El juicio oral y público a Víctor Adrián Alderete, presidente del PAMI durante el segundo gobierno de Carlos Menem, y otros acusados de supuestas irregularidades en la obra social de los jubilados empezará el 25 de junio de 2015 en los tribunales federales, es decir casi 16 años después de los hechos.

Así lo resolvió heste jueves el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6). Proveniente de la conservadora Unión del Centro Democrático (UCeDé), Alderete fue nombrado por Menem en 1997 por su trayectoria como titular de la compañía de medicina prepaga "Dignos" y desembarcó en el PAMI reduciendo personal y tercerizando gerencias y prestaciones.

Considerado por la prensa como uno de los símbolos de la corrupción del menemismo, junto a la también ucedeísta María Julia Alsogaray, se hizo famoso por su lealtad a Menem, al punto que construyó una casa frente a "La Rosadita", la mansión del ex presidente en su pueblo natal, Anillaco.

En total, el ex funcionario llegó a afrontar más de 20 causas penales en la Justicia por supuesta corrupción, de las cuales son 18 las que se encuentran en la etapa de juicio.

En junio pasado la titular de la fiscalía general 3, Gabriela Baigún, presentó al TOF6 un pedido con carácter de "pronto

despacho", para que "se fije con carácter de urgente, antes de fin de año, la fecha de inicio del debate oral y público en las causas seguidas contra el ex director del PAMI".

La representante del Ministerio Público argumentó que "las actuaciones llevan más de 13 años de tramitación y que el ámbito propio del debate oral constituirá la única vía para arribar a una resolución de mérito definitivo".

En 2011 la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso extraordinario que había presentado la defensa de Víctor Adrián Alderete para evitar el juicio oral, buscando que el tribunal decretar la prescripción de los delitos que se les imputan, según consignó DyN.

A Alderete se le atribuye haber tomado conocimiento de la existencia de diversos hechos ilícitos que involucraban a empleados y funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que estaba a su cargo, sin formular la correspondiente denuncia penal a la que se encontraba obligado por la condición que detentaba.