 4.000 puestos por la caída de los contratos a fin de año en las fábricas de Río Grande y Ushuaia.

La noticia terminó de tensar el clima social que se vive en la provincia, donde ya se  eliminaron 4.000 empleos en el año y una manifestación de los metalúrgicos fue a golpear las puertas del propio gremio en junio pasado.

En respuesta, el gobierno nacional, la provincia y la UOM implementaron subsidios por tres meses para más de 2.000 trabajadores afectados por los contratos temporales.

Sin embargo, la calma duró poco y ahora la CTA, SUTEF (Docentes), SIPROSA (Salud), ATE (Estatales) y AFEP (Empleados Públicos) anunciaron un paro de 24 horas para este jueves, por mejoras salariales y contra la "precarización" y el "ajuste".

En la rama siderúrgica, también se palpa el malestar. Desde la UOM afirman que Techint volvió a aplicar este año la suba negociada en paritarias a un solo ítem del básico, mientras que el gremio pide que se extienda a los 17 que componen la remuneración.

En tanto, los operarios de Acindar hicieron un quite de colaboración a fines de septiembre para reclamar un alivio en Ganancias. Fue la primera medida de fuerza tomada en cuatro años en la planta siderúrgica de Villa Constitución.

Por otra parte, los metalmecánicos de SMATA se declararon en estado de alerta hace dos semanas ante la decisión de FIAT de no renovarle el contrato a dos concesionarios y poner en riesgo 400 puestos de trabajo.

Aunque no pasó de una declaración, el gesto dejó en evidencia el margen cada vez más acotado de los gremiospara hacer equilibrio entre las quejas de sus afiliados y los pedidos de la Presidenta de "cuidar el empleo", que son interpretados por los gremios amigos como un llamado a la moderación.

Pese a todo, el uso de subsidios Repro y las suspensiones no impidieron la pérdida de empleos. Sólo en la terminal de Volkswagen ubicada en Pacheco fueron eliminados 900 puestos entre pre-jubilaciones, retiros voluntarios y despidos, según fuentes gremiales.