Envían a la Gendarmería a Santa Cruz para controlar la huelga policial
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La Casa Rosada intenta no repetir la historia del año pasado que terminó con la Policía acuartelada y una ola de saqueos en varias provincias del país.
Esta vez, reaccionó y mandó a la Gendarmería a Santa Cruz, donde la fuerza de seguridad provincial está de paro hace dos días en las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia en reclamo de una suba salarial.
Así lo confirmó Gustavo Martínez, ministro de Gobierno provincial. Contó que el personal de Prefectura y Gendarmería arribó a las ciudades y ya están cumpliendo tareas de patrullaje.
"Estamos preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia", señaló.
En diálogo con Radio La Red, el funcionario informó que el gobernador Daniel Peralta instruyó a que se convoque al Consejo de Seguridad Interior para que colaboren en la seguridad, efectivos policiales de otras localidades, de Gendarmería y Prefectura.
Además, el gobierno provincial realizó una denuncia ante la Justicia por presunta sedición contra los policías que se convocaron al paro en reclamo de un aumento salarial del 25 por ciento.
"El fiscal de Estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado", contó Martínez.
"No hay lugar para este tipo de medidas, vamos a ser inflexibles", enfatizó el funcionario santacruceño y aseguró que detrás de la protesta hay un "reclamo político interno".
Explicó que el acuartelamiento es de "un sector y no de la totalidad" de los efectivos. "La Policía en Santa Cruz cuenta con 5.000 agentes, en 20 localidades. De ese total, unos 250 efectúan la protesta. El 90% no se ha plegado al reclamo", calculó.
"Los aumentos que han recibido son suficientes y no estamos en condiciones de dar más aumentos", anticipó. En este sentido, reveló que "el salario de la fuerza es uno de los mejores en el ámbito de la provincia. Un agente que recién entra está cobrando unos $12.000 y un sargento casi 21.000 pesos".
El plan de lucha por una recomposición salarial comenzó con un quite de colaboración tras asambleas de los uniformados de todas las dependencias policiales de Caleta Olivia, por lo que los efectivos de menor rango cumplieron sus turnos laborales y sólo actuaron en casos considerados graves.
Jorge Carrizo, cabo de la Policía de Santa Cruz acuartelado en Caleta Olivia, anticipó que mantendrán la medida de fuerza hasta que sean recibidos por el gobernador Peralta. "Necesitamos una respuesta para sentarnos a dialogar", señaló.
En declaraciones a radio Vorterix, el efectivo recordó que el último aumento lo recibieron en dos etapas. "Una parte a principio del año pasado y otro en julio/agosto de este", comentó.
"Cualquier cuestión asociada al autoacuartelamiento es un delito", manifestó durante su habitual conferencia de prensa, sobre el conflicto iniciado ayer por grupos de policías en Caleta Olivia y Río Gallegos.
El funcionario kirchnerista dijo que existe la "comunicación correspondiente entre el Estado nacional y la Provincia" a raíz de la protesta policial y recordó la "posibilidad de convocatoria a un comité de crisis", tal como contempla la ley, pero no mencionó si la Nación había adoptado medidas de asistencia.
Capitanich recordó las rebeliones policiales de diciembre de 2013 que terminaron con una ola de saqueos en todo el país, violencia y muerte. Aseguró que fueron parte de "una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y la democracia".
"Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe ser salvaguardar la seguridad publica", señaló el chaqueño.
El ministro indicó que en Caleta Olivia se rebelaron 260 uniformados "sobre el total de casi 5.000" que tiene la fuerza de seguridad en Santa Cruz, pero advirtió que estas acciones requieren de una "acción tanto preventiva como correctiva de los gobiernos provinciales".
Por último, denunció que hay sectores que tienen una "tendencia a construir apología del delito sistemático"cuando se afirma que "en diciembre va a ocurrir tal cosa", en referencia a posibles hechos de violencia.
Por lo tanto, indicó el funcionario, "es menester la acción tanto preventiva como correctiva por parte de los gobiernos provinciales" al recordar que "la potestad no delegada de las provincias instruye la seguridad pública".
A diferencia del año pasado, cuando la Casa Rosada desoyó los pedidos del gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota para que se enviara la Gendarmería a la provincia que sufría el primer acuartelamiento del país, esta vez el gobierno nacional reaccionó a tiempo y mandó las fuerzas de seguridad a Santa Cruz.
El antecedente de 2013Previo a las fiestas, la policía de Córdoba se negó a salir a las calles hasta no cobrar un salario en mano que rondara los 13.000 pesos objetando que la inflación "se comió" el sueldo y que, en la ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana había recibido un aumento que alcanzaba a dicho monto.
Lejos de ser una protesta aislada, la falta de fuerzas policiales en la calle generó saqueos en la ciudad de Córdoba e incidentes y este conflicto social se extendió en el resto del país.
Mientras los policías reclamaban su aumento, los locales y supermercados se volvieron un botín fácil y accesible para quienes salieron a hacerse de "lo que sea" para festejar las fiestas de fin de año.
En total fueron diecinueve las provincias en las que la Policía se acuarteló y se produjeron los saqueos. Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta sufrieron las protestas.
Los policías de Santa Cruz no se habían alineado a los reclamos en 2013.
En medio del conflicto, el encargado de poner la cara por el gobierno nacional fue el jefe de Gabinete JorgeCapitanich, quien defendía la postura de que se trataba de un problema de las provincias.
Días después de los incidentes, la propia presidenta Cristina Kirchner salió a dar un discurso por los 30 años de la democracia en el que criticó duramente a los "autoacuartelamiento" y señaló a los policías por no cumplir con su rol social.
La Presidenta, llamó a "condenar la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla y mucho menos liberar zonas", en alusión a los autoacuartelamientos que en los últimos días involucraron a algunas policías provinciales.
En relación a los saqueos, afirmó: "Soy hija de trabajadores y nunca me sobró nada, pero jamás se me ocurrió ir a robar un televisor mejor del que tenía y eso debe ser condenado por toda la sociedad, y juzgado por la Justicia".
A la vez, dejó en claro que algunos "quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad", y dejó en claro que "el control civil y político de la sociedad es lo que garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos".